La "anomalía democrática" de la Ley Mordaza cumple siete años mientras se dejan de lado las promesas de derogación

La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada hace exactamente siete años en solitario por el PP, se tildó rápidamente de Ley Mordaza por diversos organismos que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos en España. No se equivocaban.

Las repetidas promesas por parte de Pedro Sánchez de su derogación, incluso antes de convertirse en presidente del Gobierno, parecían auspiciar un nuevo horizonte para los derechos sociales en el país. Lo dijo en mayo y septiembre de 2015 ante sus militantes, en una declaración ante la prensa en febrero de 2016 y un mes después de ese mismo año ya en sede parlamentaria; también en octubre de 2017 y mayo de 2018. Declaraciones que se han ido sucediendo sin que se alcanzara ningún acuerdo para su reforma mientras el tiempo corre y la defensa de los derechos sociales siguen sin cumplir con los estándares internacionales.

"Aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana que sustituya a la Ley Mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", se comprometieron Unidas Podemos y el PSOE en su pacto de coalición de 2019. Ese "nuevo acuerdo para España", como lo titularon, recogía que "esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía (…)". Así la esperan ansiosos todos los organismos que han criticado duramente algunos de sus artículos, mediante los cuales se han coartado derechos como el de reunión, manifestación e información.

Actuaciones arbitrarias de la Policía

"Hemos documentado numerosos casos de aplicación de algunos artículos de la Ley que han supuesto actuaciones arbitrarias de la Policía. En la práctica, se han dado actuaciones indebidas contra activistas sociales por el medio ambiente y el derecho a la vivienda, pero también contra periodistas que, precisamente, documentan esas mismas actuaciones policiales", señala Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional (AI).

Él mismo indica que el artículo 36.6 del actual texto en vigor, referido a "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes", es uno de los más lesivos.

En este sentido, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes del campo del derecho constitucional, subrayó en marzo de 2021 que dicha definición era "problemática" debido a su excesiva amplitud y poca concreción. "Pero no solo se ha aplicado en el ámbito del derecho a la protesta. Hay que recordar que durante los meses de confinamiento estricto en España, el Gobierno sancionó a través de este artículo los incumplimientos que se dieron, aunque luego las multas no se tramitasen al declararse nulo el estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional", añade Canales.

Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) califica a la Ley Mordaza como "anomalía democrática". En sus propias palabras, "llevamos siete años en los que ha sido posible recortar derechos fundamentales al margen de lo que establecen los estándares internacionales a los que están sujetos los Poderes Públicos en España (parlamento, Gobierno y jueces)".

Censurar a base de multas

La Ley también ha sido criticada por organismos como el Instituto Internacional de Prensa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y el Comité de Derechos Humanos de la ONU por "por contener preceptos genéricos que permiten una aplicación arbitraria por parte de la Policía y que ha venido aplicándose en España contra activistas y periodistas, en particular los que cubren protestas y manifestaciones", desarrollan desde la PLI.

Es la propia Quintana quien alude a que la Ley está "censurando de forma camuflada", y a los datos se remite: "Según las últimas estadísticas disponibles, las multas por desobediencia o la resistencia a la autoridad o negativa a identificarse (artículo 36.03) se multiplicaron por 20 pasando de 12.645 sanciones a 243.001. Se trata de unos artículos aplicados con mayor frecuencia contra periodistas (sobre todo fotógrafos) con un claro impacto negativo en la libertad de prensa".

En la misma línea del derecho a la información, la PLI agrega que las sanciones por "uso no autorizado de imágenes de policías en el ejercicio de sus funciones" (artículo 36.23) solo fueron 50 (aunque también aumentaron: en este caso, un 30%). Y continúa Quintana: "En diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional español eliminó este artículo por considerarlo inconstitucional. Sin embargo, esta anulación no ha supuesto durante el año pasado una mayor libertad para los periodistas, que siguen siendo multados por el artículo anteriormente mencionado". Así lo demuestran los casos de la fotoperiodista Mireia Comas, sancionada por negarse a borrar unas fotografías tal y como le ordenaba un policía.

"El efecto desaliento que provocan este tipo de sanciones es irreparable", incide Quintana, quien también se refiere a otro de los preceptos aplicados contra periodistas, el de faltas de respeto a los policías (art. 37.04), que causó 14.892 multas por un importe de 2.384.693 de euros. "Una vez más los fotoperiodistas y aquellos periodistas que cubren manifestaciones han sido quienes más golpes han recibido, como el caso de Guillermo Martínez. Otro de los casos más relevantes fue el de Albert García, para quien en un principio se pedía prisión", en sus propios términos.

De la censura a la autocensura

Mónica Hidalgo, portavoz de la Plataforma No somos delito, indica que estos siete años de Ley Mordaza han terminado con una grave "autocensura en los movimientos sociales que han visto muy reprimidos sus derechos de manifestación y reunión". Otro de los aspectos en los que incide Hidalgo es el uso que las Fuerzas de Seguridad del Estado han dado a algunos de los artículos de la mencionada Ley. "Hemos visto cómo multaban a gente por comer pipas de forma desafiante, literalmente, o por no tratar de usted a un agente ".

Muchas organizaciones se pusieron manos a la obra, incluso antes de su aprobación parlamentaria en 2015. "Con cualquiera que hables, te dirá que esta Ley no puede seguir vigente. Hemos trabajado junto a juristas y entidades como Greenpeace, Cáritas o Amnistía Internacional, y a todos nosotros nos parecen insuficientes las enmiendas presentadas para su reforma", relata Hidalgo. Según su punto de vista, quieren aprobar una "mordaza maquillada" y en ninguno de los casos el PSOE cumpliría su promesa de derogarla por completo.

"Eso sí, cambiará el lenguaje. Te seguirán multando por lo mismo, pero no podrás decir que sea por la Ley Mordaza porque dirán que la han eliminado. Esa es su jugada mediática", incide la portavoz.

Nombres propios

A todo ello se suman las peticiones de diversas organizaciones que quieren terminar con las identificaciones policiales por perfil racial y la prohibición del empleo de pelotas de goma, que han producido lesiones muy graves en manifestantes. Es el caso de Esther Quintana en 2012, quien perdió un ojo por una pelota de goma disparada por los Mossos d’Esquadra. Más tarde, aunque prohibidos estos elementos de disuasión en Catalunya, Roger Español perdió un ojo por un disparo de la Policía Nacional en Barcelona el 1 de octubre de 2017.

Marian es una de las tantas personas que han sufrido en sus carnes, y sus bolsillos, la Ley Mordaza. En marzo de 2021 se acercó a la concentración organizada por el colectivo Apostasía Feminista frente al Arzobispado madrileño. La Policía pidió identificarse a la mayoría de las asistentes, y ella preguntó el motivo, y le respondieron que "era su obligación". "Finalmente el policía dijo a Marian que si no le daba la documentación, la iba a detener. Ante esto, Marian entregó su DNI, y cuando se lo devolvieron, más de media hora después, le entregaron una propuesta de sanción por infracción del art. 36.6, sobre negativa a identificarse", según el relato recogido por AI.

Negociación en el Congreso

Por el momento ni siquiera existe un texto consolidado que vaya a discutirse en la Cámara Baja, pero están en ello. Diversos partidos políticos negocian en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde se las ven y se las desean. Uno de ellos es ERC, quien apunta que la Ley se encuentra en fase de enmiendas y, aunque ha habido alguna reunión de ponencia, cuesta avanzar.

En palabras de Gabriel Rufián, "las negociaciones con nosotros avanzan, aunque bajo nuestro punto de vista, por ahora no lo suficiente como para dar nuestra aprobación. Y no lo decimos solo nosotros. El propio Consejo de Europa alertó hace unas semanas de que el texto inicial no resuelve todos los problemas que planteaba la norma, en cuanto a derechos humanos se refiere".

Y continúa el portavoz catalán: "Un Estado democrático no puede tolerar normas que permitan la impunidad policial en los casos abusos. No puede tolerar la represión. No puede tolerar que los ciudadanos no puedan ejercer sus derechos fundamentales". Fuentes internas de la formación republicana añaden que "habría que eliminar muchos aspectos de la Ley si realmente el objetivo es que el nuevo texto no suponga una privación de derechos fundamentales", y enumeran algunos.

Parafraseándoles, se debe acabar con el hecho de que la Policía pueda multar sin consecuencias a cualquier ciudadano sin que haya cometido ningún delito; hay que eliminar las faltas de respeto a la autoridad; el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad sin que exista prueba objetiva, y acabar con las tácticas policiales que persigan el enfrentamiento o la alimentación de disturbios y sobre todo la arbitrariedad y los abusos policiales.

Por otra parte, fue el PNV quien impulsó la reforma de esta medida legislativa que hoy cumple su séptimo aniversario a través de una proposición de ley presentada en septiembre de 2020. Tal y como expresa Mikel Legarda, diputado de la formación vasca, "lo nuclear es que las cosas no sigan como están". Su grupo parlamentario entiende que no hay una correlación entre derechos y libertades y el principio de seguridad, hacia el que está sesgada esta ley. "Parece que los derechos y libertades son fiduciarios de la seguridad y no al revés nuestro objetivo principal es modificar la ley", en palabras del diputado.

Él apunta que, desde luego, no pueden contar ni con el PP ni con Vox para acometer la reforma, y todo parece indicar que con Ciudadanos tampoco. En estos momentos, Legarda sostiene que  "hay que ir enhebrando acuerdos con los demás partidos políticos".

Tal y como explicita Quintana, la posible reforma de la Ley Mordaza no significa el final de la misma: "Nos preocupa mucho que las enmiendas que los Grupos Socialista y Podemos han presentado para modificar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, lejos de derogarla, mantiene vigentes los aspectos más lesivos de esta ley".