Ante la noticia, avanzada por Publico.es, de una nueva compra de miles de balas de goma, la ONG Amnistía Internacional (AI) ha abogado "una vez más" por su prohibición en España. Son, según expone AI en un hilo en su cuenta de X, "inherentemente imprecisas" y tiene un "elevado riesgo de causar lesiones graves e incluso la muerte".

La ONG ha documentado "cómo las balas de goma se han utilizado para dispersar masas o grupos de personas, algo prohibido por los estándares internacionales". En las últimas dos décadas, según la ONG, han causado la muerte de una persona, Iñigo Cabacas, mientras que otras "24 han sufrido lesiones graves". 

También han podido "contribuir a la muerte de decenas de personas en las tragedias de Tarajal (2014) y Melilla (2022)". Además, Esther Quintana perdió el ojo izquierdo y su vida dio un vuelco. Dos agentes fueron juzgados por su caso pero salieron absueltos.

Impunidad y ley mordaza

"La impunidad policial es regla en estas situaciones. Las fuerzas y cuerpos de seguridad responsables de violaciones de derechos deben ser llevados ante la justicia. Las supervivientes del uso indebido de estos proyectiles deben recibir atención médica y rehabilitación y una indemnización justa y adecuada", afirma la ONG.

Amnistía también insiste en la reforma de la Ley Mordaza, que "no se puede seguir demorando más". Esta, a juicio de la ONG, "deberá alinear la ley con los estándares internacionales de los derechos humanos, incluyendo la prohibición expresa del uso de balas de goma por las fuerzas de seguridad".

"Necesitamos un Tratado de comercio sin tortura para controlar el material policial utilizados para reprimir protestas pacíficas, y que en España prohíban el uso de balas de goma. Protestar es un derecho", remacha Amnistía.