'Son acusaciones gravísimas las que estoy haciendo'. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha repetido esa misma frase una y otra vez este mediodía, nada más registrar una batería de iniciativas parlamentarias sobre el caso Bárcenas. Y ciertamente Rodríguez no ha escatimado en insinuaciones y constataciones acerca del papel del Gobierno en el proceso de regularización fiscal aprobado por real decreto, y al que supuestamente se ha acogido el propio extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo ha atendido a las 'exigencias' de los defraudadores que se han acogido a la amnistía fiscal. En primer lugar, porque les ha dado 'más ventajas' fiscales, al permitirles tributar sus fondos entre el 1% y el 2% al pagar únicamente por el rendimiento de ese dinero. El Gobierno les ha concedido, además, 'más seguridad' porque ha avalado su petición para sus declaraciones oficiales 'no estén al servicio de los inspectores de Hacienda'. Y les ha dado 'más impunidad' por modificar el Código Penal para evitar castigos penales una vez que aflorara el dinero negro. 

Por todo ello, la portavoz parlamentaria del PSOE ha exigido al máximo responsable de la Agencia Tributraria, e incluso al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que permita que 'hoy mismo, esta misma tarde', deje 'encima de la mesa de los inspectores de Hacienda' los nombres y las 'regularizaciones' efectuadas por los defraudadores gracias a la amnistía fiscal. Se trata de conocer 'cuál es el origen' de los fondos blanqueados para que, en el caso de que se encuentre algún hecho delictivo, pueda ser investigado. 

El decreto ley de la amnistía fiscal conllevó, en su opinión, 'grandes irregularidades jurídicas'. Manifiestamente molesta con lo ocurrido, Rodríguez ha llegado a considerar que el proceso que facilitó esa normativa ha sido 'penoso, indecente e inmoral'. Y ante la utilización de esa amnistía fiscal por parte del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que regularizó 10 millones de euros por ese procedimiento, la portavoz socialista ha recalcado que en la Diputación Permanente que se reúne este martes, su grupo pedirá la comparecencia urgente tanto del propio Rajoy como del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

'¿Cuántos Bárcenas hay gracias a la amnistía fiscal en el Gobierno? ¿Cuántos fondos se han blanqueado? ¿Conocía el Gobierno que gente tan cercana a su partido se acogía a esa amnistía fiscal?' Esas serán algunas de las preguntas que plantearán a ambos mandatarios si, finalmente, el Grupo Popular que goza de mayoría absoluta en el Congreso acepta esas dos comparecencias.

Porque estamos, a su juicio, ante 'el que puede ser el caso de corrupción más grave' de la historia española. Y por eso, Rodríguez ha considerado que 'ya no es el momento de las auditorías encargadas por el PP', como la que han anunciado los conservadores, sino que 'la exigencia de los ciudadanos es que la auditoría se realice en el Congreso de los Diputados'. En ese sentido va, precisamente, la solicitud para la creación de una comisión de investigación (ver PDF) sobre la amnistía fiscal como la que ha presentado su grupo este lunes ante el registro del Congreso.

También han presentado una proposición no de ley (ver PDF) para permitir que la información procedente de la amnistía fiscal 'pueda ser utilizada por los órganos encargados de combatir el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales'. Y una proposición de ley (ver PDF) en la que contemplan una modificación de le Ley Tributaria incluyendo una disposición adicional para que el Gobierno, en un plazo de quince días esté obligado a 'adoptar las medidas necesarias para dar a conocer la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica' que se han acogido a la amnistía fiscal.

En la rueda de prensa de este martes, la portavoz del PSOE en el Congreso ha defendido que los contratos de las fundaciones y los partidos políticos a 'gente afín' son 'legales' y 'morales'. Soraya Rodríguez respondía así a las preguntas acerca de la información publicada en su edición de hoy por el diario El Mundo y que asegura que la Fundación Ideas -el think tank del PSOE- pagó 600.000 euros a empresas proveedoras de amigos y familiares de dirigentes del PSOE.

'Por supuesto que son morales; igual que los partidos políticos, (las fundaciones) contratan indudablemente a gente afín, de su ideología', ha asegurado. La portavoz del PSOE ha defendido que esos contratos son 'absolutamente legales' y que la Fundación Ideas tiene sus 'cuentas debidamente auditadas y presentadas en el patronato del Ministerio de Cultura'.

Sobre si es 'moral' ese tipo de contratación, ha respondido también que 'lo importante es la actuación legal' y ha insistido en que 'no hay ninguna ilegalidad' en los contratos de Ideas. Tras subrayar que la propia información de El Mundo 'expresa de forma clara que no hay ninguna ilegalidad', ha recordado que la fundación ha emitido esta mañana un 'comunicado en el que manifiesta de forma clara, expresa y rotunda que todos los contratos son legales' y que, no obstante, dicha fundación está 'dispuesta a cualquier aclaración'.