Los 41 días de tramitación de la sedición que llevaron al Constitucional a intervenir el Parlamento

Pese a la extensión de su nombre, la Proposición de Ley Orgánica "de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso", conocida como "la derogación de la sedición", es una historia breve, pero convulsa.

Tanto es así que el camino de la ley –cabe insistir, breve, de 41 días (si no hay ningún contratiempo)–, ha sacudido el panorama político hasta derivar en una crisis institucional insólita y sin precedentes, con la "injerencia" del Poder Judicial en el Poder Legislativo, donde emana la soberanía del pueblo. Este jueves culminará previsiblemente su tramitación en el Senado, aunque con cambios importantes con respecto a cuando salió del Congreso el pasado jueves.

El cuerpo de la norma no es otro que el de la derogación de la sedición, o al menos, nació para este fin. Durante su andadura en el Congreso, que se inició el pasado 11 de noviembre con el registro de la proposición de ley por parte del PSOE y Unidas Podemos (tras un acuerdo con ERC a propósito de los Presupuestos para 2023, como posteriormente han confirmado las diferentes partes), la iniciativa legislativa ha ido adquiriendo tantas novedades que al final su finalidad ha quedado diluida.

Esto es, la derogación de la sedición y su sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados, tramitada por el procedimiento de urgencia, dio pie a un cóctel de reformas de calado vía enmiendas parciales y presentadas sobre la bocina. Una vez abierta la reforma del Código Penal, algo que no se hace todos los días, "aprovechamos para hacer reformas necesarias", defendió el 9 de diciembre el portavoz socialista, Patxi López.

En el marco de la reforma del Código Penal, su grupo, junto a Unidas Podemos, incorporaron un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, la protección de la protesta pacífica ante el nuevo delito de desórdenes públicos, poner coto a los falsos autónomos mediante penas de hasta seis años de cárcel a las empresas que recurran ilícitamente a este tipo de contratación y hasta una aclaración para "facilitar la aplicación" de la ley del sólo sí es sí ante la rebaja de condenas.

Por otro lado, y a iniciativa de ERC, el PSOE pactó con los republicanos una enmienda transaccional sobre el delito de malversación que contempla penas de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años para el desvío de patrimonio público a un fin distinto al previsto, pero dentro de a administración (dos años menos de lo contemplado para las penas máximas en la actual legislación).

Un pulso a la legitimidad del Congreso

Si bien, también mediante enmiendas, se incluyeron un par de cambios que desviaron el foco y cambiaron el transcurso de la ley. Con el ánimo de desbloquear la renovación de Tribunal Constitucional ante el incumplimiento de la ley en el que incurren los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), PSOE y Unidas Podemos plantearon rebajar las mayorías (de tres quintos a mayoría simple) en la elección de los dos magistrados del Constitucional que corresponde al Poder Judicial, cuyo órgano lleva cuatro años con el mandato caducado por el bloqueo del PP.

En el marco de la misma reforma del Código Penal, también se modificó la Ley del Tribunal Constitucional para eliminar la potestad que ostenta ahora el tribunal de garantías de dar el plácet sobre la idoneidad de los nuevos magistrados. En este sentido, la corrección abre también la posibilidad al Ejecutivo de nombrar a sus dos magistrados sin esperar a que lo haga el órgano de gobierno de los jueces, una situación que se está dando en estos momentos.

Con todos estos cambios incluidos en la ley, el debate y la votación del texto legislativo en el Pleno del Congreso estuvo en el limbo hasta momentos antes de que se llevara a cabo el pasado jueves, cuando el TC, reunido de urgencia por la mañana, aplazó a este lunes su decisión sobre el recurso presentado por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal. 

Entonces, el debate no se centró en la sedición ni en la malversación ni en otros cambios. La posible injerencia del Constitucional en la autonomía y legitimidad de la Cámara Baja hizo incluso virar de posición a EH Bildu y Más País, reacios a la norma ómnibus. Y después de un pleno bronco, con reiteradas referencias a Tejero y al intento de golpe de Estado del 23F, la ley, con todos sus añadidos, partió al Senado con un futuro incierto por la sombra del Constitucional.

Pero este lunes por la noche, cerca de las 22.30 y después de una jornada intensiva, y una veintena de escritos mediante, la mayoría conservadora del TC, incluidos los dos magistrados a los que la reforma en cuestión les afectaba directamente, se impuso y consumó un hecho inaudito al prohibir al Senado votar dicha modificación.

No importaron las horas para denunciar este "paso de difícil retorno en la degradación de nuestra democracia", como acuñó en ruda de prensa el presidente del Senado, Ander Gil. También, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hizo lo propio al trasmitir su "honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales".

Tanto estas autoridades como el propio Gobierno, en palabras de su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmaron que acatarían esta "grave decisión". No obstante, el propio Pedro Sánchez avanzó que "adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo" del CGPJ y el Tribunal Constitucional.

Todavía no está clara la respuesta democrática a esta injerencia. Los grupos del Gobierno, junto a sus socios parlamentarios, planean presentar una proposición de ley conjunta para insistir en aquello que, por imperativo del TC, ha tenido que desligarse de la iniciativa legislativa en la que estaba incluida durante su paso por la comisión de Justicia del Senado.

Llegados a este punto, 41 días después, el sobrenombre de la ley, la derogación de la sedición, con el apellido de la reforma de la malversación, vuelve a cobrar protagonismo. Ya sin las enmiendas que afectan al Constitucional, se enfrentará a la que previsiblemente será su última votación en el Parlamento para recibir luz verde, si no hay ningún otro contratiempo.