La crisis económica asociada a la pandemia y el carrusel de cambios normativos ligados a esta han disparado la conflictividad laboral y, con ella, el volumen de litigios judiciales para acercarlo a los niveles que alcanzó en el anterior crash: más de 250.000 empleados demandaron a las empresas para las que estaban trabajando por impagos y sisas salariales y por despidos que consideran ilegales en los primeros doce meses de emergencia sanitaria.

Ese inquietante registro coincide en el tiempo con otro, que también lo es, como el incremento de las demandas por deudas entre empresas y/o particulares hasta niveles que no se habían dado desde el tramo más duro de la anterior crisis, en 2009 y 2010, y cuya magnitud anticipa la llegada de una nueva ola de insolvencia y morosidad.

Según reflejan los datos del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 los juzgados de lo Social recibieron 133.331 demandas por despidos y 120.005 por reclamaciones de cantidad, un registro conjunto de 253.336 que para ver superado requiere regresar al periodo 2008-2013, cuando la suma de esos dos tipos de pleitos se situó por encima de los 260.000 y llegó a rondar los 320.000 en 2009.

No se trata de escenarios precisamente similares, sino más bien al contrario más allá de algunos rasgos, ya que en el primer año pandémico el desplome de la actividad más intenso desde la guerra civil ha convivido con el despliegue de una batería de medidas sin precedentes para proteger el empleo y el tejido productivo, con los ERTE y los avales del ICO como ejes del escudo social, mientras que la crisis anterior, menos intensa pero más sostenida en el tiempo, se combinó con una respuesta gubernamental que laminó los derechos laborales y no logró atajar el deterioro del mercado laboral y del tejido empresarial.

Un cuarto de millón de demandas en doce meses

Pese a ello, los dos trimestres con mayor volumen de demandas de despido desde el inicio de los brotes verdes en 2014 han sido el tercero de 2020 (41.597, más de 3.000 por semana) y el primero de 2021 (34.461). Algo no ha funcionado en la aplicación de las normas pandémicas.

El primero de esos periodos supera con creces las medias trimestrales de la serie que arranca en 2007 y el segundo no anda lejos de hacerlo, algo que da una idea de cómo ha aumentado la conflictividad en este ámbito, que además de los despidos incluye las demandas por extinción de contratos por causas objetivas, la impugnación de las modificaciones de condiciones de trabajo y los traslados individuales.

El volumen de reclamaciones de cantidad, que abarca además de los impagos y las sisas en los sueldos las discrepancias en materia de Seguridad Social y las sanciones disciplinarias, es menor, aunque en este caso influye el hecho de disponer de un año para ir al juzgado desde que se genera la deuda, lo que lleva a no descartar nuevos aumentos, mientras que los despidos solo pueden ser impugnados en los veinte días siguientes a la notificación.

Esos 253.000 asalariados, que han acudido a los tribunales a un ritmo de casi 5.000 demandas por semana, suponen algo menos del 2% de los 12,81 millones de asalariados del sector privado que la EPA (Encuesta de Población Activa) de medias contabilizaba el año pasado, en un dato que incluye a los afectados por ERTE, que han ido oscilando en una horquilla que va de los 600.000 a los 3,5 millones.

“Ya advertíamos de que la conflictividad iba a aumentar”

"El 2020 ha sido un año muy particular, por los problemas de la pandemia y por la cantidad de normativa nueva que ha ido saliendo, que a veces no estaba clara y que ha dado lugar a interpretaciones particulares en temas como los permisos, las vacaciones, la conciliación y el teletrabajo", explica María Higinia Ruiz, responsable de la Asesoría Jurídica de UGT, que destaca que "el principal foco de conflictos ha estado en la contratación temporal, que es la primera de la que prescinden las empresas. Ha habido una normativa muy proteccionista, pero eso no significa que esas normas se hayan aplicado siempre bien desde las empresas".

Uno de los focos de conflicto se encuentra en la duración de las obligaciones de mantenimiento del empleo y la extensión de sus efectos en las empresas en ERTE, algo que, además de dar bastante trabajo a la Inspección, "ha generado ríos de tinta en los sindicatos, en los despachos de abogados y también en el Ministerio de Trabajo", señala Ruiz, que remarca que "el espíritu de las normas y de las negociaciones [entre los agentes sociales de las que salieron] era el de mantener el empleo". Otro se halla en la interrupción del cómputo de los contratos temporales con el estado de alarma.

"Ha sido un año tenso y extraño, que esperamos que sea una excepción", anota Ruiz, que recuerda que los sindicatos "ya advertíamos de que la conflictividad iba a subir". Entre otros motivos, por la obvia carencia de jurisprudencia para interpretar la normativa, tanto por su abundancia como por la escasez de criterios emitidos por los tribunales superiores y por el Supremo, y mucho menos por el Constitucional, por el escaso número de litigios que han llegado hasta esas esferas.

Para Antxon Masse, abogado guipuzcoano con medio siglo de experiencia, la mayor parte de él en temas sociales y de empresa, "las estadísticas exponen lo que está ocurriendo, que es una situación de crisis en la que el daño se ha concentrado en los servicios, la hostelería y el turismo y otros sectores vinculados a estos, mientras la industria, y más cuanto mayor es su perfil tecnológico, ha aguantado mejor".

La reclamación de deudas entre empresas y particulares vuelve a niveles de 2010
Masse coincide con Ruiz en señalar a los contratos temporales como a principal fuente de conflicto en los juzgados de lo Social durante la pandemia y en apuntar a la mejora salarial y la reducción del tiempo de trabajo como una de las claves para remontar la crisis.

"Esa es la receta, que la gente tenga más dinero en el bolsillo y más tiempo para gastarlo. Nos olvidamos de la enseñanza de Henry Ford: pagaba bien a sus trabajadores para que pudieran comprar sus coches", anota.

El estudio sobre el Impacto económico de la Covid-19 sobre la pyme en España publicado el jueves por el Consejo General de Economistas (CGE) recoge cómo una de cada cuatro (25,2%) de estas empresas, que suponen el 90% del tejido productivo y generan el 70% del empleo, redujo su plantilla mientras casi dos tercios (62,5%) las congelaban. Una de cada diez (9,6%) volverá a recortar empleo este año.

La pandemia "impactó de manera más negativa en las microempresas, en aquellas empresas acogidas a un ERTE/ERE, en las de 10 años o menos (jóvenes) y en las pymes de los sectores industrial y de servicios", indica el estudio, que anota que tras un ejercicio en el que más de la mitad (52,6%) de las compañías redujo sus ventas y solo una de cada cinco (21,3%) las aumento, las expectativas de mejora del negocio se concentran en el segundo semestre de este año.

Sin embargo, los datos del CGPJ incluyen otra tendencia que está comenzando a encender alarmas: los monitorios, procedimientos en los que las empresas y/o los particulares se reclaman facturas impagadas sin límite de cuantía, han vuelto también a los niveles de la anterior crisis, algo que anticipa una ola de morosidad e insolvencia de efectos inciertos, aunque en ningún caso positivos, en el tejido empresarial.

Las 446.331 demandas de este tipo que llegaron a los tribunales entre el 1 de octubre y el 31 de marzo suponen regresar a los niveles de reclamación de impagos de 2009 y 2010, los primeros de una crisis cuyos efectos seguían sin haber sido superados en varios aspectos, entre ellos el del empleo, cuando una década después llegó la siguiente.