"Sacar a Franco es fácil. Lo difícil es encontrar un sitio donde enterrarlo". Esta frase fue pronunciada recientemente por una persona cercana al Gobierno de Pedro Sánchez y resume a la perfección el punto muerto en el que se encuentra la exhumación del dictador cuando se cumplen 43 años de su fallecimiento.

Los restos de Franco permanecen, de momento, en el Valle de los Caídos a la espera de una nueva tumba y los restos del franquismo, esparcidos por la médula del Estado. Y también en las calles, donde este fin de semana se han podido ver concentraciones y marchas fascistas para honor y gloria del dictador y para vergüenza de la sociedad democrática. 

Las víctimas de la dictadura, mientras tanto, siguen esperando. Olvidadas. Viendo como su reloj biológico va llegando a la hora del cierre y cómo la justicia sigue mirando para otro lado. Mientras, el Gobierno de Sánchez pide tiempo. Más tiempo para encontrar un nuevo emplazamiento a los restos del dictador y más tiempo para sacar adelante unos Presupuestos que, por fin, deberían incluir partidas económicas para acometer la búsqueda de los desaparecidos y las pertinentes exhumaciones. 

Pero el tiempo es caprichoso y, sobre todo, relativo. Para quien lleva 80 años esperando a sacar a su ser querido, ya sea de una fosa o del propio Valle de los Caídos, como en el caso de la familia Lapeña, unos meses pueden significar que una persona se vaya a la tumba sin haber conseguido su objetivo vital: dar sepultura digna a su familiar. Así se fue, por ejemplo, María Martín, cuyo testimonio aparece recogido en el documental El silencio de los otros. y estremece a cualquier persona que conserve un mínimo de humanidad. 

Mientras tanto, el Gobierno permanece varado en una única exhumación: la de Franco. La familia del dictador solo acepta el emplazamiento de la cripta de La Almudena y el Ejecutivo no puede admitir que un objetivo tan noble, como es la exhumación de Franco, termine situando al dictador como un atractivo turístico en la ruta del fascismo. De momento, sabemos que el Gobierno trabaja para trasladar los restos de Franco "a un sitio de respeto pero no público".

Las fuentes consultadas por este medio inciden en que el lugar "más lógico y menos problemático" es el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, donde está enterrada Carmen Polo, viuda del dictador. Pero "menos problemático" no significa que este emplazamiento esté exento de conflictos. El primero de ellos lo desveló este diario. La tumba, que hasta la fecha se creía que pertenecía a los Franco y se describía en la prensa como "panteón familiar", es propiedad de Patrimonio Nacional.

Por otro lado, los Franco no quieren ni oír hablar del cementerio de Mingorrubio. Hace apenas unos días El Periódico informaba de que el Ejecutivo había ofrecido a los Franco este emplazamiento, de titularidad pública, para los restos del dictador y que, incluso, había ofrecido a la familia del dictador que la Guardia Civil custodiara el lugar para evitar la profanación de la tumba. 

Los siete nietos del dictador rechazaron la posibilidad. La razón la dio Francis Franco: "No podemos fiarnos de este Gobierno. Si mañana gobierna Podemos en España, ¿seguiría habiendo guardias civiles en la tumba de mi abuelo?". 

La pregunta lógica, no obstante, parece al revés. ¿Por qué el Estado tiene que velar por la seguridad de los restos de un dictador que puso fin a la primera experiencia democrática del Estado con una gran matanza fundacional? ¿Por qué tanto el dictador como su mujer permanecen en tumbas de titularidad pública? ¿Por qué la familia del dictador puede poner condiciones a todo un Gobierno democrático?

Con estas preguntas y con pocas respuestas se llega a este 20 de noviembre, 43 años después de la muerte del dictador. Franco busca tumba. Las víctimas, justicia. Y los demócratas no merecen que, entre otros agravios, los cuatro principales golpistas del 18 de julio de 1936, entre ellos Francisco Franco, mantengan la más importante condecoración que puede otorgar el Ejército español.