La memoria o es integral o no es memoria  

La casualidad ha querido poner ante el espejo dos relatos interesados para legitimar dos violencias de signo contrario, ambas ilegítimas. Han coincidido en el tiempo, por un lado, la presencia compartida en un mismo espacio de víctimas y victimarios en la web oficial del ayuntamiento de Galdakao, en la que se pretende imponer un relato falseando la historia. Y, por otro, la condecoración y el ascenso al grado más alto de la Guardia Civil de uno de los oficiales implicados en la muerte de Mikel Zabalza por parte de un gobierno que se llama progresista.

El caso de la web no es un error. Los criterios utilizados en la confección del listado se corresponden claramente con los que desea impulsar la izquierda abertzale, que pretende, arteramente, equiparar las distintas violencias que hemos sufrido en este País.

El revuelo montado desde que un concejal de Galdakao criticó que en la página web oficial de su ayuntamiento aparecieran los destacados miembros de ETA Txapote, Thierry, y Bienzobas en una lista de víctimas junto a víctimas del mismo pueblo asesinadas por la propia ETA ha sido notable. Y no es para menos. No es propio de una sociedad tan prestigiada como Aranzadi incluir como víctimas a verdugos de la talla de Txapote, Bienzobas o Tierry por ser "exiliados por persecución policial", a la vez que se oculta su condición de verdugos. O relatar en la misma web a víctimas asesinadas como que "le dispararon resultando muerto".

Y eso huele a intento de legitimar la violencia de ETA como consecuencia de la represión. Sortu, en su viaje a la centralidad, ha reconocido el daño causado por ETA y ha afirmado que nunca debió suceder, pero se niega a admitir que la violencia de ETA era ilegítima e injusta. El listado no hace sino ahondar en esa falta de valentía.

En el otro lado del espejo, también hay legitimadores de otra violencia ilegítima, la policial o terrorismo de Estado. Y uno de sus mayores defensores es un exministro, Ramón Jáuregui, quien en la publicación de la Fundación Felipe González afirmó que "Los abusos del Estado o sus vulneraciones legales, fueron esporádicas, se circunscribieron a un periodo muy acotado en los comienzos democráticos, respondían a una legitimidad de origen en el uso de la violencia y fueron consecuencia de la violencia terrorista de ETA, no su causa".

Podemos compartir o no la idea de Max Weber de que el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero es evidente que sólo la podrá ejercer con arreglo a la ley y no saltándose su propia legalidad.

Ante ambos relatos, puestos ahora en el espejo por la coincidencia del escándalo de la web y del ascenso del oficial a cargo de Zabalza, que buscan legitimar violencias que nunca debieron producirse, es necesario romper el espejo que trata de empañar la verdad. Y la verdad es que no podemos permanecer impasibles ante los relatores de la mentira, sean del signo que sean, porque si lo hacemos la democracia no será nunca un punto de encuentro, sino una batalla de narraciones manipuladas, antesala de futuras vulneraciones de los derechos humanos y de las libertades.

Estos hechos son un claro reflejo de que aún nos quedan a todos -sí, a todos- muchos pasos que dar para conseguir una gestión integral de la memoria. Víctimas y verdugos son las dos caras de la violencia ilegítima. Sin verdugos no hay víctimas, y al revés, si no hay víctimas, no podemos hablar de verdugos. Por eso, para analizar la cuestión de -y el sufrimiento global provocado por- la violencia ilegítima, debemos tener en cuenta tanto a unos como a otros. Porque si no lo hacemos así, generamos una memoria parcial, no integral, de parte (que no es lo mismo que partidista, pero es adonde, a la larga, conduce la parcialidad).

Víctima es toda persona que ha sido sometida a actos de violencia ilegítima o ha visto vulnerados cualquiera de los derechos humanos que en cuanto a persona le corresponden. Víctimas son por tanto las personas injustamente heridas, asesinadas, secuestradas, sometidas y amenazadas. También las torturadas.

Verdugos o victimarios son todas aquellas personas que ilegítimamente han diseñado, ordenado, herido, asesinado, secuestrado, amenazado, vigilado, acusado, torturado o colaborado activamente en cualquiera de estas actividades.

Todo el mundo afirma que a las víctimas (y con ellas a toda la sociedad) se les debe verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por eso hay que tener en cuenta a las víctimas, sí, pero también a los verdugos, porque sin estos la verdad es solo media verdad. Y porque sin verdad resulta imposible la justicia. No hay una justicia a medias. Ni hay reparación porque si los verdugos no reparan, lo debe hacer toda la sociedad que suma al dolor de haber sufrido episodios o épocas de violencia el castigo de deber reparar el sufrimiento que ella no provocó directamente.

Y mucho menos hay garantías de no repetición. ¿Cómo van a darse estas cuando desde el propio gobierno se acompañó a asesinos sentenciados a la puerta de la cárcel? ¿Cómo va a haber garantías de no repetición cuando desde el propio gobierno se sigue ensalzando y premiando a torturadores? ¿Cómo va a haber garantías de no repetición cuando desde organizaciones de la llamada izquierda abertzale se jalea y se llama gudaris a asesinos? ¿Cómo va a haber garantías de no repetición, cuando aún hoy Sortu/Bildu combina el reconocimiento al daño causado a las víctimas con la legitimación de la violencia de ETA?

Han pasado más de 80 años desde el golpe militar y de crímenes horrorosos en el Estado. Hemos sufrido muchos años de dictadura y vulneración de derechos humanos. Y frente a la desmemoria de ese larguísimo episodio de ilegitimidad, recientemente -tarde, muy tarde- se aprobó la llamada ley de memoria democrática. Una ley a la que desde Geroa Bai hice muchas enmiendas -entre ellas unas que pretendían ampliar su marco temporal hasta casi nuestros días- aunque ninguna de ellas fue aprobada. Algunas de las enmiendas pedían que se hiciera un registro de víctimas, sí, pero también de victimarios. Porque este registro permitiría un mejor acceso a toda la verdad, a la gestión integral de la memoria. Pero el Senado prefirió seguir adelante con la verdad a medias. Cada uno de los grupos políticos que no apoyó nuestras enmiendas sabrá por qué.

Lo que sí tengo claro es que, si se hubiera aprobado ese registro de víctimas y victimarios, Txapote estaría en el listado de verdugos, al igual que el resto de asesinos de ETA y sus colaboradores; Mikel Zabalza estaría en el de víctimas, al igual que Gladys del Estal; y el guardia civil Arturo Espejo, en el de los verdugos, al igual que los colaboradores necesarios de crímenes policiales, algunos de ellos exministros e, incluso, ministros en ejercicio, por ocultar o no indagar, como les obliga la ley, en la verdad de lo ocurrido en el cuartel de Intxaurrondo.

Y no, ni siento odio hacia nadie, ni soy equidistante. Pretendo que todos, en aras de la convivencia, utilicemos la misma vara -ética- de medir los actos de las personas. Mientras no lo hagamos, nuestra convivencia y nuestra memoria lo serán a medias (o menos que a medias). Como aquellos "25 años de paz" de la propaganda franquista o como la ley de memoria democrática recientemente aprobada con no poco silenciamiento y desmemoria interesada que dejó fuera a víctimas como Mikel Zabalza. ¿Insolvencia o mala fe? Que cada cual juzgue.