Crítica ecofeminista a la Ley de cambio climático y transición energética

En junio de 2020, el Instituto de las Mujeres hacía público el estudio sobre Género y cambio climático. Un diagnóstico de situación y anunciaba la creación, por primera vez, de una línea de trabajo específica sobre esta cuestión. El diagnóstico es trágico. Que sea trágico no quiere decir que sea pesimista. Encara la verdad sin paños calientes y propone alternativas, desde el marco institucional, que se podrían transformar en un horizonte colectivo esperanzador.

Ver la tragedia significa saber que España es uno de los países más vulnerables al cambio climático y que su impacto es ya evidente. Algunos datos asustan: el 20% del territorio español ya se considera desértico y un 75% está en riesgo de sufrir desertificación en este siglo. Ocupamos el puesto 28 a nivel mundial en estrés hídrico: más demanda de agua que cantidad de agua disponible. El Mediterráneo está en alerta roja. Los desplazamientos de población entre regiones van a ser lo próximo que veamos con claridad en breve. También significa saber que las mujeres mueren más por los cambios bruscos de temperatura. Sufren más la pobreza energética. Son el 80% de las refugiadas climáticas, por falta de agua, temperaturas extremas y desastres naturales. Pese a serlo, casi todas enfrentan los envites de depredadores y muros legales que les niegan el abrazo. Otras tantas, despojadas de todo, se enfrentan a la brutalidad de la explotación en todas sus formas.

Por todo eso, entre las salidas que propone el estudio mencionado, se insiste en la necesidad de que las mujeres formen parte de las soluciones. En particular, advierte que ignorar la enorme infrarrepresentación de las mujeres en la nueva “economía del clima” y un liderazgo social que ya tienen, las colocará a las puertas de una exclusión que agravará su precariedad vital y aumentará las desigualdades de género.

Se acaba de aprobar en el Congreso el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética con mejoras sustanciales a su paso por este respecto al borrador inicial. Prohíbe las políticas más dañinas y crea las condiciones para transitar hacia una economía descarbonizada.

Sin embargo, su articulado no va más allá de plantear el principio de igualdad entre mujeres y hombres como principio que debe orientar la actuación de los poderes públicos, garantizar la participación paritaria en el Comité de Expertos de Cambio Climático y en los mecanismos participativos que se diseñen, y de señalar que la Estrategia de Transición Justa también tendrá que incorporar la perspectiva de género. Si bien excluye al Ministerio de Igualdad, organismo impulsor y asesor para incorporar el enfoque de género en el gobierno a través del Instituto de las Mujeres, de los Ministerios coproponentes para elaborarla y de su participación en el diseño de los distintos instrumentos para su desarrollo.

El planteamiento es vago, se niega a explicitar compromisos más concretos y a especificar cómo va a cumplir con la voluntad formulada en el texto legal. En fin, menos da una piedra. No deja de sorprender que haya sido acompañado de un informe positivo de impacto de género elaborado por el mismo Ministerio proponente. Que el Anteproyecto salga adelante es una buena noticia, pero es insuficiente por lo dicho y por lo que ya vienen señalando reiteradamente las organizaciones ecologistas.

La tragedia es que la emergencia climática es el síntoma del colapso ecológico que ya es en este Siglo de la Gran Prueba, como lo llama Jorge Riechmann. No es solo que el Anteproyecto llegue tarde, ignore las consecuencias para la vida de todas las mujeres y no sea lo suficientemente ambicioso, es que, además, estamos fuera de tiempo para cambiar el rumbo.

Quizá porque son las mujeres las que viven las amenazas y las consecuencias de la catástrofe en sus propias carnes, tienen más conciencia de la tragedia ecocida, participan más y lideran las organizaciones ecologistas y los movimientos de defensa ambiental. Son el grito de alerta en su triple condición, empírica, de víctimas, protagonistas de la resistencia y depositarias de las claves de la supervivencia humana por su biografía estrechamente unida a los cuidados.

Por eso, también, son las mujeres las que están alumbrando la alternativa y demandando la necesidad de orientar toda la política pública que gestiona lo común hacia el cuidado. Les falta lo de siempre: poder para cambiar radicalmente el rumbo en el tiempo del destiempo.

Pese a todo, bajo su liderazgo, han conseguido hacer populares las dos palabras clave de la época: redistribución de riqueza, tiempos y trabajos y transición ecosocial justa.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de orientar la política pública hacia el cuidado?; ¿es lo mismo hablar de cuidado, de transición ecosocial justa o de sostenibilidad de la vida?

Cuando un concepto como el de cuidado se vuelve polisémico es que encierra distintas perspectivas. A veces, se habla de políticas sociales (atención a la dependencia, conciliación y corresponsabilidad, educación 0 a 3 años, permisos parentales, etc.). Otras, de transición ecosocial. Esta última acepción del cuidado, que prefiero llamar de sostenibilidad de la vida, implica hablar de las condiciones materiales que sostienen la vida: de un planeta con claros límites biofísicos y de unos cuerpos que lo necesitan y se necesitan afectivamente para sobrevivir. Hablar de sostenibilidad de la vida y de transición ecosocial justa, entonces, es hablar de cuidar el territorio cuerpo y el territorio tierra.

Desde nuestro estrabismo antropocéntrico, desligamos el femicidio del terricidio o femicidio territorial. Como si la violencia contra el cuerpo de las mujeres no fuera una extensión de la violencia que se ejerce contra el territorio dominado o que se quiere dominar con el fin de extraerle valor y descartarlo como objeto obsoleto cuando ya no hay beneficio alguno que obtener. Cosas de la razón instrumental.

Tampoco es sorprendente cómo en Europa se ha podido desacoplar la emergencia climática del femicidio territorial. Ese otro estrabismo sigue apostando por una respuesta a la emergencia que pone en el centro la tecnología, la digitalización o el coche eléctrico. Como si la extracción de minerales que necesitan no fueran finitos y no tuviera coste ambiental y social hacerlo. La afectación es mayor para los países del Sur global, pero ya nadie está a salvo. Sólo hay que mirar a las plataformas de resistencia ciudadana a las minas de cielo abierto en Extremadura. Las luchas por el territorio y los recursos se van a intensificar.

A la vista del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado, la llamada transición justa toma la forma de una huida hacia adelante que no ha querido captar las demandas del feminismo de la época y de las que se hacía eco el propio estudio del Instituto de las Mujeres. Las de ese feminismo que como dice sabiamente la defensora guatemalteca, Lolita Chávez, “tiene que abrazar todas las luchas. La trama de la vida no se puede fragmentar. El sol sale para todas”.

La conclusión final, insisto, es trágica. Ni una pandemia mundial con cientos de miles de muertes, que no ocurren por ciencia difusa, sino que tiene sus orígenes en la lógica ecocida de una economía de muerte, está consiguiendo interpelarnos y ofrecer salidas a la altura de la gravedad del momento.

No sin mucho esfuerzo, técnicamente es posible cambiar el rumbo. Socialmente, antes o después, lo será. La cuestión es que cuando lo sea no tenga la forma de un estallido genocida sobrevenido por ecocidio. Cuando una ve la muerte así representada en la serie Colapso, literalmente se caga. Porque más que la muerte, que en realidad es solo un mal rato, lo que realmente nos espanta es imaginárnosla vivos y saber que lo que hacemos es del todo insuficiente para evitar lo peor.

Alguien podrá decir que hay que transitar desde el marco de lo posible. Claro. Pero se puede transitar de muchas maneras y hacia lugares distintos. La transición ecosocial feminista exige como condición no olvidar a las mujeres, una pedagogía trágica, y apostar por trenzar un ecosistema de relaciones sociales, afectivas y no mercantiles, que corresponsablemente la acompañen.

Ni negar la realidad ni contarnos cuentos servirá. Quizá se logre una victoria táctica, pero desde una consciencia de especie, el resultado será desastroso.

La hiperinflación del relato y el desprecio material de la importancia de los vínculos y de los tiempos desacelerados que exige cuidarlos forman parte de una construcción cultural profundamente patriarcal. La disputa cultural por otro horizonte posible es insoslayable. Pero esa disputa cultural será, antes o después, por una cultura materialista o de la práctica. Esa que puede devolver el poder a las palabras con una práctica relacional que hace del reconocimiento y de la responsabilidad con el otro y con la Naturaleza la brújula moral de su acción política.

Ninguna agenda que quiera llamarse progresista y feminista puede permitirse hoy mirar para otro lado. En el Siglo de la Gran Prueba, si no podemos frenar el desastre, sí podemos prevenir la intensidad de sus daños cuando la escasez radical de recursos llegue. Y llegará.