Por una comisaría de Via Laietana con memoria, sin electoralismo ni policía

Uno de los relatos más espeluznantes de mi abuela Mercè es la del interrogatorio que sufrió a manos de Antonio Juan y Juan Vicente Creix en la comisaría de la calle Via Laietana de Barcelona en los años 1950. Estos hermanos al mando de la Brigada Político-Social tenían carta blanca del régimen para obtener, como fuera, toda la información posible de la disidencia política. Su objetivo era el de desarticular organizaciones como el PSUC o CCOO, en las que militaba mi abuelo, al que no llegué a conocer a causa de años de deterioro en las cárceles franquistas. Con los años, también mi padre pasaría por esos calabozos del número 43 de Via Laietana regentados por “el gran torturador franquista”, como lo definió el periodista Antoni Batista al comisario Creix.

Los insultos, vejaciones o golpes a mi familia en esas celdas no fueron ni mucho menos aislados. Por allí pasaron Gregorio López Raimundo, Jordi Carbonell, Tomasa Cuevas o Miguel Núñez entre múltiples representantes del antifranquismo. Tampoco las consecuencias de ese maltrato se quedaron aisladas en esas paredes. El dolor de la represión no murió con el dictador. Se quedó enquistado en la memoria y en los corazones de quienes la sufrieron, marcando sus vidas, y vive también en aquellos que, sin sufrirla directamente, conocimos en forma de lágrimas, ausencias o frustraciones la crueldad a la que sometieron a nuestros seres queridos o vecinos. Por eso la lucha por la memoria histórica no es algo del pasado, sino también de presente y futuro. Y, por eso, es especialmente triste que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición no sean un punto de encuentro, sino de disputa entre demócratas.

Hace apenas unos días, en plena precampaña electoral en Catalunya, el gobierno español sorprendió al tejido memorial con el anuncio de la declaración como espacio de memoria de esta comisaría. Un anuncio que a priori parecía la noticia esperada, pero que llevaba consigo una preocupante letra pequeña. El cuerpo de policía seguiría ocupando el edificio como sede de la Policía Nacional. ¿Es acaso eso compatible? Para el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, parece que sí. Algo que sentó como una broma de mal gusto al movimiento memorialista. La pregunta es ahora, ¿qué entienden ellos por lugar de memoria? ¿Puede ser simplemente formar parte del catálogo que impulsó la Ley de Memoria Democrática en 2022? ¿Poner una placa, como ya se hizo desde el Ayuntamiento?

Hace décadas que las entidades memorialistas y las asociaciones de represaliados demandan una resignificación de la comisaria, con el apoyo de las instituciones catalanas. Que el espacio se ceda a la ciudadanía, y que se encuentre un nuevo lugar, más adecuado, para el cuerpo nacional de policía. Existe incluso un proyecto ciudadano, elaborado con las autoridades locales, que esboza con detalle cómo podrá ser ese centro de interpretación. De hecho, ya en 2017 se aprobó una iniciativa en el Congreso, con los votos de todos los grupos salvo el PP, para convertir la comisaría en “un museo-centro memorial, documental, archivístico de la represión franquista”. Pero nunca se ha avanzado en esa dirección. ¿Por qué ahora?

Yo mismo, en mi etapa en el Congreso de los Diputados como asesor de los comunes, lo hablé directamente con el Director General de Memoria Democrática, Diego Blázquez, que siempre nos dio largas a esa reivindicación. Memoria siempre pasaba la patata caliente a Interior, donde el ministro Fernando Grande-Marlaska se encargaba de proteger los intereses de los mandos policiales. Nunca nos dieron ni la más mínima expectativa. Ya es casualidad que justo en plena campaña electoral, se lance esta propuesta. De pronto, parece que sí hay alguien al otro lado del teléfono. Sin embargo, tanto tiempo esperando para que cuando llega la reacción, esta sea oportunista y errática. Las propias organizaciones memorialistas dejaron claro en una reunión con el candidato a la presidencia del PSC, Salvador Illa, que no era compatible crear un centro memorial mientras la Policía Nacional seguía ejerciendo allí sus funciones.

Hay que recordar que en toda esta lucha, los sindicatos policiales no lo han puesto fácil para que prospere esta iniciativa ciudadana. Al contrario, han ejercido la presión opuesta. Incluso cada vez que se ha tenido que restaurar el atril conmemorativo, continuamente vandalizado a pesar de estar situado en una zona custodiada por policías, se han manifestado en contra de la mano de la derecha y la ultraderecha. Siempre me he preguntado por qué en un cuerpo de funcionarios públicos, cuya principal función es proteger los valores democráticos, les incomoda que se recuerde cuánto de antidemocráticos fueron sus predecesores en otra época de la historia. ¿No deberían servir esos nefastos precedentes como modelo de no repetición?

Sea como sea, que el PSC-PSOE apunte ahora a la vía memorialista puede marcar un punto de inflexión. Pese a la improvisación y el electoralismo que se destila de la decisión, mejor tarde que nunca. El bipartidismo ha ignorado su responsabilidad con este espacio durante décadas, ahora es el momento de aprovechar el compromiso antifranquista común entre el Gobierno de coalición, el futuro Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para ofrecer a la ciudadanía, y especialmente a las personas que vivieron ese horror y sus familiares, un espacio de dignidad, documentación y memoria que nos sirva para no olvidar el pasado, y no cometer los mismos errores en el futuro.