Contra la violencia, información

Si usted recibe agresiones, golpes y amenazas sin motivo y denuncia a su atacante, con el apoyo, además, de varios vídeos que prueban esta violencia, seguramente esperará que se sancione al agresor. Cualquiera lo esperaría si se tiene un mínimo de fe en la Justicia. Sin embargo, si la víctima es un periodista y el atacante un policía la cosa cambia. El agente no sólo será absuelto, sino que tanto la víctima como sus compañeros que documentaron la agresión serán acusados de falso testimonio. Ocurrió en 2021 y desde entonces estos cuatro compañeros han vivido bajo la espada de Damocles de una condena de uno a tres años de prisión más multa. Al fin se ha archivado la causa.

Recuerdo perfectamente aquel episodio en 2021. Se produjo tras el mitin de Vox en Vallecas, durante la campaña electoral de las elecciones adelantadas por Isabel Díaz Ayuso. Aquel mitin terminó como se esperaba, pues no hace falta ser analista para entender que acudir a un barrio especialmente racializado a lanzar soflamas racistas y xenófobas, como hizo Vox, no puede acabar bien.

Lo que no debería entrar dentro de lo previsible –y que lamentablemente sí que entra- es que periodistas acreditados sean golpeados por la Policía Nacional. El objetivo de tales agresiones es obvio: impedir que se documente e informe de posibles abusos policiales y uso de la violencia desproporcionado. Lo sucedido en Vallecas hace tres años no es un episodio aislado, como tampoco lo es que los agentes agresores se vayan de rositas. Ese proceso se ha automatizado, se ha naturalizado con el fin de que, como sucede en algunos casos, los y las periodistas terminen por no arriesgarse a salir apaleados, sencillamente, por hacer su trabajo. Dicho de otro modo, que no se informe de los hechos, que la impunidad campe a sus anchas.

Lo que no había sucedido antes es que, además de la brutalidad policial legalizada, la prensa se exponga a acusaciones de falso testimonio si busca el auxilio de la Justicia. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque dentro de la Policía Nacional existen agentes que no debieran serlo. No me refiero únicamente al agresor, sino a todos aquellos que presencian los hechos y que, en lugar de cumplir con su deber, se posicionan del lado equivocado, del violento en un alarde de odioso corporativismo. Eso no es compañerismo, es complicidad con el delito.

En segundo lugar, porque hay magistrados, en este caso magistrada, que no debieran serlo. Eludir las responsabilidades de tu cargo, como a la luz de las pruebas presentadas por los periodistas sucedió, y, además, tomar decisiones arbitrarias como condenar en costas cuando no ha sido solicitado –algo que tuvo que corregir la Audiencia Provincial de Madrid- y acusar de falso testimonio dicen muy poco de esta togada. Si posteriormente, esta jueza recibe la medalla al mérito policial a propuesta de la Brigada Provincial de Información de Madrid, no resta mucho más que decir.

En tercer lugar, porque desde que la aprobara el gobierno de Mariano Rajoy sufrimos una Ley Mordaza convertida en amenaza directa a la democracia, a la libertad de prensa y al derecho de información. Concebida en alguno de sus articulados para reprimir a la prensa, resulta tan sorprendente como decepcionante que nos encontremos en la segunda legislatura del bautizado como el ‘gobierno más progresista de la democracia’ y esta ley de corte franquista siga en vigor, del mismo modo que se mantiene la de secretos oficiales.

Cada vez que se ha amagado con restituir derechos constitucionales vulnerados con esta ley, los sectores más retrógrados del país, incluida la Policía Nacional y la Guardia Civil, se han levantado airados. A determinados sectores les sienta muy mal la democracia y asumen con normalidad coaccionar a la prensa y, si esta intimidación no funciona, pasar a la violencia explícita. En algunos casos les funcionará y no es algo que se pueda reprochar a mis colegas, pues el miedo a perder un ojo o a que una magistrada desnortada te arruine la vida es legítimo. Afortunadamente, solo les funciona en algunos casos, porque en la mayoría de ellos vemos cómo hay periodistas con mucha más nobleza, honestidad y sentido del deber que algunos policías, jueces y juezas y gobernantes. Contra la violencia, información.