El Senado como escaparate de una guerra global antiderechos

La elección del Senado como escenario del encuentro de la ultraderecha no es casual. Su repercusión ha sido mucho mayor que si lo llegan a celebrar en cualquier salón de eventos, pues ni era un acto abierto al público, ni fue de masas, ni lo que allí se ha dicho es ninguna novedad. Las conferencias, además, eran bastante simples, una reiteración de mantras para los convencidos que allí se encontraban, un sermón al que solo se podía contestar con un amén, pues había consenso y todos sabían lo que iban a escuchar. Pero su objetivo era otro. Era que lo escucháramos los demás. Que saliera en prensa. Que nos escandalizara, nos indignara, nos violentara y nos atemorizara. Que los ultras ocupen por unas horas este recinto de la soberanía popular es un aviso que va más allá de lo simbólico, de la vacilada, porque las instituciones de varios países, también aquí, hace tiempo que están en sus manos, o sencillamente les dan de comer.

Los artífices e invitados al encuentro de la Political Network for Values (PNfV) no son meros activistas. Algunos han tenido o tienen cargos de alta responsabilidad en gobiernos e instituciones de varios países, o son figuras muy influyentes y cercanas a quienes mandan. Jaime Mayor Oreja (PP), Ignacio Garriga (VOX), Sharon Slater, del Observatorio Internacional de la Familia o Brian Brown, presidente de la Organización Internacional para la Familia y de CitizenGo, la marca internacional de HazteOir. Sus discursos rancios que muchos atribuyen a otras épocas están más presentes de lo que nos creemos, y llevan mucho tiempo ganando terreno, colándose en las agendas políticas y en los debates públicos y condicionando la política de varios países con sus reiteradas y millonarias campañas.

Pensar que son cuatro radicales trasnochados, fundamentalistas de parroquia que tan solo convencen a sus fieles demuestra el error de menospreciarlos cuando sus campañas acaban convirtiéndose en leyes como en Polonia o en Hungría. Mientras, una parte de la sociedad sigue pensando que los derechos, una vez ganados, son eternos. Siempre hay posibilidad de dar marcha atrás, de darle la vuelta a la situación, y en ello están, por mucha gracia que les haga a algunos escuchar a Jaime Mayor Oreja hablar de creacionismo.

No hace tanto tiempo que el ex ministro del Interior de José María Aznar y otros destacados miembros del PP desfilaban con una parte de la curia católica y decenas de miles de fundamentalistas contrarios a los derechos. Se nos olvida que el PP votó contra el matrimonio de personas del mismo sexo, que también emprendió una lucha contra la reforma de la ley del aborto, y que ha sido y es el principal sostenedor de los grupos antiderechos que reciben millones de euros de las administraciones gobernadas por ellos, y ahora más con Vox. No fue ningún error concederles el recinto, ni los artífices y participantes les son ajenos. Están donde siempre estuvieron, lo que pasa es que ahora sale mucho más barato levantar el brazo y atizar con la cruz que hace veinte años.

En todos los contubernios de la extrema derecha global, España juega un papel clave, de puente entre Europa y América Latina. Todos ellos surfean la ola actual de auge y consolidación de las extrema derechas en todo el mundo. Trump ha vuelto a la Casa Blanca rodeado de varios de estos fundamentalistas. Hungría sigue gobernada por Viktor Orban, uno de los principales activos de la batalla cultural. Y ahora Italia y Argentina se suman como delanteros a la internacional del odio que institucionaliza, nutre y proyecta a todos estos grupos y sus ideas.

Los periodistas Anna Enrech y Roger Palà contaban recientemente en Crític, en colaboración con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos que, entre 2020 y 2024, que 50 entidades y lobbies antiabortistas han recibido casi 8 millones de euros de instituciones públicas. Y de todo signo. Cuenten, además, lo que reciben de donantes, algunos millonarios, de empresas y de otras fundaciones que van traspasando el dinero de un país a otro para lo que saben, es una guerra global. Una batalla política, judicial, mediática y también cultural, cuyo principal objetivo, previo al asalto de las instituciones vía democrática, es revertir el sentido común que, todavía hoy, entiende los derechos humanos como pilares básicos de cualquier democracia.

El informe titulado La punta del iceberg: Financiadores extremistas religiosos contra los derechos humanos a la sexualidad y la salud reproductiva en Europa, realizado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, y publicado en 2021, advertía de la cada vez más millonaria financiación de estos grupos a nivel internacional, detallando el origen y el flujo de cientos de millones de euros dedicados a luchar contra determinados derechos, contra las mujeres, las personas LGTBI y las conquistas políticas y sociales progresistas. Y en parte, lo están consiguiendo. Ya no porque lleguen a gobernar e implementar leyes en este sentido, sino por el acoso y el derribo que ejercen mediante toda arma a su alcance contra los consensos básicos democráticos de igualdad, respeto a la diversidad y separación de lo religioso de lo público. Su objetivo es convertir las democracias en una mera elección de los gestores de lo público, donde los derechos son prescindibles, y donde la involución se viste, como siempre sabe hacer la reacción, de las mejores palabras.

Defensores de la vida, de la libertad, de la infancia, de la familia, incluso de los derechos humanos, frente a quienes pretenden destruir todo esto, quienes promueven la muerte. El marco es importante en todo relato, y el suyo tiene buen marketing. Escuché fragmentos de la conferencia, y entorno a estas ideas giraba el asunto, en el clásico eje narrativo del bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, la vida frente a la muerte. Llegaron incluso a citar a Hannah Arendt.

En la conferencia se escucharon todos los mantras de la ultraderecha global, no solo los relativos a la moral. También hicieron referencia a la substitución étnica a través de la inmigración. Entre los presentes, el hijo de un oficial nazi y adorador de Pinochet, que es el presidente de la entidad organizadora del acto y candidato de la ultraderecha a la presidencia de Chile, José Antonio Kast.

Discursos que no nos son nuevos, que en España supuran como el pus, el nacionalcatolicismo que nunca se fue tras la muerte del dictador, sino que quedó bien enquistado. Ahora se suman los propios de la actualidad, con el racismo como bandera, disfrazado de defensa de la civilización o de protección étnica. Bajo esa pátina de bondad y amor se esconden quienes luego piden condenar penalmente cualquier muestra de lo que consideran una desviación del orden natural en lo sexual. Quienes relacionan la homosexualidad con la pedofilia, y la diversidad y su reivindicación como una diabólica agenda. Lucy Akello, parlamentaria ugandesa, se enorgullecía de sus propuestas que penalizan la homosexualidad con cárcel, presentándolo como un seguro de vida y seguridad para sus hijos. Pero no se queden solo con la fachada antiderechos y su vestido religioso. El proyecto global es profundamente neoliberal, además de ultramontano.

Por eso, que ocupen unas horas el Senado es lo de menos. Ya ocupan escaños, gestionan gobiernos, tienen buenos patrocinadores y el dinero fluye para los diferentes frentes de su guerra. Y esta organización no es la única. Es tan solo una de tantas fachadas de las múltiples plataformas, redes y sectas que operan en todo el planeta y que hoy se ven respaldadas por los gobiernos de la derecha y la extrema derecha en todo el mundo. El Senado fue, en definitiva, para que habláramos de ellos. Para recordarnos que están aquí, que nunca se fueron, que las instituciones son suyas y que van a asaltarlas de una manera u otra, tarde o temprano.

Su verdadero éxito es que sus mantras impregnen a un público que va más allá de sus huestes. No son solo ellos quienes hablan de ‘dictadura woke’, del indefinido y malvado globalismo y sus agendas, ni del plan para que hombres se cuelen en los lavabos de mujeres y en sus competiciones deportivas y mutilar a los niños por una especie de moda trans. El PSOE dio buena muestra de ello cuando, un día antes del encuentro ultra, eliminó Q+ del acrónimo LGTBI. Y hubo quien lo celebró, como si invisibilizar a determinados colectivos fuese una conquista progresista. De nuevo, el chuletón imbatible y los amigos asustados de más de 40 años que le recuerdan al gobierno progresista que no se pase. Y a una parte de la izquierda, que tantos derechos despistan y nos alejan del asalto del Palacio de Invierno. Esa es la mayor victoria de los ultras.