Prostitución en tiempos del coronavirus: más vulnerables, invisibles y desprotegidas

Lorena Alonso Cabral (@lorenalonso94)

• Aunque Igualdad aprobó medidas urgentes de protección contra la explotación sexual o la trata, es difícil que las mujeres prostituidas lleguen a pedir esta ayuda

• La mayor parte no tiene una situación administrativa regular, y muchas no avisan si notan síntomas por coronavirus ante el temor a ser repatriadas

• Durante la cuarentena, algunas llegan a un acuerdo con clientes para trabajar como empleadas de hogar. Otras permanecen confinadas en los clubes de alterne o pisos sin ningún tipo de medidas de protección

La demanda de sexo en España se mantiene durante la crisis de la COVID-19, lo que genera un aumento de la violencia que se ejerce contra estas mujeres. Durante el confinamiento, las víctimas de trata con fines de explotación sexual continúan pagando su “deuda”. Las mafias del sexo habilitan espacios clandestinos y pisos particulares donde continúan prostituyendo a estas mujeres, con el consiguiente riesgo de contagio. Esto, sumado a las dificultades con el idioma, la desinformación y la falta de papeles, profundiza la vulnerabilidad de este colectivo, procedente de 50 nacionalidades distintas, según explica a porCausa Rocío Mora, responsable de Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

Desde que se decretó el estado de alarma, APRAMP ha perdido el contacto con el 25% de las mujeres prostituidas, explotadas sexualmente y víctimas de trata con las que trabajaba. La reclusión a la que está sometido este colectivo dificulta aún más el acceso a los servicios médicos mínimos que, en condiciones normales, les ofrece la asociación desde sus unidades móviles. En cuanto enfermen, se convertirían directamente “en mercancía de desecho”, denuncia Mora.

La industria de la prostitución ha crecido exponencialmente en España, que ya es el país europeo con mayor consumo de servicios sexuales y el tercero a nivel mundial, según datos de la ONU. España es “uno de los principales destinos del tráfico de mujeres y uno de los principales puntos de tránsito”, según explicó la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, durante una conferencia de la Coalición contra la Trata de Mujeres y la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres.

Este martes, el Ministerio de Igualdad amplió el paquete de medidas urgentes para garantizar la protección, información y asistencia a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia, como la explotación sexual o la trata. No obstante, la mayoría de estas mujeres sobreviven bajo la intimidación y la amenaza de hacer daño a sus familiares, que residen en sus países de origen. “Es difícil que lleguen a pedir esta ayuda ya que están atadas de pies y manos”, asegura la profesora de la Universitat Oberta de Catalunya y periodista Ana Bernal-Triviño. Además, el proceso previo que sufren antes de llegar a la Península y durante, les provoca un “ataque psicológico importante que impide su propia capacidad de decisión”. La mayor parte de este colectivo no tiene una situación administrativa regular, lo que hace que muchas mujeres prostituidas no den la voz de alerta cuando notan los síntomas por coronavirus, ante el temor a que “se abra un expediente de expulsión y sean repatriadas”.

Cabe destacar también el papel de las mujeres que ejercen la actividad sexual libremente. Ellas mismas se denominan como “las grandes olvidadas”. Respetando las medidas del confinamiento, “hemos decidido no ejercer servicios sexuales”, coinciden varias trabajadoras. No obstante, sus necesidades económicas aumentan, dejando a la vista los riesgos a los que están sometidas de forma continua. “Nos vemos obligadas a continuar realizando servicios telefónicos o en formato online”, aseguran.

El Ministerio de Inclusión explica a porCausa que también ha adoptado una batería de medidas sociales en este sentido. No obstante, para acceder a las mismas las aspirantes deben cumplir una serie de requisitos. En esta línea, una trabajadora sexual de la Comunidad de Madrid asegura que “no nos podemos aferrar a ninguna de ellas”, debido a que la prostitución se ejerce sin contrato, con o sin papeles. La legislación española considera nulo cualquier contrato que incluya actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes. Sin embargo, en España “se continúa permitiendo licencias para clubes de alterne o pisos”, insiste Concha Borrell, secretaria general del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). Borrell invita a reflexionar sobre “quién sale ganando en este sector”.

Algunas de las trabajadoras han sido expulsadas de su alojamiento habitual en clubes de alterne, quedándose en la calle sin servicios básicos y sin poder cumplir con las medidas de protección e higiene recomendadas. El caso más paradigmático es el del macroburdel El Paradise (Girona), cuyo dueño presentó un ERTE que dejó desamparadas entorno a 90 trabajadoras sexuales. Los demás empleados, como camareros o limpiadoras, se acogieron a esta suspensión de empleo con todas las garantías, una opción a la que no pueden aplicar estas mujeres al no contar con el contrato correspondiente y en línea con la ley vigente.

La mayoría de estas trabajadoras tienen a sus familiares en el extranjero y, en el mejor de los casos, algunas llegaron a un acuerdo con clientes habituales para trabajar como empleadas de hogar a cambio de alojamiento y comida. En otras ocasiones, según explican, acuden a espacios habilitados para personas sin hogar y casas de acogidas que de ONGs. Mientras tanto, otras permanecen confinadas en sus lugares de trabajo (clubes de alterne o pisos) “sin ningún tipo de medidas de protección sanitarias”, asegura Bernal.

En este último caso, las trabajadoras tienen que hacer frente a los gastos de la estancia y dietas mientras dure el confinamiento. A menudo sus familias subsisten con el dinero que les envían y ahora el contacto es mínimo. Por ello, temen que se alargue la cuarentena y deban dejar una deuda a su empleador que tendrán que pagar más adelante. Desde el sindicato, Borrell insiste en que se han puesto en contacto con el Gobierno en numerosas ocasiones para “reivindicar los derechos que les pertenecen como trabajadoras”, pero no han recibido respuesta. Asimismo, las profesionales del sector alertan que, después de la crisis generada por la COVID-19, la precariedad y la escasez de oferta laboral harán que aumente el trabajo sexual.