Piratas inmobiliarios consentidos por la Junta de Andalucía

El precio de la vivienda en Andalucía continúa en una escalada imparable. Ya es la tercera región en la que más ha subido el precio respecto al año pasado (un 13%) y la opción del alquiler no es mucho mejor. Para un ciudadano o ciudadana media, la oferta es muy limitada y con precios desorbitados, muy por encima de lo recomendable para no vivir bajo la amenaza de la pobreza. En este escenario tan adverso, además, las empresas del sector inmobiliario incumplen mayoritariamente la ley y la Junta de Andalucía apenas les pega un tirón de orejas.

La organización de consumidores FACUA Andalucía acaba de denunciar cómo el 75,4% de los expedientes de inspección abiertos por la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía a empresas del sector inmobiliario sobre la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas en 2023 presentan irregularidades. Dice muy poco de un sector al que cada vez más percibimos como auténticos piratas, depredadores de la necesidad.

Las cifras son contundentes: de las 145 actuaciones realizadas y agrupadas en 126 expedientes de inspección, hasta 95 incumplían la normativa que protege al consumidor. Se ha incoado 47 expedientes sancionadores y, paradójicamente, la suma total de las sanciones propuestas apenas alcanza los 100.000 euros; una media de 2.200 euros por sanción.

Con esta laxitud que roza la connivencia, no sorprende que las empresas del sector inmobiliario disfruten de una situación ventajosa de la que claramente están sacando tajada. De hecho, en las inspecciones del año anterior, la proporción de incumplimientos se disparaba hasta el 69%, lo que evidencia que vamos de mal en peor. Este es el motivo por el que desde FACUA-A se reclama un aumento de las inspecciones y una mayor contundencia sancionadora.

Las infracciones se repiten año a año. Así, en el caso de las viviendas en arrendamiento destaca la falta de información al potencial inquilino o inquilina, sin presentarle en el 61,9% de los casos el Documento Informativo Abreviado (DIA) al que obliga la ley. Sucede también en los procesos de compra-venta, a pesar de la importancia de este documento en el que se recogen notas explicativas sobre precios y forma de pago, información y documentación previa a la firma del contrato, etcétera.

El certificado de eficiencia energética es otra de las asignaturas pendientes, sin que se presente en el 57,5%, algo que puede ser determinante para quien viva en esa casa y, quizás, vea disparado su gasto energético en calefacción o refrigeración, cogiéndole por sorpresa.

La Junta de Andalucía sitúa a las personas en una situación de indefensión en un escenario que ya de por sí es intimidatorio, en el que se subastan los inquilinos o compradores, existe un fuerte componente de racismo y xenofobia en los casos de arrendamiento y la oferta es tan escasa que continuamente se producen situaciones de abuso. Desde el Palacio de San Telmo, el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no contribuye a crear un espacio de confianza para la ciudadanía, más bien al contrario, ha sentado las bases para que al sector inmobiliario le compense infringir la ley: es muy poco probable que les pille una inspección y, en caso de hacerlo, la sanción será como “unas cosquillas”, que ironizan desde FACUA-A.

Es la misma Junta de Andalucía que hace apenas un mes veía como el Tribunal Constitucional tumbaba su recurso contra la Ley Estatal de la Vivienda, la que se niega a cumplir y que no pone ninguna cortapisa a la especulación. La misma que está siendo llevada a los tribunales por la juventud andaluza, que desde hace años no recibe su Bono Alquiler Joven (de financiación estatal).

En ciudades como Málaga, donde el precio de la compra de vivienda se ha disparado un 22% en el último año –con las hipotecas más caras del país- y el del alquiler casi un 26%, la población se encuentra en emergencia habitacional. Nadie está a salvo, especialmente los colectivos más vulnerables como prueba el hecho de que la Junta de Andalucía haya vendido a un fondo israelí la sede de la ONG Málaga Acoge por más de 3,6 millones de euros para hacer viviendas turísticas. Nada le importa al gobierno de Moreno Bonilla dejar en la calle a una entidad que en sus casi 35 años de actividad ha cubierto el papel que le corresponde a la Administración. Sólo en los últimos ocho años, Málaga Acoge ha apoyado en esa sede a más de 4.300 personas, con las que se han llevado a cabo 75.215 actuaciones individuales, habiendo participado en más de un millar de actividades formativas y grupales.

En un mar de tiburones, como han demostrado ser mayoritariamente las empresas del sector inmobiliario, quien debería arrojar un salvavidas, esto es, la Junta de Andalucía, pasa de largo, ahogando con la estela de un yate de lujo que pagamos todas y todos.