Moreno Bonilla se tira a la yugular del periodismo

Ayer miércoles, a las 10:30 horas de la mañana, profesionales de Canal Sur llenaron la entrada de la sede de San Juan de Aznalfarache para protestar por la cancelación del programa Los Reporteros sobre la abdicación de Juan Carlos I y la Coronación de Felipe VI, cuya emisión estaba prevista con motivo del décimo aniversario del reinado del último. Se trata de una nueva protesta contra la constante manipulación informativa que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla está llevando a cabo en el ente público. Ni es la primera ni será la última, porque esta vez la Junta de Andalucía se ha tirado a la yugular del periodismo andaluz.

La protesta estaba convocada por el Comité Intercentros y el Consejo Profesional de la Radio Televisión Andaluza (RTVA). La situación es insostenible porque, tal y como denuncian fuentes del Consejo, “cuando se toca lo intocable, como es Los Reporteros, que es la marca de referencia del periodismo de calidad en Andalucía, cuando se llega a censurar eso, es que estás dispuesto a llegar hasta la médula”. El propio equipo de Los Reporteros ha dado las oportunas explicaciones sobre la cancelación del programa a través de su perfil en X:

Desde la Dirección de los Servicios Informativos, y la propia Dirección General de Canal Sur, niegan cualquier veto o manipulación, pero su historial les delata. Ya en el pasado, en este mismo espacio denuncié cómo Moreno Bonilla bordea la línea de la malversación de fondos públicos al hacer un uso tan torticero de la RTVA y, más específicamente, de sus servicios informativos, absolutamente plegados a sus intereses partidistas.

Así lo puso de manifiesto, de hecho, la propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que el pasado mes de abril emitió un durísimo comunicado asegurando que los informativos de Canal Sur no respetan el Código Deontológico. La resolución de su Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo acerca de la información sobre sobre la proposición de Ley de Regadíos de Doñana presentada en el Parlamento andaluz por PP y Vox fue demoledora, digna de mostrarse en todas las facultades de Periodismo del país. El organismo de la FAPE determinó que la pieza informativa era “incompleta, carente de la fundamentación y atribución propias de una información periodística rigurosa, elaborada sin atender a la necesaria contrastación de las afirmaciones y a la pluralidad de puntos de vista”. En definitiva, aquella información –como tantas otras- conculcó “el artículo 2º de los Principios Generales del Código Deontológico de la FAPE que exige el respeto a la verdad”.

Por si este antecedente no fuera suficiente para no creer el rechazo de censura que emiten los palmeros de Moreno Bonilla desde la dirección de los servicios informativos, basta mirar el resto de historial. Sólo desde octubre de 2023 a marzo de 2024, la Ley de Amnistía ocupó más de 605 minutos en los informativos, a razón de cuatro minutos diarios en Noticias 1 y Noticias 2. Según el Consejo Profesional de la RTVA, la Ley de Amnistía multiplicó por tres el tiempo dedicado a la Sanidad en Andalucía (183 minutos y 57 segundos), más de cien veces el tiempo dedicado a las listas de espera (apenas 6 minutos), y multiplicó por 15 el tiempo dedicado a la Educación (42 minutos y 13 segundos). 

Es la punta del iceberg, porque las denuncias de atribución de piezas a otras personas distintas a sus autores sin pedir permiso, la imposición de emitir declaraciones de diputados como Elías Bendodo (PP) hasta en los informativos regionales aun cuando habla de política nacional o la prohibición de incorporar en las informaciones los testimonios de los sindicatos de Enseñanza están a la orden del día.

La manipulación de las televisiones autonómicas por parte de quien gobierna es un mal endémico en nuestro país. Canal Sur ya lo sufrió durante la etapa socialista y así lo denunció el Consejo, creado en 2006, pero desde la llegada del PP se ha multiplicado exponencialmente. Fuentes del Consejo apuntan que “desde 2006 hemos denunciado siempre malas prácticas, pero al volumen de casi de más de un millar de casos de manipulación y malas prácticas periodísticas, como llevamos denunciadas desde el año 2021, nunca”.

Hay miedo, me relatan los compañeros y compañeras de informativos de Canal Sur, porque desde hace tiempo se producen represalias por parte de la dirección, como desplazar de sus funciones a quien se niega a emitir determinadas informaciones. “Se desprecia el criterio de los profesionales sobre el territorio” y se asfixian a las delegaciones territoriales, denuncian, y prueba de ello es cómo en el caso de Cádiz, el pasado mes de mayo apenas realizó a la cadena 34 aportaciones cuando en el pasado se contaban por 200.

El desamparo de los y las profesionales de Canal Sur es absoluto. La Dirección de Informativos, manejada desde San Telmo, utiliza como un rodillo el artículo 10.1 del Estatuto Profesional que le otorga la potestad de dirigir, organizar y coordinar el contenido de los programas de informativos, haciéndolo “renunciado a la independencia y a la verdad, que probablemente sean los dos conceptos más sagrados del periodismo”, denuncian fuentes del Consejo Profesional de la RTVA.

El resultado es que su desamparo es el nuestro, puesto que Moreno Bonilla nos hurta el derecho constitucional a la información y pisotea la libertad de prensa. Fabrica su propia realidad haciendo uso de dinero y recursos públicos, sin olvidar las coacciones a profesionales de prestigio. No sorprende que a finales del año pasado el PP andaluz rechazara la propuesta del PSOE para evitar que reciban publicidad institucional webs de desinformación. La Junta de Andalucía, sirviéndose de Canal Sur, tal y como denunció la propia FAPE, es una fábrica de bulos al servicio de Moreno Bonilla y del PP nacional.

Con la Junta de Andalucía regando a los medios andaluces de publicidad institucional, generando dependencias perversas, los y las profesionales de Canal Sur sienten que “nos hemos quedado solos en la defensa del periodismo libre e independiente y en la defensa de una televisión pública, de calidad y al servicio solo de los andaluces y andaluzas”. Casi nadie alza la voz entre compañeros y compañeras. No lo permitamos. La RTVA es nuestra, de Andalucía, no del gobernante de turno, en este caso, el PP.