La limpieza barre la decencia en Sabadell

Esta semana los colegas de El Salto desvelaban cómo el Ayuntamiento de Sabadell adjudicaba la limpieza de sus locales municipales a Sacyr, en cuya oferta avanzaba que pagaría un céntimo por hora a sus trabajadores o trabajadoras. Es necesario leer varias veces el titular porque, asumida la mezquindad de este tipo de empresas, lo que no se llega a entender es que la Administración les siga haciendo el juego… pero no se vayan todavía, aún hay más: la alcaldesa del Consistorio es Marta Farrés, del PSC. De izquierdas, se dicen.

Las privatizaciones de servicios públicos siempre son una mala noticia. Precarizan el empleo, deterioran la calidad del servicio y pueden suponer un boquete para las arcas públicas. En el caso concreto de Sabadell resulta inexplicable la nula responsabilidad social con que se definieron los pliegos del concurso público. El gobierno del PSC premió la oferta que más precarizaba el empleo, pues cuanto menor era el sueldo, mayor era la baremación que se obtenía en el apartado de precio del servicio. Tanto es así que la oferta con mayor salario (Serveo) se quedó anclada en cero puntos. Por cierto, todo queda en casa, dado que Sacyr Facilities fue adquirida precisamente por Serveo con posterioridad a esta adjudicación por 90 millones de euros.

Aunque según las cerca de 300 trabajadoras finalmente cobrarán el salario marcado por el convenio colectivo, éste actualmente se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con sueldos por debajo de 1.000 euros. El despropósito por parte de un gobierno que se dice de izquierdas es absoluto. La precarización del empleo es una de las bazas que grandes empresas, derivadas del mercado de la Construcción (muchas de la cuales ya fueron condenadas por participar en un cártel de adjudicaciones de obra pública), juegan para hacerse con jugosas adjudicaciones, como la del Ayuntamiento de Sabadell que alcanza los 14,7 millones de euros.

El resultado, buena parte de las veces, es una suerte de explotación laboral que, en caso como el que nos ocupa afecta a un trabajo especialmente feminizado y repercute en las pobres pensiones que luego quedan a las mujeres. Nota al margen: El heteropatriarcado es tan absurdo e irracional que automáticamente identifica que limpiar edificios es cosa de mujeres y la limpieza de vía pública y recogida de basura, de hombres.

A esta explotación laboral se suma, además, la insuficiencia de medios, tal y como en más de una ocasión me han relatado trabajadores y trabajadoras de servicios municipales privatizados, que lamentan no contar con uniformes en condiciones, ni siquiera con productos de limpieza o herramientas, como escobas, suficientes. Recuérdenlo antes de cargar contra el trabajador o trabajadora cuando el nivel de limpieza no sea de su agrado: la responsabilidad suele sentarse en sillones de cuero de despachos, no a pie de calle sudando la gota gorda.

Ninguna Administración Pública debería adjudicar contratos a empresas multadas por corrupción o cualquier otra irregularidad en materia laboral, con salarios por debajo del SMI, sin propuestas de responsabilidad medio ambiental o sin planes de inclusión e igualdad que, como marca la ley, son obligatorios para empresas de más de 50 empleados (el 60% de las empresas lo incumple).

Sin embargo, los servicios de limpieza de dependencias municipales o la recogida de basura son dos de las estrellas de las privatizaciones en los Ayuntamientos, foco habitual de corruptelas que, además, son compartidas independientemente del color político de quien gobierne.

El proceder, simplificando, es muy sencillo: yo te adjudico el contrato y, a cambio, cada vez que amplíes plantilla o el Ayuntamiento apruebe refuerzos estacionales (temporada alta de turismo, por ejemplo) ya te envío yo a los y las candidatas. Es la fabricación de un granero de votos a base de estómagos agradecidos. No por ser negado, este proceder ha sido menos público. En ocasiones, como todavía recuerdo que sucedía en ayuntamientos como el de Málaga o Rincón de la Victoria, hasta se heredaban los puestos, es decir, cuando un empleado se jubilaba, su descendencia tenía prioridad para acceder al puesto. Esa es nuestra política local.