Jueces contra la democracia: el Supremo, Alberto Rodríguez y el "error" Batet

La persecución al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tiene toda la lógica del mundo. No caben ingenuidades. Las élites juegan a la democracia sólo si ganan. Es cierto que todas las complejidades internas que tienen las élites pueden permitir operar en las grietas. Pero no es sencillo. Las élites siempre son asustadizas y no descansan. Y tienen muchos mercenarios. Llegado el caso, pueden tolerar que el gobierno exprese una mayoría social progresista pero sólo si las reglas esenciales de su poder no se tocan.

La entrada de Podemos en el Gobierno de España ha quebrado una línea roja para los que ganaron la guerra del 36, para los que se inventaron a Ciudadanos y luego a Vox, para los que metieron en la Constitución el juego electoral bipartidista, para los que disciplinaron el 23F a los socialistas más coherentes, para los defensores de Juan Carlos I, Felipe VI y la infanta Leonor, para los que nos metieron en Europa desmantelando nuestra industria, para los que nos metieron en la guerra de Irak, para los que montaron los GAL y la Triple A y asesinaron a los abogados de Atocha, para los que ahora quieren quedarse con todos los fondos europeos de recuperación. Para los que querían a Alberto Rodríguez fuera del Parlamento, igual que a cualquier persona de Podemos fuera de la política. ¿Que vais a poner en cuestión nuestros privilegios? Pues mirad lo que os va a pasar.

Cuando las fuerzas de la derecha no bastan para garantizar el statu quo, siempre recurren a sectores de la socialdemocracia dispuestos a mantener la obediencia. Siempre ha habido dos almas en el PSOE (...) ¿Ha terminado ganando finalmente González el último Congreso socialista?

En España, como en el resto del planeta, se está librando una batalla entre una nueva lógica democrática y el viejo régimen neoliberal. Desgraciadamente, el PSOE ha sido uno de los bastiones de la reconfiguración del capitalismo global, que leyó de manera conservadora la caída del capitalismo organizado en 1973 y obró en esa línea cuando llegó al poder en 1982. Las empresas públicas en España, las remató el PP pero la herida la había abierto el PSOE.

Cuando las fuerzas de la derecha no bastan para garantizar el statu quo, siempre recurren a sectores de la socialdemocracia dispuestos a mantener la obediencia. Siempre ha habido dos almas en el PSOE y algunos de sus líderes podían haber estado en el PP salvo por el tufo franquista tan hediondo que siempre ha tenido la derecha española. Felipe González siempre apostó por una gran coalición entre el PSOE y el PP. ¿Ha terminado ganando finalmente González el último Congreso socialista?

No fue igual la respuesta en Portugal, con un líder moral como Mario Soares que fue inclinándose a la izquierda con los años, que en España, con Felipe González como guía de los intereses mafiosos de capitales internacionales siendo la referencia de los socialistas españoles.

El nacimiento del movimiento indignado, del que forma parte Podemos, al igual que las primaveras árabes, occupy Wall Street y Bernie Sanders, Syriza o Melenchon, y antes, en el cambio del siglo, las anticumbres del G7, las protestas contra la globalización, la creación del Foro Social Mundial, Chávez, Kirchner, Correa, Morales o Lula Da Silva, son la expresión del agotamiento del ciclo neoliberal.

En cada país, esa lucha toma sus propios contornos y los zarpazos de la bestia herida neoliberal –la que vendió las empresas públicas, desreguló la economía y el trabajo, entregó los países a las finanzas internacionales, depredó el medio ambiente y precarizó la vida- harán más o menos daño en virtud del músculo democrático de cada país.

En ese equilibrio no fue igual la respuesta en Portugal, con un líder moral como Mario Soares, que fue inclinándose a la izquierda con los años, que en España, con Felipe González como guía de los intereses mafiosos de capitales internacionales –incluso blanqueó a Pinochet- siendo la referencia de los socialistas españoles.

Si miramos la evolución de los derechos de ciudadanía civiles, políticos y sociales, de los que hoy estamos orgullosos y están escritos en nuestras constituciones, siempre han tenido detrás revoluciones. Y siempre que ha habido avances en derechos, siempre ha habido una respuesta reaccionaria. Siempre que se han abierto caminos para las mayorías, siempre las minorías han usado todas las herramientas a su disposición –todas- para frenar su pérdida de privilegios que implicaba la extensión de los derechos.

Por eso crecieron los movimientos reaccionarios tras la revolución francesa, tras las revoluciones del siglo XIX, tras la revolución rusa o el mayo del 68. Ahora, tras casi cincuenta años de consternación en la izquierda, de ensayos y errores, de victorias breves y breves derrotas, un nuevo proceso histórico parece abrirse paso, una izquierda diferente a la del siglo XX, feminista, ecologista, adecuada al capitalismo cognitivo y financiero del siglo XXI, más horizontal, acostumbrada a las redes sociales. Y el antiguo régimen está dando zarpazos.

En esa lucha entre el modelo neoliberal y el viejo orden en España hay que entender que una dirigente del PSOE, Meritxell Batet, malbaratando la autonomía del Parlamento, haya quitado el escaño a un diputado de Unidas Podemos.

El neoliberalismo necesita el combustible de muchas vidas para que Jeff Bezos pueda darse un paseo por el espacio o para que Marcos de Quinto comprase otra televisión. Con tanta desigualdad, los pueblos terminan despertando. En esa lucha entre el modelo neoliberal y el viejo orden en España hay que entender por qué una dirigente del PSOE, Meritxell Batet, malbaratando la autonomía del Parlamento, haya quitado el escaño a un diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, tras un juicio 'fake' y una intromisión del poder judicial afín al PP en el poder legislativo, sede de la soberanía popular. La del pueblo. De la que se ha reído el juez Marchena con el comportamiento ridículo de la presidenta Batet.

Y la amenaza y burla al Parlamento, en la figura de la presidenta Meritxell Batet, al traspasarle el Supremo la responsabilidad después de un mensaje más propio de una película de extorsionadores que del máximo tribunal español.

Todo lo que tiene de 'fake' el juicio y la retirada del escaño del diputado canario Alberto Rodríguez la han resumido ya muchos juristas, jueces y magistrados. Un juicio durante una protesta contra la ley Wert que se pone en marcha mucho tiempo después de los hechos, cuando Rodríguez ya es diputado de Podemos, causando extrañeza que no fuera detenido en su momento ni requerido policial ni judicialmente, un juicio que demostraba con pruebas audiovisuales que Rodríguez no estaba en los disturbios, un policía contradiciéndose en su declaración judicial, un juicio basado en la mera acusación de un policía sin parte de lesiones, una pena principal de 45 días sustitutiva, como lo manda la ley, por una multa, y una pena accesoria de inhabilitación a sufragio pasivo mientras dura la condena, es decir, a no poderse presentar a un cargo público en esos 45 días -pena accesoria que desaparece cuando el pago de la multa finiquita la pena principal-, el señalamiento en la condena de que la inhabilitación es la del artículo 44 –que no lleva implícita la pérdida del cargo- y no la del artículo 42 –que lleva a perder el cargo-, la astucia del juez de no mencionar el artículo concreto de la inhabilitación para evitar la acusación de prevaricación y, finalmente, la amenaza y burla al Parlamento, en la figura de la presidenta Meritxell Batet, al traspasarle la responsabilidad después de un mensaje más propio de una película de extorsionadores que del máximo tribunal español.

Que el juez Marchena está vinculado a la derecha no es nuevo. Ya se ha repetido que se trata del juez con el que el entonces portavoz del PP en el Senado tranquilizaba a los corruptos de su partido tras el reparto con el PSOE del CGPJ: “ha sido una jugada estupenda (…). Y además controlando [con el juez Marchena] la Sala Segunda por detrás”. Un juez que ha perdido toda apariencia de neutralidad y que, por tanto, debiera abstenerse de cualquier juicio que afectara a la izquierda.

No es extraño que el caducado y, por tanto, ilegítimo CGPJ haya salido, por supuesto sin unanimidad -porque aún hay jueces decentes-, a disparar contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por su crítica a la decisión. Dice el mil días caducado y no renovado por intereses de la derecha CGPJ que las palabras de Belarra hablando de “prevaricación” generan “una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación". ¿Es que no ha habido jueces prevaricadores? ¿Es que no ha habido jueces arrogantes y borrachos quebrando la ley? ¿Es que no ha habido jueces que han cobrado dinero por soltar a narcos? ¿Es que no ha habido jueces cuyas sentencias eran a sabiendas injustas dictadas para beneficiar a sus amigos? ¿Es que no ha habido jueces que han intentado sobornar a testigos para atacar a otros jueces de otro signo político? ¿Es que no ha habido jueces que han encarcelado a titiriteros y otros que han visto normal el asedio a la casa de ministros de Podemos? ¿Es que no hay jueces que no ven delito en atropellar a guardias civiles y otros que ven delito en una pelea de bar? En estos casos, ¿dónde estaba el CGPJ? El CGPJ caducado e ilegítimo...

¿Por qué la socialista Batet ha seguido las sugerencias de Marchena? ¿Apego a las normas? ¿Cobardía? ¿Una decisión premeditada de golpear a Unidas Podemos? ¿Parte del acuerdo con el PP de renovación de los cargos institucionales pendientes?

Lo que ha hecho Meritxell Batet es inaceptable y hace bien Alberto Rodríguez al querellarse por prevaricación, igual que hace bien Unidas Podemos llevando el caso a Europa. Porque lo que ha hecho genera una enorme inquietud al golpear al derecho constitucional de participación política. ¿Por qué la socialista Batet ha seguido las sugerencias de Marchena? ¿Apego a las normas? (¡Pero cómo si los letrados de las Cortes han dicho lo contrario! ¿O los informes de los letrados solo sirven para exonerar al emérito?). ¿Cobardía? ¿Amistad personal con el juez? ¿Una decisión premeditada de golpear a Unidas Podemos? ¿Parte del acuerdo con el PP de renovación de los cargos institucionales pendientes? Cualquier duda al respecto es legítima, porque la decisión es gravísima. ¿Cómo es posible que el Congreso de los Diputados permita que el Tribunal Supremo exceda sus competencias y le dicte al Parlamento cómo debe interpretar las normas electorales? ¿Pero quién se creen que son?

La decisión del Tribunal Supremo vuelve a golpear a la credibilidad de la Justicia, al igual que tantas sentencias o la reciente elección para el Tribunal Constitucional de jueces en su día imputados y claramente afines al PP (qué tiempos los de Manuel García Pelayo, Francisco Tomás y Valiente o Francisco Rubio Llorente). Estos jueces conservadores y parciales son parte de los que quieren mantener el viejo orden e impedir la superación del modelo neoliberal. Si no vencen en las urnas y la manipulación mediática no basta, es el momento de los jueces. Que en la historia ha precedido al momento de los militares. ¿O alguien cree que es gratuito el acercamiento de Vox a los sectores más reaccionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Malos tiempos para la democracia.

Si no vencen en las urnas y la manipulación mediática no basta, es el momento de los jueces.

Dijo la discípula de Aznar en la FAES, portavoz y diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo que los jueces iban a ser el último freno al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Parece que sabe lo que decía. Ganan batallas. Aunque la reacción no cuenta con que hay gente en España a la que hace tiempo que se le fue el miedo. Y a la espera de que Europa vuelva a recordarles que les siguen oliendo los pies a franquismo.