Lo que las fuerzas del Estado (no) esconden

El caso del intendente de la Policía Municipal de Madrid, José Rodríguez Vacas, deseando la muerte a Pedro Sánchez en su cuenta de Facebook, ha levantado polvareda, pero no tanto. Al fin y al cabo, Vacas, que arrastra un historial denunciado en estas mismas páginas y que ya quisieran los guionistas de Torrente, es uno de los nuestros, un simpatizante de Vox, como deja constancia también en su red social. Ante la gravedad de las declaraciones públicas del intendente -jefe de la seguridad de altos cargos que circulan por Madrid, ergo, también del presidente de Gobierno-, el Ayuntamiento de Almeida tuvo que cesarlo, pese a hacerse el remolón al principio hablando de declaraciones privadas.

Estamos a uno o dos portadores legales de armas (policías, militares, vigilantes privados ... ) de perder la cuenta del número de aquellos que quieren matar a Sánchez, al Gobierno socialcomunista-etarra-bolivariano-satánico y a todos los progresistas de esta España nuestra. Y eso, pese a que de la gravedad del caso de Vacas se ha hablado bastante poco, es un síntoma de la peor calidad democrática. Al ex JEMAD Julio Rodríguez se le ha llamado de todo menos bonito por haberse integrado en Podemos; para todos los militares que están en Vox, el elogio es constante a la hora de exponer sus currículos.

El partido de Santiago Abascal suele ser el sitio natural de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que quieren darse un garbeo por la política, por eso, tanto la ultraderecha como el PP -que también quiere su parte del pastel electoral- estarán en la manifestación contra la retrasada reforma de la ley mordaza que han convocado los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional (Jupol) y de la Guardia Civil (Jucil) el 4 de marzo en Madrid y que se cerró tras una reunión con el moderado Alberto Núñez Feijóo en la sede nacional del PP. La animadversión de los dos sindicatos hacia el Ejecutivo no se refleja solo en sus reivindicaciones (que no se toque la veracidad porque yo lo valgo de los simples relatos de los agentes como prueba en los juicios, por ejemplo), sino en el propio origen y activismo de sus responsables, financiados en parte por un Ciudadanos, tal y como destapó Público, en su etapa de esplendor a través de Jusapol como asociación policial que reivindicaba la equiparación salarial de los agentes del Estado con los autonómicos de Euskadi y Catalunya.

Esta asociación, no obstante, ha ido empoderándose y radicalizándose gracias al apoyo de Vox y PP, llegando a liderar los dos sindicatos mayoritarios de Policía y Guardia Civil y constituyendo un auténtico quebradero de cabeza para el Ministerio del Interior, que, dicen que "para no exaltar más los ánimos en una situación muy delicada y compleja para el Gobierno", siempre apelan a la discreción, al respeto, al elogio del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al silencio acerca de estos dos pesos pesados de la (ultra)derecha, Jupol y Jucil, justamente, sobre quienes ostentan la legitimidad del uso de la violencia armada.

A la vista de los acontecimientos desde que Albert Rivera puso la semilla de Jusapol, se diría que las cosas han ido a peor, incluso, con la actitud prudente de Interior; y lo que es más grave, que tienen visos de empeorar aún más. Solo cuando la manifestación pública de ese radicalismo antidemocrático es tan descarada como la de especímenes como Rodríguez Vacas, los gobiernos se ven obligados a tomar decisiones drásticas-pero-no-tanto, ya que el susodicho seguirá como funcionario. ¿De verdad no es motivo de expulsión de la Administración desear la muerte del presidente del Gobierno por parte de quien está obligado a protegerlo?

España tiene un problema en el seno de Policía y Guardia Civil, tambien de los ejércitos, y los que mayormente deberían estar interados en arrancarlo de raíz son los agentes y militares profesionales y decentes, que son muchísimos y muchísimas. Y a la vista de que Interior ya tiene bastante con sus equilibrios internos, más vale que sean los propios uniformados/as los que tomen las riendas del futuro de un sector trascendental para la democracia; o para su ausencia.