Desecación de las marismas de Doñana. Los estragos que el gobierno andaluz prepara para el privilegiado espacio

Hace ya cinco años escribía sobre Doñana ensalzando sus muchos valores y advirtiendo (como muchas organizaciones ecologistas) sobre las amenazas que pesaban sobre un espacio excepcional.

Y es que el Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Allí confluyen playa, dunas, cotos, marisma... que le dotan de una personalidad también única. Estimó la UNESCO para declararlo Reserva de la Biosfera en 1980, que su importancia se basaba en la variedad de ecosistemas que alberga y el alto número de especies que representa. Con tierras que son ricas y fértiles, al depositar la marea sedimentos que enriquecen sus suelos. Cumplen las marismas importantes funciones amortiguando y minimizando los efectos de las corrientes marinas cuando sopla fuerte viento o arrecian las tormentas. Y son especialmente vulnerables y frágiles, además de tener extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas.

En 2000, el Ministerio de Medio Ambiente, tras la catástrofe de Aznalcóllar, que no llegó a afectar directamente al parque, promovió el programa "Doñana 2005", cuyo fin era la regeneración hídrica de las marismas. Y aquí estamos, en 2022 que vuelve la amenaza de colapso de todo el sistema hídrico como consecuencia de intereses económicos ilegítimos, que ponen en solfa el patrimonio común y su futuro.

Al río que la baña, el Guadalquivir, también le llegan amenazas que comprometen la conservación de Doñana, en forma de vertidos contaminantes, alteraciones como un pretendido dragado que destrozaría el lecho del río, sustracción de sus aguas mediante extracciones legales e ilegales, etc…

Cuando se pone en peligro la marisma, se ponen en peligro, ecosistemas muy valiosos y necesarios para gran cantidad de especies de fauna y flora, pero no solo para ellas, también para los pueblos de la zona que tienen en la conservación del humedal la mas clara garantía de futuro. Es decir, es inexcusable mantener su integridad. Sin embargo, viene siendo acosado permanentemente por todo tipo de proyectos. Desde los años noventa, el acoso ha sido recurrente, y las presiones han sobrevolado permanentemente sobre tan frágil y valioso ecosistema.

Ya en 2010, los de extracción de hidrocarburos, que puso en evidencia la desvergüenza de Felipe González, al aprobarse mientras presidía el Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, a 300 metros al norte del espacio protegido, un gasoducto de 18 kilómetros y cinco pozos de extracción de gas, por parte de la empresa filial de Gas Natural, Petroleum Oil & Gas España. Tres meses después de aprobarse ese proyecto, era fichado como consejero de Gas Natural Fenosa. El descaro con el que cruzó la “puerta giratoria” es manifiesto. A pesar de las demandas de los ecologistas, el Consejo de Participación no emitió ninguna opinión o informe sobre aquel proyecto con la excusa de que ni siquiera tocaba los límites del Parque Natural, aunque afectaba a zonas LIC y ZEPA igualmente protegidas por la Unión Europea. La administración autonómica en manos del PSOE apoyaba el proyecto. En 2013 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con Arias Cañete dirigiéndolo, emitió una Declaración de Impacto Ambiental a favor de un proyecto de extracción y almacenamiento de gas, esta vez ya sí, en el interior del Espacio Natural Doñana, que incluía la construcción de siete pozos y 24,5 kilómetros de gasoductos y líneas eléctricas acompañantes. El proyecto afectaba a los pinares de la zona norte del Parque Natural de Doñana, una de las zonas de cría y dispersión más importantes de lince ibérico.

Desde luego, ni las especies que habitan el parque ni los municipios del entorno salían beneficiados de esta cesión, pero tampoco la sociedad española ni la europea, que llevaba cuarenta años invirtiendo recursos humanos y económicos para conservar el valioso espacio.

La pretensión de Gas Natural era almacenar el gas procedente de Argelia, convirtiendo así, una parte de la provincia de Huelva en un inmenso almacén desde el que bombear después. En su día visitamos y denunciamos la ampliación de esas conducciones que se acometieron en 2016, Juan López de Uralde y yo misma.

Por si todo esto no fuera suficiente, añadamos estos días la noticia de que el PP andaluz ha preparado una norma para regularizar la mayoría de las 1.600 hectáreas que usan agua de Doñana de manera ilegal.

Normalizar y dar carta de naturaleza a los múltiples pinchazos ilegales en el acuífero, ejecutados por una agricultura insostenible, que extrae por encima de la capacidad de recarga del mismo, es acabar de rematar el privilegiado enclave y además sentenciar el futuro de las explotaciones, tanto las legales como las ilegales beneficiadas por el disparate. Una extracción -más allá de lo razonable- de agua del acuífero que es el corazón de la marisma, y que se suma a la contaminación de las mismas con pesticidas y productos usados en la agricultura intensiva que lo cercan y que también es alta.

Es tal el despropósito, que cabría esperar que esta iniciativa del gobierno andaluz no prosperase en el Parlamento de Andalucía. Si se llegase a aprobar, significaría amnistiar más del 85% de la actual superficie ilegal. Teniendo en cuenta que la legislatura enfila su recta final, la intención del PP es conseguir la aprobación por el procedimiento de lectura única para así aligerar los plazos, lo que requiere el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces del Parlamento. Espero que este momento no llegue. Habla el PP de “armonizar la situación actual”, y con ello, lo que pretende es enmendar algunos aspectos del Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta de Andalucía que presidía Susana Díaz y que pretendía regular las zonas de regadíos ubicadas al norte del espacio natural, sin embargo, los cultivos de frutos rojos han seguido creciendo, esquilmando cada vez más los recursos hídricos de Doñana y produciéndose enfrentamientos cuando se han cerrado pozos ilegales. Y es que los suelos pasaron de uso forestal a agrícola sin considerar que incluyeran derechos de agua. Ahora el PP con su proposición de ley quiere amnistiar una mayoría de las 1.600 hectáreas que, según sus cálculos, exportan por valor de unos 100 millones de euros.

Con la amnistía, el PP plantea una modificación de la Ley Forestal andaluza, para poder considerar estos suelos como "de base agrícola que soportaron un cultivo forestal de ciclo corto”, es decir, asumir que históricamente fueron agrícolas, y durante un corto periodo se plantaron eucaliptos para obtener celulosa y por ello estaría justificado volver a considerarlos agrícolas y “regables”. Y esto no solo no puede ser así, sino que habría que reducir el exceso de regadíos que ya hay.

Por eso WWF se ha manifestado con contundencia sobre esta propuesta del PP que "supone no sólo una burla a la sociedad española y a los organismos internacionales, sino uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una administración en la historia de este espacio protegido", además de implicar un "descrédito internacional incalculable para nuestro país y especialmente para la Junta de Andalucía y sus supuestos esfuerzos para salvar Doñana de la desecación".

En definitiva, muchos intereses de los empresarios de la industria agroexportadora de frutos rojos, y poca consideración por un patrimonio común que necesitaremos para el futuro.