“Dejar que los niños y niñas de migrantes en situación irregular crezcan en desventaja es ser muy estúpido como país”

Hodei Ontoria (@hodei_ontoria99) / porCausa

• Liliana Marcos, investigadora de Oxfam Intermón, habla sobre cómo afecta el COVID-19 en los hogares con un alto índice de pobreza y su relación con las familias migrantes: “Sabemos que la incidencia de pobreza en familias en las que al menos uno de los progenitores es migrante es mayor”

• “Adquirimos derechos de protección social en función de lo que contribuimos”

• “La mortandad del COVID-19 es mayor en hogares con rentas más bajas”

Desde que se decretó el estado de emergencia por coronavirus, el gobierno y otras voces de peso repiten sin cesar que esta enfermedad no distingue de clases sociales, que ataca a todos por igual. Sin embargo, tras los primeros tonos de llamada por Skype, Liliana Marcos, investigadora sobre desigualdad y políticas públicas de Oxfam Intermón y coautora de La hora de rescatar personas, defiende que no es así: la enfermedad, asegura, tiene una mayor mortalidad en las personas con una renta más baja, entre las que se incluyen los migrantes en situación irregular, que a menudo viven en situaciones de hacinamiento, peores condiciones sanitarias e imposibilidad de trabajar mientras esperan con incertidumbre que el Gobierno entienda la importancia de regularizar su situación.

Liliana Marcos a través de la investigación ha dirigido su carrera en la lucha contra las desigualdad social en el empleo, protección social y fiscalidad para todas las personas sin importar su situación administrativa o la renta de los hogares. Su trabajo se ve reflejado en varios informes y artículos publicados en Oxfam y en varios medios nacionales como eldiario.es, Público, El Periódico y ABC. Entre sus recientes propuestas desde Oxfam Intermón destaca la propuesta para crear y financiar una renta garantizada que sacaría a cuatro millones de personas de la pobreza en España.

Pregunta: Los informes de Oxfam aseguran que las políticas protección social están infradotadas en comparación con la media europea. ¿En qué se traduce la falta de dotación de cara a la población más vulnerable, como los migrantes, en plena crisis sanitaria?

Respuesta: Dentro de la población más vulnerable, sabemos que la incidencia de pobreza es mayor en familias en las que al menos uno de los progenitores es migrante. Esta indecencia es mayor en los extranjeros y extranjeras que están en una situación pendiente de regularizarse, que son un colectivo mucho más vulnerable. Nuestro sistema de protección social está infradotado, tenemos menos fondos y de donde se sacan esos fondos es eminentemente contributivo, es decir, adquirimos derechos de protección social en función de lo que contribuimos. No se recibe en función de las necesidades, sino en la capacidad de aportar, y como la capacidad de aportar de estas personas es muy poca, lo que reciben es poco.

P: Trabajadoras del hogar, repartidores falsos autónomos, temporeros, personas migrantes en general: si piensa en estos colectivos, ¿qué lecciones extrae de la crisis del COVID-19?

R: Se extraen dos elecciones. La primera, que hay que garantizar derechos independientemente de tu contrato laboral. Todas las personas tienen que tener acceso a las misma protección, sean autónomos, temporeros o fijos. La diferencia de protección entre cada uno de esos contratos debiera reducirse. Segunda, las políticas de lucha contra la pobreza deberían reformularse completamente. Aquí es donde encontramos la propuesta del gobierno del ingreso mínimo vital. Somos el único país de Europa que no tiene una renta garantizada similar a la de la propuesta.

P: En el informe “Aprendamos de nuestros errores”, piden la protección de personas trabajadoras que se han quedado fuera de las medidas del gobierno. El documento esas personas están divididas entre sectores vulnerables al despido, repartidores falsos autónomos, trabajadoras del hogar y personas migrantes. Sin embargo, a menudo coincide con que son los migrantes quienes sufren todas las condiciones anteriores; ¿cómo lo cómo debería actuar el gobierno? ¿Cree que debe priorizarse la condición de persona migrante o su situación laboral?

R: Efectivamente, son colectivos muy vulnerables en los que tenemos un gran porcentaje de población migrante en situación irregular. Concretamente, dentro del grupo de trabajadoras domésticas que nosotros trabajamos bastante, en el que hay muchas migrantes en situación irregular, están obligadas a no cotizar porque tenemos una ley de extranjería que no facilita vías de entrada legales y seguras. Respecto a la segunda pregunta, debe priorizarse la condición de ser persona en general. La población que vive en situación de precariedad, entre ellos muchos migrantes, entre ellos muchos jóvenes y entre ellos muchas mujeres que en general cuentan con una baja cualificación.s gente que está atrapada en la precariedad y no accede a derechos por su contrato de trabajo en vez de acceder a los derechos por otros mecanismos.

P: Según Eurostat, en 2018 la tasas de hacinamiento de los migrantes de fuera de la Unión Europea en España era del 20,4%, mientras que la tasa de los ciudadanos europeos y nacidos en España residentes en el país no llegaba al 5%. Si extrapolamos estos datos al confinamiento y a las medidas de sanidad impuestas por el gobierno, ¿qué opina al respecto?

R: Creo que los datos que están saliendo de otros países y los que salen desde España indican que la incidencia que sale de la enfermedad y también de la mortandad es mayor en hogares con rentas más bajas. Las personas de ese 20,4% viven en situaciones de hacinamiento, ahí entras en contacto con demasiada gente y es difícil poner en marcha las medidas de aislamiento social recomendadas por los expertos en salud pública. De España no hay datos, pero los datos de otros países demuestran que el teletrabajo es mucho más frecuente en rentas altas que en rentas bajas, con lo cual tienen que salir más a la calle. Otro factor que es mucho más relevante tiene que ver con las condiciones de salud, y es que si tu estas toda tu vida limpiando casas, trabajando con productos químicos, o siendo parte del sistema de atención a la dependencia, tu situación de salud cuando te jubilas es mucho peor, se duplican las condiciones de riesgo previas que hacen que la COVID-19 sea mucho más grave, tal y como demuestran las estadísticas sanitarias.

P: En plena pandemia, muchas personas migrantes siguen trabajando mientras viven en situación de hacinamiento y con muy pocos recursos. ¿Qué riesgos implica que estas personas estén desatendidas?

R: Hombre, aquí ya es entrar en cómo se contesta a una crisis de salud pública y eso mejor que conteste alguien relacionado con salud pública. Pero, sin duda, las medidas deberían tomarse con un enfoque de equidad. En los hogares de una menor renta es más probable que encuentres gente de la tercera edad viviendo con ellos porque y según los datos se intuye que también incide en una mayor mortandad.

P: Muchas personas migrantes en situación irregular viven de la economía sumergida y tras el COVID-19 han tenido que dejar de trabajar y quedarse en casa, ¿cómo les podrían llegar las ayudas si no se les regulariza?

R: Aquí se ve una contradicción: el estado te da una ayuda por no poder trabajar pero a la vez el estado no te deja trabajar, por eso lo primero pasa por una regulación extraordinaria y sin duda hay que cambiar la ley de extranjería. Nosotros pedimos que, en el informe que se está diseñando el ingreso mínimo vital, se incluya a los migrantes en situación irregular o al menos, permitir que los hogares con niños y niñas escolarizados accedan a la prestación, de lo contrario es dejar a niños y niñas que son nuestros vecinos y que sabemos que se van a quedar en España crezcan en desventaja y eso es perder talento, es ser muy estúpido como país.

P: Una vez que pase la crisis sanitaria se prevé una crisis económica. Ustedes proponen la creación de una renta garantizada que se traduciría en una inversión total de 6.500 millones de euros, ¿qué porcentaje estiman que iría destinado a los personas migrantes en riesgo de pobreza?

R: El ingreso mínimo vital en el que está trabajando ahora mismo el gobierno es una renta garantizada. Salga nuestra propuesta o salga otra lo importante es que cumplan una serie de principios y características para que la renta llegue a una serie de gente que la necesita, sea eficiente y eficaz en la lucha contra la pobreza y reduzca las desigualdades. Las cantidades cambiarán según lo que decida el gobierno, pero lo que nos importa es que sea un derecho subjetivo; las personas tienen derecho a él independientemente de la disposición presupuestaria, si lo pides y cumples las condiciones, tú tienes derecho a recibirlo.

P: Parte del sello Oxfam está en la atención que prestan a temas de fiscalidad e igualdad. Teniendo en cuenta la crisis económica que se avecina, desde el punto de vista fiscal, ¿que supondría para España regularizar a los miles de migrantes que trabajan en la clandestinidad por no tener papeles?

R: Hay muchos estudios de referencia sobre la mejoría económica que supone acabar casi con gran parte de la economía sumergida y que estas personas pasen a contribuir al sistema a través de cotizaciones sociales o impuestos a los ingresos personales del IRPF, y no únicamente a los impuestos indirectos, que es a lo que ellos contribuyen. Con lo cual, surge una reflexión: los impuestos indirectos en las sociedades de consumo son regresivos porque no tienen en cuenta los ingresos de las personas, pero es que además no tienen en cuenta la situación administrativa, entonces, las personas a las que no les estas dando todos los servicios que ofrece el estado, te están aportando a través del IVA que es un impuesto regresivo en las dos vertientes, en la renta de las hogares y en la situación administrativa.