Beatriz lleva 61 días sin ver a su hija de diez años. "No sé nada de ella. Siento que mi vida se paró el 12 de marzo". Esa fue la fecha en la que el personal de la Xunta de Galicia recogió a la niña sin previo aviso en su colegio. Cumplían una sentencia judicial que estableció como medida cautelar y provisional que la niña ingresase en un centro de menores mientras se resolvía su custodia compartida.

En el reverso del caso estaba la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental. Una teoría sin base científica que se utiliza en procedimientos judiciales para culpar a las madres en situaciones de separación y custodia, reprochándoles que hijas e hijos muestren rechazo hacia el padre.

El juzgado tomó la decisión de trasladarla a un centro en aras de "pautarle un tratamiento o terapia adecuado para normalizar la relación paternofilial" tras las negativas de la niña de ver a su padre. Esta decisión llegó de la mano de varios informes del Instituto de Medicina Legal de Galicia, en conjunto con el Punto de Encuentro Familiar de Pontevedra (PEF) y el Gabinete de Orientación Familiar de Vigo, que señalan a la madre como responsable de que la niña no quiera relacionarse con el padre.

Esta madre atiende a Público para una entrevista en la que se echa a llorar varias veces. El tiempo corre y la dilación en el proceso judicial está haciendo mella en su salud mental y física. Además, Beatriz padece una enfermedad grave que le diagnosticaron poco antes de conocer la decisión del juez. "Siento que me robaron a mi hija. Eso es lo que me importa, ya no noto ni la enfermedad", cuenta.

La madre de la niña lleva varias jornadas sin salir de casa. "¿Qué razones puede haber para que no pueda estar con ella? El retraso judicial lo único que acarrea es dolor emocional a mi hija y a mí. Nos perjudica gravemente. En mi caso, con esta situación, me he aislado y perdido completamente. Ni siquiera me han dejado hablar con ella el Día de la Madre", explica con ansiedad.

Su única esperanza es que las instituciones judiciales y administrativas escuchen a la menor. "El mes que viene mi hija cumple 11 años y podrían escucharla, ella habla claro y tiene derecho a decidir. Al no escucharla, directamente hay un secuestro institucional", continúa.

“Incumplimiento” de la sentencia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Marín estableció que la niña no podría tener contacto con la madre en un plazo mínimo de tres semanas desde su ingreso en el centro. El auto establece que sea el propio personal de menores el que determine cuando se restablece el contacto con ambos progenitores.

La madre denuncia que hay un "incumplimiento" por parte del personal de la Xunta que no facilitó la comunicación con ella después de tres semanas. Sin embargo, el padre ya mantiene visitas con la menor. "Una madre del colegio de mi hija lo vio con la niña en un centro comercial de Vigo. Estaban los dos solos sin técnico de menores. Yo no sé absolutamente nada de ella, ni por vía telefónica, ni por llamada, ni por carta", reprocha.

Cada mes el personal de menores debía emitir un informe sobre la evolución de la niña y de la propia terapia. Esos documentos tendrían que remitirse mensualmente a la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia. A día de hoy, solo consta un único informe con fecha 5 de abril que aconseja el mantenimiento de la situación.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consellería de Política Social para conocer cómo se está resolviendo el procedimiento y si se dará fin a la incomunicación de la menor con su madre. Al cierre de este artículo no hubo respuesta.

La aplicación del falso SAP: “Está a la orden del día”

"La primera vez que le dije a la niña que íbamos al punto de encuentro se enroscó en las sábanas de la cama", asegura Beatriz, que mantiene que ella cumplió siempre con las visitas. Sin embargo, la niña no quería ver a su padre. "La técnico coordinadora me dijo que teníamos que dar de baja las visitas en el punto porque veían que la niña no evolucionaba y que, incluso, no crecía físicamente. Ella tenía miedo", asegura su madre.

Tras rechazar la viabilidad de la custodia compartida, el equipo psicosocial emitió otro informe responsabilizando a la madre de la actitud de la niña y recomendando la custodia para el padre. "No me volvieron a entrevistar, ni tampoco a su padre, para ese segundo informe. Después, la decisión judicial simplemente lo replicó", explica la madre.

Al principio Beatriz creía que en su caso no existía la aplicación del SAP pero, después de todo, lo ve de manera nítida. "Ahora compruebo con dolor que está a la orden del día, y que la decisión contenida en el auto judicial que interrumpe la comunicación con mi hija estaba basado en el SAP incluso cuando está prohibido en los juzgados", explica.

De hecho, a principios de febrero, otro tribunal de Cambados revocó la custodia y la patria potestad de dos hijos de siete y diez años a su madre. Igual que con el caso de Beatriz, el análisis del Imelga cuestionaba el comportamiento materno.

Concentraciones en repulsa del “castigo” contra la madre

En la tarde del viernes se convocó una concentración del movimiento feminista gallego en el Punto de Encuentro para reclamar a las instituciones una solución para esta madre de Pontevedra. La convocatoria la promueve la Rede Galega por la Igualdade en colaboración con el Colectivo Feminista de Pontevedra.

La madre de la niña acudió a la manifestación con varios globos violetas. "He hecho un globo especial con la inicial de mi hija, de su nombre, para soltarlo al cielo como una señal para que dejen libre a mi hija. Quiero simbolizar que mi hija merece libertad para decidir y que podamos estar juntas", explica.

Entre las demandas del movimiento feminista gallego está retomar la comunicación entre madre e hija, conocer de mano de la Xunta la "evolución del tratamiento" de la niña e incorporar la perspectiva de género en los informes del Imelga.

"Hay que evitar decisiones excepcionales que en nada benefician a la niña y que más bien corresponden a un castigo contra su madre. Queremos que el daño psicológico cese ya y que se tenga en cuenta el interés superior de la niña que está siendo revictimizada por las instituciones que tienen que protegerla", escriben las activistas en un comunicado al que ha tenido acceso Público.