Liberadas 12 víctimas de explotación sexual secuestradas en un sótano de Madrid en condiciones infrahumanas

La Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado a 12 mujeres víctimas de explotación sexual que estaban secuestradas en el sótano de un chalé en Madrid en condiciones infrahumanas y eran obligadas a prostituirse por una banda, que ha sido desarticulada con 12 detenidos en Madrid y Las Palmas.

Según ha informado este viernes en un comunicado la Dirección General de la Policía, las víctimas (entre las cuales se encontraba una persona con una discapacidad intelectual del 67%) eran explotadas sexualmente a diario.

Hasta 11 de los integrantes de la banda han sido detenidos en Madrid y otro de ellos en Las Palmas, acusados de participar en delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal y relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pornografía y contra la salud pública.

Los implicados captaban a las víctimas en sus países de origen mediante engaño, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y con la promesa de trabajos dignos y bien remunerados.

La red se hacía cargo de todos los trámites y gastos necesarios para que accedieran a España y, una vez que las víctimas llegaban a su destino, se las informaba de que habían contraído una deuda económica con la organización, que llegaba a triplicar los gastos reales del viaje. Esta deuda debía ser abonada explotándose sexualmente y para ello las mujeres eran trasladadas a un chalé ubicado en Madrid.

Todas ellas vivían hacinadas en un sótano sin ventanas, en condiciones insalubres, sin poder salir al exterior y bajo la amenaza de ser multadas si no cumplían con las condiciones impuestas.

Además, las víctimas tenían que abonar 100 euros por su estancia y entre 16 y 20 euros por la comida y, como parte de la explotación sexual, eran obligadas a realizar dos servicios sexuales con cada cliente y sexo oral sin preservativo. En el chalé también se traficaba con cocaína y eran ellas las que tenían que transportarla cuando salían al exterior.

La organización contaba con una fuerte infraestructura en España, incluido un inmueble empleado como prostíbulo, y llegaron a cobrar a través de una plataforma de pago 1.244.767,49 euros.