"El primer mensaje que quiero mandar es que estamos en una situación de extrema gravedad, en que la sociedad tiene que estar en alerta. Es necesario extremar la precaución porque son días de mucho riesgo", ha afirmado este miércoles en rueda de prensa la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Ha explicado que las cifras demuestran que existen repuntes de la violencia de género en fechas como Navidades (diciembre y enero) y en las de verano, como julio y septiembre y que el 75% de los ocho últimos asesinatos en diciembre se han producido en días festivos y fines de semana. 

Por eso ha pedido a la sociedad en su conjunto que "no baje la guardia" y que contacte con cualquier teléfono de ayuda, incluso al 112, ante "cualquier acto, aunque parezca leve, porque las instituciones y las Fuerzas de Seguridad del Estado están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana". Rodríguez recordó que la violencia de género es un delito público desde la ley del año 2004, "por lo que puede ser denunciado por cualquier persona", no sólo por la víctima. 

Rodríguez afirmó que el Gobierno ha hecho autocrítica por los fallos que han llevado al asesinato de las ocho víctimas confirmadas sólo en el mes de diciembre y que todos los casos han sido pormenorizadamente analizados uno a uno para entender dónde "hubo grietas" y cómo cerrarlas. 

Estas reflexiones se produjeron en una rueda de prensa una vez concluido el comité de crisis reunido por primera vez este miércoles impulsado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y en el que es encontraban representantes del Ministerio de Igualdad, de Justicia, Interior, la Fiscalía de Sala contra la violencia de género, las comunidades autónomas en las que se han producido los últimos crímenes machistas y las Unidades de Violencia de dichas autonomías. Se trata del primer comité de crisis gubernamental que se reúne debido un repunte de víctimas de violencia de género con el objetivo de analizar la situación y los datos particulares de los casos para reforzar la respuesta interinstitucional.

La decisión de reunir a este comité se tomó tras el repunte de asesinatos por violencia de género producidos este mes de diciembre, que ha sumado ocho mujeres asesinadas y un total de 10 menores huérfanos. Los casos pueden incluso incrementarse puesto que hay dos en investigación. El de una mujer asesinada en Bilbao este miércoles y otro en Soria. Este comité, acordado en una reunión en Tenerife en julio pasado, se activa cuando ocurran feminicidios de especial relevancia o cuando en un solo mes se produce un repunte de casos, es decir, el asesinato de cinco o más mujeres en una o diversas comunidades autónomas. 

Mejorar la actuación entre instituciones

Las representantes del ministerio de Igualdad no han entrado a explicar con detalle actuaciones concretas que se deben llevar a cabo y han afirmado que "la gravedad de los hechos no permite tomar soluciones en caliente", pero que esta primera reunión del comité de crisis ha sido clave para hacer una análisis pormenorizado de la situación y analizar caso por caso. Sin embargo, sí han apuntado la necesidad de tomar medidas en ámbitos concretos.

El primero de ellos es el de ahondar y mejorar la coordinación entre instituciones. Un tema clave, puesto que el 50% de las asesinadas en diciembre reconocidas hasta la fecha (es decir, cuatro de las ocho) habían denunciado. Una cifra inusualmente alta. También el resto del año la cifra de denuncias de las mujeres asesinadas ha sido más alta de lo habitual. De las 46 víctimas mortales reconocidas hasta la fecha por Igualdad, 18 (es decir, casi el 40%) habían denunciado a sus agresores. Igualdad ha reconocido, además, que varios de los asesinos eran reincidentes. 

Por todo ello, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, también apunto a la necesidad de reforma del Viogén, un sistema de detección del riesgo policial de las víctimas de violencia de género y la coordinación de las instituciones a la hora de compartir información. "El sistema de Viogén puede ir más allá en el tiempo y recopilar más datos sobre los agresores", afirmó Rosell, quien reconoció que tal vez es hora de incluir en esta herramienta los datos que se albergan en los servicios sociales y no sólo los policiales y del sistema de justicia. Una idea que ya se lanzó el pasado verano, pero que no se llegó a implementar. Rosell afirmó que "es necesario insistir en la tolerancia cero. La solución no es solo judicial. El sistema debe amoldarse a cada víctima".

Por un lado, se precisan medidas de protección civil, que permitan una especialización para casos especiales como los que se han dado en los asesinatos de las ocho mujeres este diciembre, donde varias eran octogenarias, otras tenían discapacidades o adicciones o eran inmigrantes altamente vulnerables. "Necesitamos medidas adaptadas", afirmó Rosell.

Por otro lado han apuntado que es preciso ahondar en la formación de todas las personas que tienen contacto con las víctimas, en especial los servicios sociosanitarios para la detección. Rosell ha explicado que, además que "es muy triste que a posteriori" vecinos o médicos de las víctimas hablen de las sospechas de la violencia y que "detectarla y denunciarla es un deber ciudadanos que salva vidas".

En total en nuestro país han sido asesinadas un total de 1.179 mujeres por violencia de género (las cometidas por las parejas o exparejas de las víctimas) desde que en 2003 se comenzaron a recopilar estadísticas sobre estos feminicidios.