La Fiscalía ha pedido al tribunal superior de Andalucía que no admita a trámite la querella presentada por Juana Rivas en contra del juez Manuel Piñar por un "delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral (maltrato institucional)". La querella, interpuesta por los abogados de Rivas a finales de julio pasado, justificaba esta acción por las "decisiones ilegales" realizadas por el juez durante la tramitación de la ejecutoria en el caso de Rivas. El escrito acusaba a Piñar, además, de falta de imparcialidad y objetividad y de haber tramitado en paralelo un expediente de indulto "careciendo absolutamente de competencias para ello" con la única intención de "informar negativamente de dicho beneficio, alterando intencionalmente la realidad y ocultando la existencia de dicho expediente a la defensa".

La tramitación del indulto hacia Juana Rivas era competencia del Tribunal Supremo, la última instancia judicial que la sentenció. Durante este trámite, tanto la Fiscalía de Granada, como el propio Piñar emitieron sendos informes en contra del indulto, algo que inmediatamente la Fiscalía matizó, al emitir un comunicado afirmando que ni el fiscal de Granada ni Piñar eran competentes en la causa, que correspondía al Supremo.

Ahora, la Fiscalía no sólo pide al TJSA que inadmita la querella presentada por los abogados de Rivas, sino que además pide que se le imponga una multa de 5.000 euros por "abuso de derecho".

La última palabra sobre la querella está ahora sobre la mesa del TSJA, aunque Carlos Aránguez, letrado de Rivas, afirma que la decisión está clara tras la petición de la Fiscalía. 

La querella que propone rechazar la Fiscalía, solicita, entre otras cosas, que se investigue un expediente de indulto paralelo presentado por Piñar denegando el indulto de Rivas sin ser competente. Una petición de indulto presentada por un hombre antes de que la condena de Rivas fuera firme por el Supremo y que Piñar habría guardado durante dos años en un cajón, tal como denuncian los abogados de Rivas. Además, aducen los letrados, el escrito de Piñar contrario al indulto, no sólo es irregular por no ser competente, sino que estaba basado en "tres absolutas falsedades", una de las cuales afirmaba que Rivas había permitido un abuso sexual hacia su hijo menor.

"La decisión de la Fiscalía nos resulta increíble", afirma Aránguez. "No sólo porque en ella propone multar a Rivas por abuso de derecho, sino porque propone descartar la querella sin siquiera investigar. Hay un testigo, que es el hombre que presentó a título personal una supuesta petición de indulto hacia Rivas antes de que el Supremo la condenara en firme. ¿Por qué el juez Piñar la metió en un cajón durante casi dos años y luego la utilizó para presentar un trámite de indulto paralelo? No entendemos que se pida la inadmisión de la querella sin investigación y culpando a nuestra representada por mala fe". 

Aránguez señala, además, la incongruencia de la Fiscalía, que reprendió al fiscal de Granada y al juez Piñar por emitir informes contrarios al indulto de Rivas en julio de 2021, "advirtiéndoles que no eran competentes para ello y ahora pide una sanción para Rivas afirmando que abusa del derecho a denunciar". "Existe un gran corporativismo", añade. 

Recurso ante el Constitucional e instituciones internacionales

La defensa de Rivas afirma que seguirán adelante. Las alternativas son pocas en nuestro país. El aforamiento que protege a los jueces implica que cuando se denuncia a uno de ellos y la querella se inadmite, no existe ningún otro tribunal donde se pueda continuar el trámite. No se puede ir al Supremo. El caso queda en Granada. "La única actuación posible es presentar un escrito de súplica ante el mismo tribunal y las mismas personas que han inadmitido la causa. La otra posibilidad es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". 

La defensa de Rivas ha confirmado a este diario que harán las dos cosas. El amparo ante el Constitucional será por la lesión a la tutela judicial efectiva de Juana Rivas. Si estos trámites no son admitidos, afirman que irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a las instituciones internacionales que fiscalizan la actuación de los tribunales.

El juez Piñar condenó a Juana Rivas en 2018 por dos delitos de sustracción de menores a cinco años de prisión y a seis años de privación de la patria potestad, con una sentencia polémica que utilizaba argumentos contrarios a la ley de violencia hacia la mujer y que está fechada el mismo día en la que se realizó el juicio. Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Granada. Finalmente el Tribunal Supremo rebajó la condena a la mitad (dos años y seis meses de cárcel) por entender que se trató de un sólo delito de sustracción y no dos. 

En noviembre del año pasado el Gobierno concedió a Rivas un indulto parcial, por el que rebajaba la prisión a un año y tres meses y permitía pedir la suspensión de la condena y a sustituyó la privación a la patria potestad por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.​