Extremadura, Galicia y Cantabria se sitúan a la cola en España en cuanto a la acogida de mujeres víctimas de violencia de género, según datos del informe Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) de 2023, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El índice, pensado como una herramienta para evaluar y clasificar el desarrollo de estos servicios, revela −entre otras cosas− que estos territorios presentan una llamativa carencia de plazas en centros de acogida en comparación con el número de víctimas del terror machista con orden de protección emitidas desde los juzgados.

De acuerdo con el informe, Extremadura, gobernada por María Guardiola (PP) con el apoyo de Vox desde 2023, cuenta con un ratio de plazas en centros de acogida entre número de órdenes de protección expedidas de solo un 6,2%. Galicia, feudo histórico del Partido Popular, tiene una cobertura similarmente baja del 6,5%; mientras que Cantabria, donde Miguel Ángel Revilla dio el testigo a María José Sáenz (PP) hace un año, apenas alcanza el 7%. Los datos colocan a estas tres comunidades autónomas en el "top" de las peores clasificaciones.

A nivel estatal, el informe indica que el ratio medio de plazas en centros de acogida para víctimas de violencia de género frente a órdenes de protección es de en torno al 14%. Algunos territorios, como Euskadi, destacan positivamente con un 60%, muy por encima del promedio nacional y de las mencionadas comunidades autónomas en desventaja. Comunidades como Navarra (22,4%) y La Rioja (24,3%) también tienen índices significativamente superiores, aunque están lejos del caso excepcional de los vascos.

Estas cifras reflejan una situación crítica en la efectiva protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista en ciertas regiones del país y subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas para garantizar una cobertura adecuada y equitativa en todo el territorio nacional. Gustavo García, coordinador del estudio, ha cuestionado la falta de homogeneidad, así como la carencia de un banco de datos común por parte del Ministerio de Igualdad, "que en última instancia es desde donde se debe vigilar, coordinar y evaluar el funcionamiento de estos centros". 

"Es escandaloso que en España, uno de los países más avanzados en la Unión Europea, sigamos sin saber en una estadística oficial pública a nivel central cuántas plazas de acogida hay para mujeres víctimas de violencia de género. Ni con gobiernos de Podemos, ni del PSOE, ni del PP tenemos ese dato", lamenta García.

A falta de ello y para poder estudiar y medir la calidad de estos recursos, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha tenido que solicitar los datos a cada comunidad autónoma de forma individual. Como consecuencia, en algunas como Canarias o el País Valencià no están disponibles, ya sea porque no los han comunicado o porque no se ha considerado válida su manera de contabilizarlos.

270 plazas menos que en 2022

Aunque respecto al índice DEC de 2022 se aprecia un aumento del ratio de aproximadamente un punto porcentual, el número efectivo de plazas disponibles para las víctimas se ha reducido, pasando de 3.328 a 3.058 (-270). De hecho, 11 comunidades achican su capacidad de cobertura. La Andalucía de Juanma Moreno (PP), pese a que mantiene el número de plazas, pasa del 7,6% en 2022 al 7,2% en 2023. Esto se debe a que, sin embargo, el número de mujeres con órdenes de protección se ha incrementado de 6.422 a 6.791.

Algo parecido se observa en Balears (PP) o en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso (PP), donde pese a ampliar muy escasamente el número de espacios de acogida −de 264 a 309, en el primer caso, y de 306 a 308, en el segundo−, este no alcanza ni da a basto para la alta demanda, aumentando las víctimas que se quedan sin la opción de poder refugiarse en estos lugares. 

En Asturias (PSOE) la caída es vertiginosa, pasando de tener una tasa del 36,6% el año pasado al 11,5% de este, debido a una reducción drástica del número de plazas de acogida (-164). La misma tendencia se manifiesta en Murcia (pasa del 7,3% al 7,1%), Castilla-La Mancha (pasa del 11,8% al 10,5%) o Catalunya (pasa del 11,5% al 10,2%). Al respecto, el coordinador del estudio, Gustavo García, insta a "reducir la retórica y aumentar los recursos", enfatizando la importancia de gestionar estos de manera eficaz.

La crisis de 2007 y la covid, dos quiebras difíciles de superar

Con todo, desde 2012, el índice DEC ha mostrado una tendencia ligeramente creciente en la calidad y alcance de los servicios sociales. Sin embargo, esta trayectoria no ha sido lineal y ha registrado dos momentos críticos en los que la evolución positiva se ha visto interrumpida de manera notable. Uno de esos períodos se produjo en 2014 y 2015. Durante estos años, el índice alcanzó su nivel más bajo, con una puntuación de 4,54 puntos. Este descenso se atribuye a los profundos recortes derivados de la crisis económica que azotó al país. Las medidas de austeridad implementadas durante este período tuvieron un impacto directo y negativo en el sistema, provocando una disminución en la calidad y disponibilidad de estos servicios.

A partir de 2016 y hasta 2020 se empieza a observar una recuperación en la puntuación del índice. Esta tendencia positiva, sin embargo, se vio nuevamente interrumpida en 2021, coincidiendo con la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de covid-19. En 2022 parecía regresar la recuperación, alcanzando la puntuación más alta de la serie histórica. Este aumento refleja los esfuerzos y medidas adoptadas para fortalecer el sistema público tras el impacto de la pandemia. Sin embargo, en 2023, aunque la recuperación se ha mantenido en términos generales, se ha vuelto a registrar un ligero descenso de 14 décimas en la puntuación global.