El Consejo de Europa deja en evidencia a España por la "tortura institucional" que sufren las madres protectoras y sus hijos

A las puertas del día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, un nuevo informe del Consejo de Europa publicado el pasado jueves puso a España en evidencia por su forma de tratar a las madres protectoras. El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) ha advertido en su último estudio de prácticas judiciales que permiten que el sistema sea cómplice de la violencia vicaria en nuestro país, una de las formas más crueles de maltrato. "La gente piensa que cuando un menor relata haber sufrido abusos se le protege desde el minuto uno, pero no es así. Nosotras pedimos que se cumpla la voluntad de la criatura, porque no se les escucha", denuncia en una conversación con Público Isabel Martínez, miembro de la plataforma Yo Sí Te Creo. 

"La pedagogía y la inteligencia emocional no existen en el sistema judicial. Los niños intentan hablar desde el corazón, pero sus palabras son desestimadas porque no se les considera sujetos de derecho", critica Martínez. En su caso –del que ya se hizo eco Público en este otro artículo–, el padre de su hija "nunca dejó de tener la custodia", a pesar de "haber estado imputado" casi tres años por presuntos abusos a la menor. "Aunque los presuntos abusos sexuales y la presunta agresión física se archivaron más tarde, se le dio a él la custodia exclusiva mientras a mí me quitaron parte de la patria potestad, como la del médico y psicólogo, sin que hubiera una condena en mi contra", explica la catalana.

Isabel Martínez: "La inteligencia emocional no existe en el sistema judicial. Los niños intentan hablar desde el corazón, pero no se les considera sujetos de derecho"

Isabel Martínez es una de las pocas madres en Catalunya reconocidas oficialmente como víctima de esta violencia institucional. Si bien pone de relieve que "su caso no es el más grave", ya que "al menos" sigue pudiendo ver a su hija; cosa que otras madres no pueden hacer, pues muchas terminan siendo "criminalizadas". Desde la Red de Madres Protectoras hablan de "tortura institucional", poniendo de relieve cómo el simple hecho de denunciar "hace que todo se vuelva en nuestra contra", lamenta Berta Sepur, de la Red de Mares Protectoras.

Sepur insiste en la "fuerte carga ideológica patriarcal que existe en los juzgados" y que hace que "a pesar de las leyes tan estupendas que tenemos, se sigan vulnerando continuamente los derechos humanos".

"Hay madres que pasan años en puntos de encuentro familiar viendo a sus hijos una hora cada 15 días. El sistema judicial aplica estereotipos de género que nos criminalizan y no tienen en cuenta que la violencia sexual paterna es muy compleja, es muy difícil reconocer y contar que una figura de tal apego que te ha hecho daño. Algunos niños no hablan hasta la adultez y cuando alzan la voz en los juzgados no se les escucha", argumenta.

Las veces que han pedido cuentas a España por usar el SAP

No es la primera vez que una institución internacional apercibe a España por esto: por lo menos en cinco ocasiones diversos expertos de Naciones Unidas han pedido explicaciones por distintos casos en los que la Justicia ha utilizado el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), un estereotipo de mala madre que tiene como consecuencia victimizar a las mujeres y desproteger a los niños cuando denuncian haber sufrido violencia o abusos por parte de sus padres.

Berta Sepur: "El SAP es una tortura institucional"

También lo mencionó la evaluación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en mayo de 2023, así como un informe de la relatora especial sobre la violencia hacia las mujeres de Naciones Unidas, Reem Alsalem, emitido en esas mismas fechas. "La investigación de la relatora sostiene que, en términos generales, los tribunales entienden mal y subestiman las consecuencias de la violencia de género y las repercusiones que ésta tiene sobre los niños y niñas", ha explicado a Público Débora Ávila, profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y experta en esta forma de violencia institucional.

Ávila es una de las investigadoras que el año pasado hizo llegar al GREVIO un estudio sombra basado en 47 casos de abuso sexual o de género por parte de la figura paterna, que incluía, además, un análisis que llevaron a cabo a partir de una muestra de 100 decisiones tanto de lo civil como de tribunales penales, donde detectaron un patrón estructural de aplicación del SAP.

El SAP prevalece en "un 25% de los casos de violencia sexual en juzgados de lo penal, y casi en un 50% de los casos de lo civil relacionados con custodias"

Una dinámica que el GREVIO ha considerado resaltar también en su reciente informe. "Cuando se va a hacer la evaluación sobre el cumplimiento del Convenio de Estambul, el GREVIO solicita a España un informe y, al mismo tiempo, abre un período para que la sociedad civil envíe informes sombra, que básicamente aportan información que podría diferir de la proporcionada por el ministerio correspondiente", aclara la investigadora del grupo La Laboratoria. 

En concreto, las expertas detectaron una prevalencia del SAP en "un 25% de los casos de violencia sexual en juzgados de lo penal, y casi en un 50% de los casos en juzgados de lo civil relacionados con custodias". Una vez que el SAP se introduce como marco interpretativo en un juicio, "condiciona todo el procedimiento, transformando la violencia en un supuesto conflicto familiar, lo que desplaza del foco el abuso o la violencia denunciada", afirma Ávila, quien opina que "la reforma legislativa [introducida en la ley de infancia de 2021] fue excesivamente tibia", pues deja grietas para la aplicación del SAP bajo otros nombres y métodos.

Una práctica que choca con el Convenio de Estambul

El documento del GREVIO confirma que los juzgados continúan otorgando custodias y derechos de visita a padres con antecedentes de violencia machista, incluso con condenas firmes. Esta práctica, que se vincula con el alarmante aumento de asesinatos de menores que viene teniendo lugar, choca frontalmente con el Convenio de Estambul (en vigor en Europa desde 2014), que España está obligada a cumplir. 

Los jueces siguen priorizando el derecho del progenitor a mantener contacto con sus hijos por encima de la seguridad de estos menores

La violencia ejercida por parte de uno de los progenitores contra el otro tiene graves repercusiones en los menores y la su exposición a estos contextos genera "miedo, trauma, afecta negativamente al desarrollo de los niños y está reconocida como una forma de violencia psicológica", apunta el GREVIO.

El problema, tal y como deja ver este primer análisis temático Generar confianza mediante la prestación de apoyo, protección y justicia, no es solo legal, sino cultural. Los jueces siguen priorizando el derecho del progenitor (aunque haya sido condenado como agresor) a mantener contacto con sus hijos por encima de la seguridad, la voluntad y el bienestar de estos menores. En este sentido, desde la la Red de Madres Protectoras denuncian que el llamado "interés superior del menor" ha sido tergiversado, transformándose en un argumento que perpetúa estas relaciones de poder, abusos y violencia de las que ellas intentan proteger a sus hijos.

Aunque las leyes españolas prohíben explícitamente el uso del SAP, el GREVIO señala que teorías similares con nuevos nombres están infiltrándose en los procedimientos judiciales. Unas narrativas que terminan criminalizando a las madres y a sus hijos que logran dar el paso de denunciar abusos y legitiman, en cambio, a los agresores. El SAP termina convirtiéndose en un marco interpretativo que convierte el testimonio de las víctimas en una sospecha constante.

Los centros de visitas supervisadas, creados para proteger a menores y madres en contextos de violencia, también están en el foco de las críticas. Con profesionales insuficientemente formados y recursos limitados, estos espacios terminan reproduciendo, una vez más, dinámicas de "control" y "miedo", en lugar de resultar entornos seguros para quienes han sido victimizadas. 

Para poner fin a esta situación que perpetúa la violencia institucional contra las mujeres, tantas veces denunciada desde el movimiento feminista, GREVIO pide, entre otras cuestiones, eliminar de raíz el uso del SAP y sus variantes en todos los niveles judiciales y psicosociales, revisar profundamente las decisiones judiciales que ignoren el historial de violencia del progenitor, garantizar que los centros de visitas supervisadas prioricen la seguridad de las víctimas y cuenten con personal cualificado y poner fin a la separación forzada de hijos e hijas de sus madres bajo argumentos pseudocientíficos.