"Existe un patrón estructural" en la Justicia española que "desprotege a niñas y niños y discrimina a las mujeres". Así lo afirmó hace algo más de un año Reem Alsalem, la relatora especial de Naciones Unidas contra la violencia hacia la mujer. Mediante esta comunicación, la ONU reiteraba a España la necesidad de acabar con la violencia que el Estado ejerce sobre los menores y sobre las madres cuando se enfrentan a procesos judiciales por violencia de género, pero especialmente cuando se denuncia violencia sexual hacia la infancia en el ámbito familiar.

Para avanzar en medidas concretas para erradicar este tipo de violencias y buscar formas para reparar a las víctimas, un grupo de expertos se reunirán en Maracena (Granada) en el II Encuentro sobre violencia vicaria y violencia de género institucional. Entre ellos destaca la presencia de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género; Teresa Peramato, fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer; Nuria Varela, directora general de Igualdad del Principado de Asturias; el médico forense y ex delegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente; la psicóloga Sonia Vacaro o la abogada experta en violencia de género, Carla Vall i Duran, entre otros.

El encuentro estará dividido en dos sesiones. La del viernes 24 consistirá en una serie de charlas TEDx en la que expertos de distintas áreas (abogados, periodistas, forenses…) analizarán estas violencias y su impacto en mujeres y niños. Un formato que pretende abrir el debate y el conocimiento de esta realidad a un número más amplio de la sociedad y en el participará la periodista de Público, Marisa Kohan.

Nuestro país acumula cientos de casos de madres que, tras denunciar la violencia de género o la violencia sexual de sus hijos por parte de sus padres, acaban tras años de procesos judiciales sin la custodia de los menores, en ocasiones sin la patria potestad o en prisión acusadas de sustracción. Una realidad que según Naciones Unidas se justifica por la existencia de "un sesgo discriminatorio que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aun teniendo pruebas de haber sufrido maltrato".

"Se necesita un cambio de enfoque urgente en el abordaje de estas violencias de género, con especial relevancia al ámbito jurídico y psicosocial, para que las instituciones no sigan ejerciendo estas violencias contra las madres que protegen a sus hijas e hijos y el Estado de Derecho no se vea así amenazado", afirman las organizadoras de las jornadas en una nota de prensa.

El de Granada se trata del segundo encuentro estatal para abordar este problema. El primero, que tuvo lugar el año pasado en Mérida (Extremadura) sirvió para sentar las bases de una hoja de ruta que asegurara el fin de estas violencias. Entre las principales medidas que se proponen, está la creación de una comisión de investigación independiente, formada por personas expertas en violencia de género, maltrato sexual intrafamiliar hacia niños y niñas, así como en el falso Síndrome de Alienación Parental, una supuesta patología que no está reconocida por ninguna institución médica de prestigio y que se aplica en la justicia para culpabilizar a las madres de que sus hijos no quieran ver al padre.

El resultado de la aplicación de este síndrome es tal que, cuando entra en un proceso judicial, supone un grave riesgo para los menores y para las madres. Ellas, después de denunciar la violencia sexual intrafamiliar o la violencia de género, acaban sin la custodia de sus hijos y en muchas ocasiones con penas de cárcel por intentar protegerlos. Uno de los casos más recientes en el que se verifica la aplicación de este supuesto síndrome es el de Juana Rivas.

La semana pasada un juzgado de lo civil de Cerdeña, que lleva más de tres años decidiendo qué progenitor es más apto para tener la custodia de su hijo menor, acabó dándosela al padre, Francesco Arcuri, después de que el niño se retractara de su declaración anterior sobre los malos tratos que recibía de su progenitor y afirmara que fue su madre, Juana Rivas, quien le obligó a mentir. Un testimonio que está siendo investigado por la Fiscalía de Cerdeña, para saber si  tiene visos de verdad. Rivas lleva casi seis años sin convivir con el menor de sus hijos, que vive con su padre en Carloforte. En la cita de Maracena, estarán presentes, además, varias madres que han sufrido este tipo de calvarios en el sistema judicial.