La Corte de Apelaciones de Calgari (Cerdeña), el tribunal civil que valora desde hace tres años a qué progenitor conceder la custodia de los hijos de Juana Rivas, ha decidido entregarle la custodia del menor de los hijos al padre, Francesco Arcuri. La sentencia, fechada el 22 de febrero pero dada a conocer a las partes este miércoles, supone un despropósito legal y argumental. Entre otras cosas, porque no tiene en cuenta que el Fiscal General de dicha localidad tiene abierta una investigación penal contra Arcuri por posible maltrato hacia sus dos hijos.

Además, el mismo día en que está fechada la sentencia civil concediéndole la custodia del menor de los hijos al padre, la Fiscalía General envió una nota a las partes en el proceso y al propio tribunal civil, advirtiendo de los cargos a los que se enfrenta Arcuri en la parte penal del proceso. También advierte el Fiscal que su departamento está investigando si son ciertas las afirmaciones del menor de que fue su madre la que le obligó a decir que su padre lo maltrataba, hipótesis en la que está basada la resolución de la corte civil.

El menor, que tiene ahora ocho años, había declarado con anterioridad las palizas, insultos, vejaciones y golpes que le infligía de forma habitual su padre, con quien vive desde hace casi seis años. Poco antes de celebrarse la última vista del juicio civil (el pasado 18 de noviembre), el menor de los niños se retractó.

Según la Fiscalía, lo hizo en una "breve comunicación y por teléfono", afirmando, supuestamente, que fue su madre la que lo obligó a culpar al padre. Estas declaraciones del menor fueron hechas, supuestamente, en presencia del propio Francesco Arcuri. El hecho es que la corte de Apelaciones ha dado por ciertas estas últimas y no las primeras declaraciones del menor, sin tener en cuenta que la Fiscalía investiga su veracidad. Desde hace semanas, la Fiscalía tiene a su disposición tanto el teléfono de Rivas como el de su hijo menor, para intentar verificar la veracidad de las declaraciones del menor en las que presuntamente cambió su relato.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Calgari, sigue el patrón de la que dictó en marzo de 2019 un tribunal de lo civil, que incorporaba contra Juana Rivas el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y que fue anulada por la Corte de Apelación que ahora emite una resolución culpando a la madre de manipular a sus hijos. Cabe recordar que los dos hijos de Juana Rivas llevan seis años conviviendo con el padre y que sus escasos contactos con su madre se reducen a algunos fines de semana al año y cortos períodos de vacaciones en verano y navidades. 

La Fiscalía investiga los malos tratos

El proceso judicial por la custodia de los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri es un galimatías difícil de concebir. Desde hace tiempo existen dos procedimientos abiertos: uno civil por la custodia de los menores, y otro penal llevado a cabo por la Fiscalía para determinar la posible violencia de Arcuri contra sus hijos. Tal como advierte la defensa de Rivas, es impensable que el procedimiento civil pueda cerrarse antes de que lo haga el penal, cosa que iría en contra de los tratados internacionales firmados tanto por Italia como por España, como el Convenio de Estambul. 

Los documentos emitidos por la Fiscalía General de Cagliari, a los que ha tenido acceso este diario, no dejan ninguna duda sobre el hecho de que existe una investigación penal en curso contra Arcuri por posibles malos tratos hacia sus hijos y que existen indicios sólidos para investigarlos.

De hecho, el 10 de junio del año pasado, la Fiscalía General envió un escrito al tribunal civil, relatando algunos de los malos tratos que ambos menores habían recibido de Arcuri a lo largo de los últimos cuatro años y afirmando que las peticiones de la defensa de la madre y de la propia Juana Rivas "son fundadas", añadiendo que dichos comportamientos son "absolutamente inadecuados e indican una personalidad inclinada al uso de la violencia". En ese escrito, la Fiscalía recomienda que se traspase la custodia a Juana Rivas y que de no haber acuerdo entre las partes, que "se autorice el traslado con efecto inmediato" de los dos menores "a la residencia de su madre, Juana Rivas Gómez a la ciudad de Granada" como "medida de protección", permaneciendo con ella "hasta que finalice el proceso penal en el que el padre de los menores está siendo investigado en instrucción en este juzgado", añadía la Fiscalía. 

En la vista del juicio civil por las custodias, celebrado en Cagliari en junio de 2022, los menores estuvieron a punto de volver a España con Juana Rivas. Sin embargo, en el último momento, la Corte de Apelación sólo concedió la custodia provisional del mayor de los hijos a Juana Rivas y le permitió que saliera del país con ella. El menor de los hijos se había retractado de lo que le contó a la psicóloga sobre los malos tratos. El tribunal decidió separar a los hijos. Desde entonces el mayor vive en Granada en compañía de la madre. La medida, tal como afirman fuentes de la defensa de Rivas, se debió entre otras cosas a la terrible relación entre padre e hijo, que había denunciado personalmente en comisaría la violencia que le infligía Arcuri.

La Fiscalía toma cartas en el caso Rivas/Arcuri

Durante los primeros años en los que la causa de Juana Rivas y Francesco Arcuri se inició en Italia, la posición de la Fiscalía fue la de no actuar. Las diversas denuncias que presentó Rivas en Italia por supuestos malos tratos de Arcuri hacia sus hijos, así como la denuncia que Rivas puso contra él por malos tratos en 2016 en Granada, fueron archivadas. El mismo fiscal solicitó a finales de 2021 el archivo de otras seis denuncias contra Arcuri. En mayo de 2022 el Fiscal General de Cagliari revocó al fiscal y asumió personalmente la causa penal y personarse en la civil. Los indicios de posibles malos tratos hacia los menores eran ya tan abrumadoras, que suspendió el archivo de las seis denuncias que quedaban en activo e iniciar la investigación penal. 

Entre los informes que están sobre la mesa de la Fiscalía General, figuran al menos dos informes del Servicio de Psiquiatría de Atarfe (Granada) que afirma que el cuadro de los menores es congruente con malos tratos y que el estado de los niños es delicado. 

También tiene entre la documentación los informes de al menos dos hospitales públicos italianos, en los que se sospecha violencia hacia los menores por parte del padre. Por últimos, existe también un informe de la policía en el que se narra la violencia de Arcuri contra el mayor de sus hijos en un ferry, en el que existen testigos de los hechos. 

Tal como detalla la defensa de Rivas, hasta en tres ocasiones solicitaron a la Justicia española que tomara acciones para proteger a los menores, cuando estos pasaron vacaciones en España. En una de ellas, la jueza de juzgado 19 de Granada, afirmó que era competente para adoptar dichas medidas, pero lo hizo cuando el menor ya se había marchado a Italia. En otra visita del menor, en las pasadas Navidades, la visión de la jueza cambió, y negó que fuera competente para tomar dicha medida. Una medida que la defensa de Rivas no entiende y que ha recurrido. 

La defensa de Rivas recuerda en un comunicado que la sentencia de la corte civil italiana no es firme y ha anunciado que presentará un recurso para intentar revertirla y conseguir así reunir a los hermanos, bajo la tutela de su madre.