El Ejército peruano asesinó a 10 manifestantes en siete horas. Ocurrió el 15 de diciembre pasado en Ayacucho, al sur de Perú. Dina Boluarte llevaba entonces una semana en la presidencia, ya se registraban ocho muertos en las protestas y crecían las movilizaciones con el pedido de su renuncia. En esa ciudad entre montañas a 2.700 metros de altura no imaginaban ese jueves que al salir a protestar serían apuntados por fusiles Galil con municiones de calibre 5.56 milímetro y alcance de 600 metros.

La primera víctima cayó a las 14:05 horas de una bala en el tórax en las inmediaciones del aeropuerto donde buscaban ingresar los manifestantes. La pericia forense indicó que se trató de un "orificio de entrada ocasionado por un proyectil de arma de fuego de 5.56mm (…) con una trayectoria de adelante hacia atrás": un militar le disparó de frente. Se llamaba Leonardo Hancco, tenía 32 años. Así lo reconstruye la investigación de IDL-Reporteros, que ordenó en imágenes y pruebas cómo fueron asesinadas seis de las diez personas esa tarde.

Otro caso fue el de Edgar Prado, impactado por una bala mientras estaba arrodillado ayudando a un herido. Era chófer, tenía 34 años, la bala no salió del cuerpo: "entre la séptima y octava costilla se encontró alojado un proyecto para el cartucho de Fusil HK Galil, calibre 5.56mm" indicó la pericia. Eran las 17:54 horas de la tarde y las solados de la Segunda Brigada de Infantería Wari se habían desplegado por los alrededores del aeropuerto. Ya era una cacería que disparaba a cualquiera que pasara por allí, como Cristofer Ramos, de 15 años, y José Sañudo, de 31 años, que no eran parte de las protestas.

¿Quiénes dispararon? ¿Quiénes dieron las ordenes en la cadena de mando? El fiscal Karen Obregón Ubaldo de la Segunda Fiscalía Penal de Ayacucho recibió recientemente vía el general de brigada Jesús Vera Ipenza la información de quiénes integraron las patrullas que actuaron ese día, donde están identificados dos capitanes, doce sargentos, nueve suboficiales, 22 cabos y siete soldados según el medio La República. Pasaron dos meses desde entonces, 38 personas más fueron asesinadas por la represión, 11 fallecieron por hechos vinculados a los bloqueos, y 1 policía murió "por hechos de violencia en el contexto del conflicto" según la Defensoría del Pueblo.

Un accionar sistemático

Los dos primeros asesinados fueron en Apurímac. Siguió la masacre de Ayacucho, luego Puno donde murieron 17 personas el 9 de enero, y un continuo de muertes por la represión, como la ocurrida el 28 de enero en Lima cuando Víctor Raúl Santiesteban fue golpeado por una bomba lacrimógena disparada a corta distancia. Esa día las fuerzas policiales ingresaron hasta el hospital limeño de Grau donde estaban los heridos. La capital llevaba varios días como epicentro de las protestas que se habían trasladado desde las provincias.

La situación represiva llevó a varios organismos internacionales a desplazarse hasta el país. En enero estuvo por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del 7 al 13 de febrero la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos procedente de Argentina. "Vimos un desamparo muy grande por parte de la población, de los manifestantes, que no solo no tienen resguardo institucional a su derecho a la protesta, sino que además son catalogados como si fuesen terroristas", explica Gonzalo Armúa, integrante de la Misión formada por organismos de derechos humanos, sindicados, movimientos y curas.

La Misión estuvo en Lima, Puno, Ica, Ayacucho, y Cusco, donde sus integrantes pudieron entrevistar a 147 personas, "heridos, detenidos, testigos, familiares de asesinados, víctimas de persecución". Armúa estuvo en Ayacucho donde escuchó a la madre de Ramos, el joven de 15 años asesinado: "lo asesinaron cuando volvía del trabajo en el cementerio, le dispararon por la espalda. Dejó una madre jefa de hogar con dos chicos", explica. La madre fue amenazada por reclamar: "han construido una matriz de opinión que legitima el asesinato por parte del Estado y criminaliza a las víctimas para acallarlas y no sigan buscando justicia por sus familiares".

El estudio del perfil de las victimas arroja otro dato más: "la mayoría son personas pobres, con poca posibilidad de defenderse en términos legales, provienen de las provincias, salvo en el caso de la Universidad de San Marcos donde detuvieron a estudiantes que colaboraran en brindar alojamiento solidario, en la mayoría de los casos son hombres, pobres, jóvenes, muchos de características indígenas".

71 días de protestas

Las protestas tuvieron tres momentos principales. El primero ocurrió inmediatamente después de la asunción de Boluarte que juramentó luego de la destitución de Pedro Castillo, con un saldo de 22 muertos. El segundo comenzó el 5 de enero con epicentro siempre en el sur y las provincias andinas, con 42 fallecidos. El tercero inició con la llamada "toma de Lima" a partir del 19 con la llegada de delegaciones de provincias. Ahora está en curso un cuarto momento, con la permanencia de protestas pero menor volumen: el martes, por ejemplo, fueron bloqueadas 40 carreteras en 13 provincias.

El descenso se debe al desgaste temporal de más de dos meses, a los efectos de una represión militarizada de la cual nadie asume responsabilidad, en particular la misma Boluarte. "Ella (Boluarte) me ha aclarado en múltiples ocasiones que de parte de ella nunca ha habido una orden de que se usen armas letales para el control de protestas, sin embargo como la evidencia que le hemos presentado es claro de que a pesar de que ella no ha dado la orden existe", afirmó el miércoles Erika Guevara de Amnistía Internacional desde Lima.

Si Boluarte no dio la orden, ¿quién la dio? Y si la presidenta no manda, ¿quién manda? Los mensajes a favor de la represión ha provenido de varios sectores. Algunos públicos, como congresistas de la derecha, y otros invisibles pero que de a poco han sido revelados. El exjefe del gabinete técnico de la presidencia, Raúl Molina, quien renunció en febrero, explicó por ejemplo en una entrevista que una de las presiones proviene de "los agroexportadores y los mineros que te dicen desocupa vías", es decir los sectores económicos concentrados. Ellos habrían sido parte de las presiones para la actuación de militares y policías para los cuales algunos partidos, como Avanza País, piden ahora una amnistía.

Tras más de dos meses de protestas con cortes de rutas, tomas de aeropuertos, movilizaciones en Lima, paro de comercio y transporte, y aperturas de causas por terrorismo, parece haber dado fruto la estrategia del desgaste planteada por un sector intransigente del poder político. La prueba reside en que no existe hasta el momento ningún adelanto de elecciones programado. El saldo para mantenerse en el gobierno fue de 60 muertos, 1298 heridos, entierros, duelos en casas, pueblos, un país partido.

Un país en suspenso

"No hay ninguna solución con el adelanto de elecciones y el Congreso ya ha tomado su decisión, no hay adelanto de elecciones. Esa es la voluntad del Congreso, no perdamos el tiempo en un tema que está cerrado", afirmó el 5 de febrero Jorge Montoya, el mismo que había anticipado un año antes que una vacancia de Castillo implicaría una "cuota de sangre".

La posibilidad del adelanto fue archivada por la Comisión de Constitución del Congreso. Presentar una nueva iniciativa de adelanto requeriría ahora esperar hasta julio, cuando comience otro período anual de sesiones, aunque varios congresistas mantienen que se debe lograr un acuerdo lo antes posible para fijar una fecha. El mapa de quienes empujan tal iniciativa es heterogéneo: a favor está por ejemplo el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, excandidata presidencial que se reunió el miércoles con Boluarte en el marco de los diálogos que impulsa la mandataria.

En contra están ahora también algunos dirigentes de izquierda, como el congresista Guido Bellido, expremier de Castillo, quien afirma que un adelanto de elecciones "no resuelve absolutamente nada" si no está acompañado de un proceso constituyente. De fondo parece estar la dificultad de sectores de izquierda para lograr inscribir sus partidos en un sistema que requiere para tal fin tener, por ejemplo, comités partidarios activos en 13 provincias. Fujimori tiene en cambio inscripción y candidatura, aunque sostiene que ella no sería.

Mientras tanto crecen los conflictos diplomáticos. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó declarar persona non grata al presidente colombiano Gustavo Petro, siguiendo lo hecho con el dirigente boliviano Evo Morales y el embajador mexicano Pablo Monroy. Boluarte cargó a su vez contra Andrés Manuel López Obrador: "queremos decirle que un tema político es un tema político, pero eso no puede cerrar el desarrollo de la Alianza del Pacífico, cuya presidencia pro tempore debió asumir el Perú en enero pero él no lo ha permitido".

Perú tiene ahora un gobierno enfrentado con mandatarios de la región, sin adelanto de elecciones, con 76% de la población a favor de la renuncia de Boluarte según el Instituto de Estudios Peruanos, sin juicio a los responsables de los asesinatos de manifestantes, y tres juicios a Castillo prontos a comenzar. La violencia estatal por su parte continúa con sus secuelas: esta semana falleció Apolonia Huarancca, madre de John Henry asesinado en Ayacucho el 15 de diciembre, quien le pagaba el tratamiento contra el cáncer según informaron medios locales.