Teodoro Nguema, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente del país desde hace 45 años, Teodoro Obiang, ha anunciado este 22 de marzo en su cuenta de X [antes Twitter] que Guinea Ecuatorial ha llamado a consultas a Miguel Edjand Ange, embajador de Guinea Ecuatorial en España. Por el momento, ni la Embajada del país africano ni el Ministerio de Exteriores español se han pronunciado sobre este hecho.

Detrás de la decisión están las órdenes de detención cursadas por la Audiencia Nacional (AN) contra el también hijo de Obiang y viceministro de Seguridad Exterior del país africano, Carmelo Ovono, así como contra Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional e Isaac Nguema, director general de Seguridad Nacional.

La orden judicial se enmarca en la investigación desarrollada por juzgado de Instrucción nº5 de la AN por los secuestros y torturas de cuatro opositores del régimen de Guinea Ecuatorial en España, miembros del Movimiento por la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). Dos de ellos, Julio Obama y Feliciano Efa, tenían nacionalidad española.

Junto a Martín Obiang y Bienvenido Ndong, los cuatro hombres habían sido conducidos mediante engaños a Juba (Sudán del Sur), donde fueron secuestrados y trasladados a la fuerza a Guinea Ecuatorial. Allí un tribunal militar los condenaría a más de 90 años de prisión por el intento de golpe de estado ocurrido en el país en 2017.

En enero de 2023, Julio Obama falleció en circunstancias no aclaradas mientras cumplía condena en la cárcel de Oveng Azem (Mongomo). La Justicia española ha solicitado sin éxito la repatriación del cuerpo. Este es uno de los muchos desplantes que el régimen de Obiang ha hecho al proceso judicial en España, así como a su diplomacia.

Desde que en diciembre de 2022 se hiciera pública la investigación de la Audiencia Nacional, la relación diplomática entre ambos países se ha ido tensando. Otra muestra han sido los reiterados silencios de Guinea Ecuatorial ante los intentos del embajador español en el país africano, Javier Conde y Martínez de Irujo, por conocer el estado en el que se encuentran el resto de los detenidos, los cuales siguen sin respuesta. Así informaron a Público familiares de los encarcelados.

Además, a lo largo del proceso judicial, Guinea Ecuatorial ha obstaculizado sistemáticamente la investigación. Desde hace seis meses, la Justicia ecuatoguineana ha alegado la existencia de una instrucción paralela en su territorio, y ha pedido poner fin a la investigación en España, reclamando para sí la jurisdicción del caso.

A ello se le suma la reiterada decisión de los investigados de no declarar ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso en la AN, incluso cuando se les permitió acudir por videoconferencia, como ocurrió en marzo de 2023. En aquella ocasión los tres hombres dieron plantón al juez. La acusación y la fiscalía solicitaron entonces a Pedraz que los declarara en rebeldía y cursara órdenes de busca y captura contra los querellantes, que finalmente fueron aprobadas en febrero de este año.

Como respuesta, Guinea Ecuatorial ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, Miguel Edjand. Su nombramiento tuvo lugar en el año 2020, cuando el régimen de Obiang destituyó a la que había sido su enviada diplomática durante siete años, Purificación Angue Ondo. Su cese coincidió con la salida del país de su hijo, Juan Carlos Ondo, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial entre 2015 y 2018. 

Según ha explicado a Público el propio Ondo, tras su destitución, sus críticas al régimen le acabaron granjeando amenazas de muerte por parte del Gobierno, lo cual le obligó a salir del país escoltado por las misiones diplomáticas de EEUU, Francia y España. Desde entonces vive exiliado en Francia y lidera la plataforma Nexos, que aglutina a distintos movimientos de la oposición en el extranjero.

Ondo considera que esta nueva maniobra del Gobierno de Guinea Ecuatorial "denota la incomprensión del régimen de la separación de poderes", ha declarado a Público. También cree que con ella el régimen de Obiang busca que su misión diplomática "traslade al Gobierno de España la necesidad de que este interfiera en el proceso penal abierto en la Audiencia Nacional".