La ONU afea la política migratoria de Europa: "Su historial reciente es lamentablemente contradictorio"

Hace 70 años vio la luz la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. La legislación internacional cocinada en Ginebra sentaba las bases para un principio básico y universal: el derecho al asilo. Las cenizas de la época más oscura del Viejo Continente estaban todavía calientes y, por aquel entonces, en 1951, eran muchos los europeos que se vieron obligados a emprender el exilio como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

Siete décadas después, la Unión Europea lucha por mantener vigentes estos valores en medio una creciente fortificación de muros y alambradas, de retórica xenófoba y de cierre de puertas a las personas que huyen del conflicto, las sequías o la hambruna.

Con motivo de esta efeméride, Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ha acudido al Pleno de Bruselas. Su relato sobre la gestión migratoria de la UE durante los últimos años ha sido pesimista. "La UE, basada en el Estado de Derecho, debe hacerlo mejor para continuar siendo un ejemplo para otros. Hay una vía para ello y esta no pasa por la retórica y la demonización de otros. Habrá gente que seguirá llegando a la UE en búsqueda de protección internacional. Y recibirlos a través de procesos de asilo justos y rápidos es una obligación", ha señalado desde el corazón de la Eurocámara.

Durante los últimos años, países como Polonia o Hungría han puesto a los migrantes en su diana. Han criminalizado a la sociedad civil que los ayudaba. La propia Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) arrastra múltiples acusaciones de violación de derechos humanos por participar en devoluciones en caliente ilegales. Y miles de refugiados han sido "recibidos" en Europa con humillaciones, golpes o perros. "El historial reciente de Europa en materia de asilo es lamentablemente contradictorio Muchos países respetan el Derecho Internacional, pero las prácticas de algunos Estados son muy preocupantes y la UE debe garantizar que todos lo respeten", ha afeado el filósofo italiano.

Desde 2014 han muerto en el Mediterráneo más de 20.000 personas intentando alcanzar las costas europeas. La crisis migratoria de 2015, cuando llegaron un millón de personas, hizo saltar por los aires el Reglamento de Dublín, que establece que el primer país al que llega una persona es el responsable de cursar su petición de asilo.

Desde entonces, la UE navega incapaz de establecer normas comunes de asilo y poniendo parches en el Mediterráneo que dejan año tras años a miles de personas a la deriva. En paralelo, el discurso antiinmigración se ha hecho más fuerte. No solo en las fuerzas conservadoras. Países como Dinamarca, liderados por Socialdemócratas, negocian crear centros de recepción y asilo en países africanos para mantener a los refugiados fuera de sus fronteras.

"Los desafíos no justifican la acción visceral que hemos visto en algunos lugares: el discurso xenófobo e irresponsable, los muros y las alambradas, la violencia y las devoluciones de migrantes, a veces desnudándolos y empujándolos a ríos, y otras dejándolos ahogarse en el mar, los intentos por eludir la obligación de dar asilo o de externalizar la responsabilidad a países terceros", ha afirmado Grandi.

La mayoría de países europeos tiemblan cada vez que surge la posibilidad de que un drama al otro lado del mundo o cerca de sus fronteras pueda desatar una oleada de migrantes a sus fronteras. Países en deriva autoritaria como Turquía, Rusia o Marruecos han aprendido rápido esta lección. Y han jugado con estos fantasmas para presionar o desestabilizar al bloque comunitario aprovechando el vacío que impera en Bruselas en materia migratoria. "Los dictadores de todo el mundo se han dado cuenta de que la mejor forma de presionar a la UE es mandar a gente a sus fronteras. ¿Tanto miedo tenemos de niños muriendo de frío en los bosques de Polonia? Hay que recuperar la empatía y la solidaridad", ha asegurado Ska Keller, eurodiputada de Los Verdes.

Y es que la realidad echa por tierra este pavor de los europeos. La crisis de Afganistán apenas ha tenido impacto migratorio en la UE. La que hay en marcha en las fronteras de Bielorrusia con Polonia, Lituania y Letonia deja hasta la fecha poco más de 6.000 nuevas llegadas. Según las cifras de Frontex, en 2020 llegaron a territorio europeo 96.449 personas a través de vías irregulares, en un año que marcó un descenso debido a la pandemia.

La inmensa mayoría de los refugiados del mundo no se encuentran en suelo europeo. El porcentaje de refugiados en la UE es un 0,6% del total de la población; mientras que en países como Líbano, asfixiado económicamente y en una región sacudida por el conflicto, uno de cada cinco habitantes es un refugiado. De los 82 millones de refugiados y desplazados internos registrados en todo el planeta, el 90% se encuentran en países de rentas bajas y en vías de desarrollo. Por ello, otra de las peticiones de la ONU es incrementar la ayuda humanitaria y los recursos a estos Estados, así como a los países de origen. Al fin y al cabo "nadie elige ser refugiado".

¿Hacia los primeros muros ‘made in Europe’?

El discurso de Grandi coincide con el punto álgido de la crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. La UE no está preocupada por el volumen numérico de esta tragedia, sino por el aspecto político. Alexander Lukashenko, el conocido como último dictador de Europa, está empujando a miles de personas procedentes de Siria, Irak o Afganistán a las puertas europeas como un arma política en venganza por las sanciones que la UE le impone. Un camino que ya emprendió en el pasado la Turquía de Recep Tayyip Erdogan o el Marruecos de Mohammed VI.

En este escenario de "guerra híbrida" desatada por Minsk y apoyada por un Moscú, que asiste con regocijo al temor europeo, la UE se ha abierto a financiar los primeros muros en la frontera exterior con dinero comunitario. Hasta la fecha, una decena de Estados miembros han fortificado sus fronteras con hormigón o vallas, pero hasta la fecha nunca han sido pagados con dinero de Bruselas. De visita en Varsovia, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, ha abierto esta puerta. Coincidiendo con el 32º aniversario del emblemático muro de Berlín, el belga asegura que sería legal pagar muros con dinero de la UE. Una maniobra que le enfrentaría con la Comisión Europea, con buena parte del Parlamento Europeo y con la coherencia moral de una Europa que hace poco criticaba a Donald Trump por su muro en México.