Unión EuropeaLa directiva que protege a los denunciantes de corrupción entrará en vigor en diciembre

La Unión Europea (UE) ha hecho pública en su Diario Oficial la directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre casos de corrupción que vulneren el Derecho de la Unión, que entrará en vigor el próximo 17 de diciembre y deberá ser traspuesta -aplicada en cada país en forma de ley- en un plazo máximo de dos años.

La directiva obliga a que la legislación nacional haga una efectiva protección de los denunciantes en procesos judiciales de delitos como el fraude, daños a la salud de personas o al medio ambiente, evasión de impuestos o corrupción. Además, deberán establecerse canales seguros de denuncia, tanto dentro como fuera de las organizaciones, ya sean públicas o privadas. 

El objetivo comunitario es reducir las pérdidas monetarias derivadas de la corrupción, que oscilan entre los 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en la contratación pública. Para la UE, estas prácticas dañan "la competencia, incrementan los costes para las empresas, vulneran los intereses de inversores y accionistas, hacen menos atractiva la inversión", además de situar en una posición de "desigualdad" a las empresas de los 28. 

La UE ha querido dotar a todos los Estados miembros de una serie de "normas mínimas comunes que garanticen una protección efectiva de los denunciantes", dado que cada Estado ha avanzado de manera dispar en esta materia. Países como Bélgica, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Grecia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia o Rumanía ya han tratado de dar seguridad a los conocidos como whistleblowers en su legislación.