Tras una ajustada victoria del ‘evet’ (sí) en el referéndum en Turquía, cuyo resultado ampara una reforma constitucional que amplía los poderes de Recep Tayyip Erdogan al frente del gobierno y limita los del Parlamento, la Unión Europea se replantea sus relaciones con el país y también las negociaciones de adhesión a la institución.

¿Cómo ha reaccionado Bruselas a los resultados?

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini, y el Comisario para la Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación emitieron anoche un comunicado conjunto.

En el texto, los representantes de la UE cuestionan los resultados y anuncian que esperarán a la resolución de la misión de observadores de la OCDE, debido a las denuncias de irregularidades por parte de la oposición. Insisten además en que, la aplicación de las reformas constitucionales que ampara el referéndum deberá ser evaluada “a la luz de las obligaciones de Turquía como país candidato a la Unión Europea”.

¿Cuáles son los criterios de adhesión a la UE?

Para que un país sea considerado candidato a la adhesión a la Unión Europea debe respetar los valores incluidos en el artículo 2 del Tratado de la UE y que se refieren a “la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

El Estado que solicite el ingreso debe además cumplir con los conocidos como ‘Criterios de Copenhague’, establecidos en el Consejo en 1993 y ampliados posteriormente en 1995. Según este texto, el país candidato debe, entre otras cosas, asegurar “la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías”.

Turquía es candidato desde 1999, inició las negociaciones en 2005 y en una cumbre el 29 de noviembre de 2015, Bruselas y Ankara acordaron reactivar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea.

¿Puede la reforma de la Constitución afectar al proceso?

La reforma implica la instauración de una presidencia ejecutiva, que permitirá al presidente Recep Tayyip Erdogan concentrar, a partir de 2019 y durante 10 años como máximo, una cantidad de poder casi sin precedentes en la historia del país. Erdogan se convertiría así en presidente y primer ministro, podrá disolver el Parlamento, convocar elecciones anticipadas y gobernar por decreto, además de nombrar a jueces y ministros.

Que el Gobierno cada vez más autoritario de Erdogan tiene graves problemas para cumplir los criterios de adhesión, no es una novedad. Sin embargo, la deriva autoritaria previa y posterior al intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, instauración del Estado de excepción, persecución contra la oposición –políticos, periodistas y académicos-, y el despido de decenas de miles de funcionarios por supuesta relación con el golpe, ha agravado enormemente la situación de los derechos humanos en el país.

La protección a los derechos de las minorías, con las continuas operaciones militares en territorio kurdo, parece una utopía. Por si esto fuera poco, la reforma constitucional pone definitivamente en tela de juicio la existencia de instituciones que garanticen la democracia y el Estado de derecho, tal y como exigen los criterios de adhesión.

La pena de muerte, ¿el obstáculo insalvable?

La pena de muerte fue abolida en 2004, precisamente para permitir a Turquía avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, tras el intento de golpe de Estado en el país el pasado 15 de julio, volvieron a Turquía las voces que pedían su reinstauración. Y Erdogan recogió el testigo: "Si el Parlamento aprueba la pena de muerte, lo aceptaré”.
Parece evidente que una decisión así daría al traste con cualquier aspiración europea de Ankara. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha mostrado su preocupación al respecto y ha insistido en que para la UE esa es la línea roja.

¿Está Bruselas dispuesta a frenar la adhesión de Turquía?

La suspensión de las negociaciones está condicionada a la recomendación de la Comisión Europea, por iniciativa propia o a petición de un tercio de los Estados miembros. Oficialmente, ni la Comisión ni el Consejo han transmitido su intención de poner fin a las negociaciones de ingreso de Turquía, más allá de las preocupaciones sobre la situación política del país expresada en varias ocasiones.

Por otra parte, la canciller alemana Angela Merkel ha defendido la necesidad de establecer un diálogo con Ankara tras el ‘sí’ a la reforma constitucional, mientras desde Austria llegan voces que piden el fin de las negociaciones. El Parlamento Europeo ya votó en en noviembre del pasado año, por una amplia mayoría, suspender el proceso de adhesión, por entender que existe una “violación grave y persistente por parte de Turquía de los principios de libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La resolución no es vinculante pero sí políticamente relevante. En cualquier caso, Jean-Claude Juncker ya dejó claro que ningún Estado se uniría a la UE durante su mandato que concluye en 2019, precisamente cuando se aplicará la reforma de Erdogan.

¿Cómo afecta el resultado al acuerdo con los refugiados?

El 18 de marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía presentaron una declaración conjunta cuyo objetivo era poner fin a la ruta migratoria entre el país otomano y Grecia, a través del Mediterráneo Oriental.

Ankara ha amenazado en varias ocasiones con dejar de aplicar el acuerdo, tras las crisis diplomáticas con varios Estados miembros y la resolución de la Eurocámara y, de algún modo, Bruselas tiene las manos atadas.

Las comedidas reacciones desde las instituciones ante la persecución y encarcelamiento de políticos, activistas y periodistas en Turquía sumadas a su posición respecto al referéndum que blinda la presidencia de Erdogan se enmarcan en un contexto político delicado.

Bruselas no puede ignorar la deriva autoritaria de Turquía pero el acuerdo de marzo sobre los refugiados incluía relanzar el proceso de adhesión a la UE. De no cumplirse, Ankara acabará con el cierre de la frontera, lo que supondría una nueva crisis humanitaria en Europa que la Unión no tiene la capacidad ni los Estados miembros la voluntad política de gestionar.