El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asestó hoy un nuevo golpe al legado medioambiental de su predecesor, Barack Obama, al anunciar una nueva propuesta normativa que liberaliza y dejará en manos de los Estados la regulación de las emisiones de las centrales térmicas de carbón.
"La nueva norma responde a la agenda del presidente", señaló hoy el administrador interino de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Andrew Wheeler, quien participó este martes en una rueda de prensa telefónica para dar a conocer la nueva regulación, bautizada como plan de Energía Limpia Asequible (ACE, por sus siglas en inglés).

Esta nueva normativa, que tras someterse a un proceso de audiencias previas entraría en vigor por decreto, tiene como objetivo derogar el Plan de Energía Limpia (CPP, por sus siglas en inglés) implantado por la anterior Administración, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
No obstante, desde la EPA, aseguran que la nueva normativa, además de cumplir con la ley y con la voluntad del Congreso, de mayoría republicana, servirá igualmente para reducir las emisiones gracias a que la industria ganará en eficiencia.

Según cálculos de la Administración, esta reducción llegará a ser de un 1,5 % en comparación con las previsiones que se manejaban al amparo de la CPP.
"La ACE que reemplaza el anterior CPP, que era una norma excesivamente restrictiva y costosa, devuelve el poder a los Estados, promueve la independencia energética y facilita el crecimiento económico y la creación de empleo", señaló la EPA en un comunicado.

El CPP impulsado por Obama requería que los Estados cumplieran con los estándares específicos de reducción de emisiones de dióxido de carbono basados en su consumo individual de energía.

Durante la anterior Administración, la EPA estimó que el Plan de Energía Limpia podría prevenir de 2.700 a 6.600 muertes prematuras y de 140.000 a 150.000 ataques de asma en niños. Por este motivo, no es de extrañar que diversos movimientos sociales y legisladores rechazaran hoy el anuncio del Gobierno.

"La regulación propuesta debilitaría los esfuerzos realizados por el Gobierno federal para limitar las emisiones dañinas que provienen de las plantas de energía más sucias. Sin embargo, no va a poder detener a las ciudades, Estados y empresas de EEUU que están definiendo su rumbo tomando como guía a la ciencia y no a la política", dijo en Carter Roberts, presidente WWF.
Wheeler celebró que, gracias a la nueva regulación, la intromisión del Gobierno federal "se ha acabado".

La nueva medida concede un plazo de tres años a los Estados para presentar una regulación propia sobre las emisiones de dióxido de carbono que, no obstante, deberá ser aprobada por la propia EPA en un plazo de doce meses.
Si la propuesta estatal no recibe el visto bueno de la agencia medioambiental, el Gobierno federal implantará su propia regulación.
En cualquier caso, según explicó un funcionario de la Administración presente en esa misma teleconferencia, la ACE no impone "mínimos, no existen ningún límite que un Estado pueda superar".

Desde el punto de vista del Ejecutivo, otro de los grandes beneficios de la nueva regulación en relación con la anterior es el ahorro de los costos de producción para la industria local.

"En comparación con el CPP, que el ACE está reemplazando, esperamos que se produzca una reducción en los costes de entre el 0,2 y el 0,5 % de aquí a 2025", señaló el mismo funcionario.

La agencia medioambiental calcula que esta regulación supondrá un ahorro de unos 400 millones de dólares (349,5 millones de euros) anuales para la industria estadounidense, que es el gran caladero de votantes de Trump.

De hecho, el mandatario tiene previsto dar esta tarde un mitin en el Estado de Virginia Occidental, una de las principales regiones mineras del país, en el que con toda seguridad sacará pecho por esta nueva propuesta normativa presentada a poco más de dos meses de las elecciones legislativas de noviembre.