La Corte Suprema de Justicia ha ordenado la paralización del proceso judicial por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la dictadura de Alberto Fujimori en Perú. Esto ocurre tan solo un día después de que el Tribunal Constitucional pusiera en libertad al exdictador, que cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad pero fue indultado.

Así, tras acoger una demanda de amparo presentada por el investigado Alejandro Aguinaga Recuenco, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado que el proceso judicial retorne al punto en que se encontraba en octubre del 2018, es decir, a la presentación de la denuncia fiscal contra los responsables de este crimen contra los derechos humanos.

Según el fallo, el juez Littman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial, ordenó la devolución del expediente a la Fiscalía. La resolución fue comunicada el pasado miércoles a los representantes legales de las víctimas.

Anteriormente, el investigado Alejandro Aguinaga Recuenco había presentado una demanda de acción de amparo ante la Sala Superior de Lambayeque, que fue rechazada. El acusado había argumentado "la inobservancia de los efectos jurídicos de la reserva ratione temporis sobre la vigencia de la convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad", lo que fue acogido por la Corte Suprema.

De esta forma, el Alto Tribunal manda que el juez penal emita un nuevo pronunciamiento, lo que significa que se debe volver a evaluar si acoge la denuncia e inicia el proceso penal. Se ha argumentado que, cuando tuvieron lugar los hechos, se tramitaba con el antiguo Código Procesal Penal, por lo que es necesario que un juez repita toda la investigación que ya realizó el fiscal.

Esterilizaciones forzadas para "reducir la pobreza"

Por tanto, se vuelve a la etapa de formulación de la denuncia originaria presentada en contra del exdictador Alberto Fujimori y los exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Ulises Jorge Aguilar en octubre de 2018.

Eran acusados de cometer las esterilizaciones forzadas cometidas durante el mandato de Fujimori a más de 1.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas. El objetivo de estas esterilizaciones era "reducir la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad", según denunció la Fiscalía.

Fruto del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el expresidente murieron 18 mujeres, de ellas cinco por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas en unas 1.300.

Tras 25 años de espera por parte de las víctimas, por fin, el 14 de septiembre de 2021, el Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional abrió un proceso penal contra el expresidente, lo que fue "un primer gran hito en el camino de la justicia para las víctimas". El proceso arrancó en marzo de 2022, sin embargo, las víctimas vuelven a quedar desamparadas tras la paralización del mismo solo nueve meses más tarde. 

El exmandatario, de 83 años, ya cumplía una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina. No obstante, el Tribunal Constitucional decretó su puesta en libertad el pasado miércoles por un cuestionado indulto dado en 2017.