Perú ha vivido un mal día en temas de justicia y derechos humanos. El exdictador Alberto Fujimori, que cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, ha salido libre por un cuestionado indulto dado en 2017, luego anulado por ser considerado ilegal y hace unos días resucitado por el Tribunal Constitucional (TC) en una decisión dividida.

La liberación de Fujimori desacata resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha calificado de ilegal el indulto, y que emitió una resolución señalando que el Estado peruano debía abstenerse de liberarlo "para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas".

La complicidad de la presidenta

El gobierno de Dina Boluarte, aliada del fujimorismo, ha decidido incumplir lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio, y liberar a Fujimori en sintonía con el Tribunal Constitucional.

Esto pone al Estado peruano contra el sistema interamericano de derechos humanos. Con el lema indulto es un insulto se han convocado protestas contra la liberación del expresidente que entre 1990 y 2000 encabezó un Gobierno autoritario y corrupto.

Fujimori fue de prisión a la casa de su hija Keiko, su heredera política, en un exclusivo barrio de la capital peruana. Keiko había llegado a la cárcel junto con su hermano Kenji antes de que su padre fuese liberado. Esperaron su salida con dirigentes y congresistas del fujimorismo en la puerta de una cárcel exclusiva para expresidentes dentro de un cuartel policial.

Por la cárcel desfilaron viejos rostros de la dictadura que salieron como fantasmas de tiempos oscuros y nuevas caras del fujimorismo, que encabeza Keiko y rinde culto al dictador (su padre) condenado por asesinato con alevosía y secuestro agravado.

Al final de la tarde de este miércoles se abrió la puerta metálica de la cárcel y salió Fujimori con una mascarilla mal puesta. Abrazó a sus hijos. Dirigentes fujimoristas, acompañantes de la familia y policías sacaban fotos con sus teléfonos. El padre y los dos hijos subieron a una camioneta de la familia estacionada en la puerta de la cárcel. Se sentaron en el asiento trasero y salieron del cuartel policial.

En la calle los esperaban decenas de simpatizantes. La camioneta avanzaba lentamente, abriéndose paso entre la gente que daba ánimos al exdictador. Sonaba la canción "chino, chino, chino…", usada en la campaña electoral para las elecciones del año 2000 que Fujimori ganó con fraude.

Celebraciones de grupos violentos

Entre los simpatizantes que celebraban estaban los miembros del grupo violento La Resistencia, una fuerza de choque de ultraderecha que ataca a periodistas, políticos, magistrados y a todo aquel que no esté alineado con sus posturas extremistas. En una caravana con custodia policial llegaron hasta la casa de Keiko, en un trayecto de más de una hora. Los esperaban más simpatizantes. En la puerta de la casa, Keiko agradeció a las autoridades que liberaron a su padre.

El indulto restituido fue dado en la noche de Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo hizo argumentando un perdón humanitario por un supuesto mal estado de salud del exdictador. Pero la realidad es que fue un intercambio de impunidad por votos fujimoristas a favor del expresidente peruano Kuczynski en un proceso de destitución en el Congreso por cargos de corrupción.

Lo del grave estado de salud de Fujimori para indultarlo fue una farsa. El exdictador salió en libertad con el indulto, pero meses después volvió a prisión. En mayo de 2018, la Corte IDH ordenó al Estado peruano revisar la legalidad del indulto y en octubre de ese año la Corte Suprema lo anuló. En marzo de 2022, el TC restituyó el indulto que había sido anulado y ordenó liberar a Fujimori.

La Corte IDH se pronunció, como ha ocurrido ahora, en contra de esa decisión. En esa ocasión el Gobierno del entonces presidente Pedro Castillo decidió acatar lo dispuesto por el tribunal internacional y Fujimori no fue liberado. Esta vez, a diferencia de los ocurrido en 2022, el Gobierno se ha puesto del lado del TC y Fujimori ha sido liberado.

Los abogados de las víctimas del fujimorismo, organismos de derechos humanos y amplios sectores exigen que se cumpla lo dispuesto por la Corte IDH contra el indulto y se revoque la liberación de Fujimori. Este organismo internacional deberá reunirse para ver el caso y el incumplimiento de las resoluciones, lo que podría llevar a sanciones contra Perú.

La Corte IDH ya ha señalado que este indulto no cumple las condiciones exigidas para otorgarlo: no es un grave estado de salud, no contribuye al esclarecimiento de la verdad, no hay admisión de la gravedad de sus delitos, no ha pagado la reparación civil ni ha pedido perdón a las víctimas.

La condena

Fujimori fue sentenciado a 25 años en 2009 por un tribunal de la Corte Suprema por el asesinato a balazos en noviembre de 1991 de quince personas, entre ellas un niño de ocho años, en una modesta vivienda de Barrios Altos en Lima. También por el secuestro, asesinato y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992.

Estos crímenes fueron cometidos por un destacamento clandestino del ejército que operaba como un escuadrón de la muerte, llamado grupo Colina, formado por el régimen fujimorista que operó bajo órdenes y protección de Fujimori. Son dos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, pero no los únicos asesinatos del grupo Colina.

El exdictador también fue condenado por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Además de esta condena, recibió otras sentencias por corrupción, pago de sobornos a medios de comunicación y espionaje.

Fujimori llegó al poder en 1990 después de derrotar sorpresivamente en las elecciones a Mario Vargas Llosa, candidato de una coalición de derecha. Hasta entonces era un desconocido, bautizado y popularizado como "el chino" en la campaña, y ganó con un discurso contra el neoliberalismo que defendía el escritor. Una vez en la presidencia, Fujimori incumplió todas sus promesas y puso en marcha una política neoliberal.

El golpe

En abril de 1992 dio un golpe de Estado para capturar todo el poder. Cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y la Fiscalía, censuró los medios de comunicación y sobornó a sus propietarios para tener su respaldo, reprimió sindicatos y organizaciones sociales. Inició un gobierno autoritario de la mano con los militares. Endureció su política económica neoliberal con masivas privatizaciones denunciadas de corrupción, beneficios a grandes empresas y eliminación de derechos laborales. Combinó esa política con un extendido clientelismo que le respaldó en sectores populares.

Con el control total del poder y los grandes medios, llamó a elecciones para un nuevo Congreso en el que tuvo mayoría absoluta. Cambió la Constitución para imponer una Carta Magna neoliberal y posibilitar su reelección. Fue reelegido en 1995 y en 2000, después de elecciones fraudulentas que dieron lugar a masivas protestas.

En noviembre del 2000, Fujimori huyó del país cuando su régimen se desmoronaba en medio de escándalos de fraude electoral, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Se fugó a Japón, país de sus padres, lo que le permitió asumir esa nacionalidad para eludir la Justicia. En noviembre de 2005 viajó a Chile por sorpresa, donde fue detenido y luego extraditado a Perú en septiembre de 2007 para ser juzgado.

Fujimori está ahora libre, pero esto es cuestionado por la justicia internacional. Ahora enfrenta un pedido fiscal de prisión preventiva por un nuevo juicio, en este caso por la desaparición de seis campesinos. La impunidad ha ganado esta vez y el fujimorismo y la derecha celebran. Pero es un triunfo que puede no ser definitivo.