Nicolas Sarkozy obedeció ayer a las exigencias de numerosos notables conservadores y saltó en persona al campo de batalla en que se ha convertido el caso Bettencourt. Frente a las acusaciones de posible financiación política ilegal y de blanqueo de fraude fiscal que lo han colocado contra las cuerdas, el presidente puso en escena su indignación por las 'calumnias'. Dos de sus peones en el caso, el ministro Éric Woerth y el fiscal Philippe Courroye, movieron ficha para intentar facilitarle esa imposible misión.

Mientras la voz indignada del presidente llegaba a los hogares por televisión, los teletipos escupieron un despacho que inyectó aún más presión en un país al borde de la histeria por las irregularidades en las relaciones del clan Sarkozy con una rica evasora de impuestos.

Según Sarkozy, su ministro es honesto y está 'libre de toda sospecha'

La policía financiera, bajo orden del fiscal Philippe Courroye, procedió a la friolera de siete registros ayer, uno de ellos en el domicilio del gigoló François-Marie Banier. Ayer noche, el abogado defensor de la multimillonaria Liliane Bettencourt y la fiscalía se enfrentaban a golpe de comunicados sobre si fue o no un registro la visita de los agentes de policía al palacio de la heredera de L'Oréal, quien ha dado regalos a Banier por valor de casi mil millones de euros.

Mal clima rodeaba a Sarkozy en el plató de la televisión pública France 2. El presidente arrancó con mucho énfasis para afirmar que el hombre clave de su Gobierno, tesorero de sus campañas e implicado en el caso Bettencourt, el ministro de Trabajo, Eric Woerth, es un 'hombre honesto que ha tenido que sufrir la calumnia y la mentira durante tres semanas'.

Un sondeo estima que un 57% de los franceses no confía en Woerth

Después de soltar esa frase de un sólo tirón, pasó a descartar cualquier cese manu militari de Woerth. Pero sí reconoció que accede a la que ha sido la primera exigencia de la oposición: que Woerth deje de ser, al mismo tiempo, tesorero de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, formación política de Sarkozy) y ministro. Abandonará el cargo al frente de las arcas del partido.

El presidente aseguró que Woerth no tiene por qué dimitir del Gobierno porque 'está lavado de toda sospecha'. Para apoyar esa afirmación, pese a las querellas en curso, las investigaciones de la fiscalía y la exigencia de que se designe un juez de instrucción independiente, el presidente se agarró a un informe: el elaborado en el propio Ministerio de Finanzas sobre el caso.

En sólo diez días, los altos funcionarios dicen haber analizado más de 6.200 dossieres, y según Sarkozy concluyen que Woerth 'en ningún momento, de ninguna forma' intervino cuando era ministro del Presupuesto en los asuntos de evasión fiscal de Liliane Bettencourt.

Woerth, por su parte, facilitó el trabajo a su jefe al afirmar ayer por la mañana, por primera vez, que va a 'reflexionar' sobre el abandono del cargo de tesorero de la UMP.

Las próximas horas dirán si la intervención televisada del presidente le saca la cabeza fuera del agua o si termina de hundirlo. Nada menos que un presidente de la República tuvo que decir por televisión que 'no ha recibido sobres con dinero' de manos de multimillonarios.

Lo que sí es ya una realidad es que Sarkozy, por primera vez, ha accedido a someterse a una exigencia de sus subordinados, quienes le reclamaban que se colocara en primera línea, mientras él hubiera preferido seguir negándose a dejarse marcar la agenda.

Hoy, Woerth y Sarkozy van a defender ante el Consejo de Ministros el proyecto de ley de recorte del sistema público de pensiones, pero lo van a hacer en una atmósfera de plomo.

Los estragos que está causando el caso Bettencourt son profundos en una república cuya tradición es la de tener ministros y altos funcionarios que disponen de todos los oropeles y gran lujo, pero no para su disfrute personal, sino para poder hablar de tú a tú, e incluso mirar por encima del hombro, a los grandes empresarios y a los poderes fácticos. Y en nombre del interés general.

Ahora, el clan de Sarkozy es visto como una tribu de intrusos en despachos y cargos públicos que no merecen, generosamente dotados por el presupuesto del Estado. Eso en el preciso momento en que a la mayoría de los franceses, especialmente de clase media baja, se les deniega céntimo por céntimo, en pensiones, transportes públicos y sanidad, el beneficio de ese mismo presupuesto, en nombre de la lucha contra los déficits.

Envuelto en el caso Bettencourt, el proyecto de ley de recorte del sistema público de pensiones ha cambiado de cara. Se le ve con el prisma de los cálculos efectuados por los economistas del Frente de Izquierdas: el proyecto de ley Woerth-Sarkozy representa un esfuerzo de más de 44.000 millones de euros para los asalariados en pensiones que dejarán de recibir y de sólo 2.700 millones para empresarios y rentistas.

La batalla por el sistema público de pensiones había empezado en excelentes condiciones para Sarkozy, hace siete meses. Logró convencer de que su plan elevar la edad legal de jubilación y elevar los periodos de cotización obligatorios era la única manera de salvar el sistema público, y no la manera de introducir las pensiones privadas por la puerta trasera.

Desde el estallido del caso Bettencourt, los franceses dudan de la honestidad de este Gobierno. Un 54% de los ciudadanos dice que se opondrá a la reforma, un 61% piensa que no es justa y un 84% estima que será ineficaz, según un sondeo del instituto BVA.

Otro sondeo, del instituto LH2, dice que un 57% no confía en el ministro Woerth, piloto de la reforma. Los sindicatos ven ahora posible frenar el plan de recorte con las manifestaciones previstas en septiembre. Porque cada vez menos ciudadanos confían en la sinceridad de los argumentos de la pareja Woerth-Sarkozy.