La última vez que Christophe Deloire y Rebecca Vincent, secretario general y directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras (RSF) respectivamente, visitaron a Julian Assange en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh (Reino Unido), lo vieron muy desmejorado. "Claramente se encontraba mal y con dolor, con una costilla rota por la tos excesiva provocada por una enfermedad respiratoria", explican los directivos de la organización en un artículo publicado el pasado 18 de febrero en The Guardian.

Visitar a Assange en prisión ha sido, durante años, una misión llena de obstáculos, explican desde RSF. En abril de 2023, la gobernadora de la prisión de Belmarsh (Reino Unido), Jenny Louis, impidió que Delorie y Vincent visitaran a Assange, a pesar de que poseían un permiso para ello. La justificación de las autoridades competentes fue que "inteligencia" les había informado de que ambos eran periodistas.

Los objetivos de Reporteros Sin Fronteras y sus miembros no son secretos: se trata de una ONG internacional que defiende la libertad de información y que apoya a quienes son perseguidos por ejercer este derecho. Como parte de su misión, la organización trata de visitar a periodistas encarcelados en diversas regiones del mundo. Tras meses de disputa política y legal, Belmarsh retiró el veto a RSF y permitió que visitaran a Assange en agosto de 2023.

Pero estos no son los únicos obstáculos a los que la ONG se ha enfrentado en su seguimiento al proceso judicial de Assange en Reino Unido. También tuvieron que pelear cuando intentaron seguir las audiencias de la extradición mientras estaba siendo examinada en 2021 por el Tribunal de la Corona en Woolwich. Como denunciaron en aquel momento, la conexión de audio fue tan precaria –cuando no, inexistente– que impidió a periodistas y observadores externos seguir correctamente el procedimiento.

Tampoco el fundador de WikiLeaks ha podido acudir a muchas de las audiencias que se han celebrado sobre su caso en instancias judiciales británicas. La última vez que pudo asistir a una fue el 6 de enero de 2021. Desde entonces ha permanecido dentro de los muros de Belmarsh, donde cumple prisión preventiva desde hace cinco años.

Los próximos 20 y 21 de febrero se celebrará la última vista sobre su extradición, aunque tampoco podrá acudir físicamente a estas audiencias. De hecho, se cree que tampoco podrá seguirlas por videolink, según ha confirmado a Público su defensa.

Representantes de organizaciones internacionales independientes coinciden en que la estancia en Belmarsh ha socavado profundamente la salud física y mental de Assange. Al estricto régimen de visitas se le suman las restricciones materiales a las que se ha enfrentado el editor. Por ejemplo, la privación durante años de una máquina de escribir, a la que tuvo acceso tras tres años de peticiones y gracias a la mediación de RSF.

El propio Assange denunció en una carta abierta al recién coronado rey de Inglaterra, Carlos III, las pésimas condiciones de vida que se daban en el penal de máxima seguridad. En la misiva, fechada en mayo de 2023, el fundador de WikiLeaks invitaba al monarca a visitar la prisión para saborear "las cabezas de atún batidas y los omnipresentes procesados supuestamente hechos de pollo", que los presos han de comer en la soledad de sus celdas, ya que no existe un comedor comunitario, según describe el australiano. También le instaba a deleitarse "con los pintorescos cuervos que anidan en la alambrada y con los cientos de ratas hambrientas que viven en Belmarsh".

Tras la última visita a Assange en Belmarsh, Deloire y Vincent han descrito la situación del fundador de WikiLeaks como "sombría e injusta", pero hacen hincapié en que "peores serían las condiciones de extradición y detención a largo plazo en EEUU, a las que es posible que no sobreviva".

Alice Jill Edwards, relatora de la ONU para la tortura, advirtió a Londres del "precario" estado de salud mental de Assange, quien poseía un trastorno depresivo "de larga duración y recurrente". Edwards cree que la extradición y la posible detención de Assange en un régimen de aislamiento prolongado, así como su exposición a "tratos equivalentes a la tortura", agravarán aún más su delicado estado de salud.

Este diagnóstico coincide con el esbozado por el también relator de la ONU, Nils Melzer, quien, tras una visita a Assange en 2019, declaró que, a menos que se mejorara la situación del periodista en prisión, su "continua exposición a la arbitrariedad y al abuso podría acabar costándole la vida".

El estado de salud de Assange fue, de hecho, el único argumento presentado por la defensa que la jueza del Tribunal de la Corona ende Woolwich, Vanessa Baraitser, aceptó para rechazar la extradición a EEUU. Sin embargo, esta decisión fue revertida cuando la Justicia estadounidense alegó que pondría todos los medios a su alcance para salvaguardar la integridad y bienestar de Assange.

Los otros siete argumentos –grounds of appeal— fueron desestimados por los diferentes niveles del estamento judicial inglés. Entre ellos destacaba la dimensión política del caso, el espionaje sufrido por Assange y su defensa por parte de la CIA, o incluso el riesgo de que la Justicia estadounidense amplíe su acusación tras la extradición de Assange. Los días 20 y 21 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido (High Court) evaluará de nuevo la admisión a trámite o no de estos puntos de apelación, en lo que será el último escenario nacional en el que Julian Assange podrá hacer frente a su extradición.

Una causa contra la libertad de información

La defensa de Assange es, según RSF y otras organizaciones de periodistas, una causa por la libertad de información y de publicación. Según varios organismos, esta es la primera vez que la Justicia estadounidense juzgará a un editor por publicar información confidencial. "Esto sentaría un precedente peligroso para los periodistas y las organizaciones de medios que publican historias basadas en información filtrada y tendría un efecto paralizador en los informes de interés público", explican Deloire y Vicent en su artículo.

En su momento, dicha información permitió exponer los crímenes cometidos por soldados estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán, así como el espionaje a líderes políticos de medio mundo, como el expresidente francés Nicolás Sarkozy o el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.

En el caso concreto de España, las informaciones publicadas en WikiLeaks permitieron conocer que la Embajada de EEUU en España presionó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar que continuara investigando el asesinato del camarógrafo de Telecinco, José Couso, cometido en 2003 por soldados estadounidenses, mientras cubría la guerra de Irak.

En vista del impacto que han tenido otras investigaciones periodísticas derivadas de filtraciones masivas, resulta incuestionable la importancia del acceso a estas informaciones para la salud de la democracia. Así ocurrió a principios de los 70 con Los Papeles del Pentágono –que contribuyeron a detener el envío de tropas a Vietnam--, o más recientemente con Los Papeles de Panamá, investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que puso en el punto de mira a mandatarios y empresarios de medio mundo, como el presidente de Siria, Bashar Al Asad o el antiguo dirigente argentino Mauricio Macri.

Por las filtraciones publicadas en WikiLeaks, la Justicia estadounidense ha acusado a Julian Assange de la comisión de 18 delitos: uno de ellos relacionado con un crimen informático y el resto, con la violación de la ley de Espionaje. De materializarse su extradición a EEUU, el periodista australiano podría enfrentarse a 175 años de cárcel. Actualmente, el destino de Assange continúa en manos de la Justicia británica, que esta semana deberá decidir admite a trámite los argumentos de la defensa contra la extradición, o si, de lo contrario, entrega a Assange a Washington.