“Hay que comprar por si los supermercados se quedan sin comida”. La señora María hacía cola la mañana de este lunes en uno de los supermercados, preocupada por si se llega a una situación de desabastecimiento. Es el tercer día que Chile vive en Estado de emergencia, y la jornada se prevé compleja por las dificultades en la movilidad y las limitaciones para abastecerse. Aún así, los chilenos y chilenas salen nuevamente a la calle para expresar su malestar e indignación social.

La Plaza Italia, en pleno centro de la ciudad, es nuevamente el punto neurálgico de las protestas. Entre 10.000 y 15.000 personas, según datos del gobierno regional, se manifiestan pacíficamente durante más de seis horas con cacerolas, silbidos y todo tipo de artilugios ruidosos. La concentración se desarrolla de forma tranquila, sin la presencia policial cercana ni permanente. Solo de vez en cuando se dispararon algunos gases lacrimógenos en las intermediaciones de la plaza. "No son 30 pesos, son 30 años", se lee en una pancarta en referencia al aumento del transporte que ordenó el Gobierno –y que después echó para atrás– y los pocos avances en derechos básicos que la sociedad chilena ha logrado desde el fin de la dictadura. La señora Rosa, de 82 años, está en la plaza con su marido, emocionada de la respuesta de la gente: “Hablan de violencia para desacreditar el movimiento, aquí no hay violentos”, asegura.

Sin embargo, a partir de las 20.00 horas, cuando la ciudad quedó bajo el toque de queda, el control policial y militar se incrementó, y con él la represión. En el barrio de Las Condes, uno de los más acomodados de la ciudad y hasta donde se habían trasladado parte de los concentrados de la plaza, los soldados desplegaron las tanquetas por las calles, empujaron a la gente y dispararon al cielo: “¡Váyanse a la casa, váyanse a la casa!”, repetían a gritos. Disparos de Carabineros se escucharon hasta prácticamente medianoche en el centro de la ciudad.

Casi 2.000 detenidos

Desde que estalló la crisis, al menos 15 personas han muerto, dos de ellas por impactos de proyectiles de los militares, y centenares han resultado heridas. Según datos de la propia Defensoría Penal Pública, un total de 1.957 detenidos fueron sometidos a control de detención en las últimas horas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto 12 querellas por denuncias de torturas y sostiene que hay personas detenidas que acusan “haber sido víctimas de uso desmedido de la fuerza al momento de la detención, vejaciones injustas a niños/as, malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas, desnudamientos a mujeres y vejaciones sexuales, entre otras vulneraciones”. En las últimas horas, la Fiscalía ha llevado ante la Justicia al primer militar imputado por disparos en contra de un civil.

Un manifestante salta este lunes frente a una barricada en el centro de la capital sector Plaza Italia durante una nueva jornada de masivas protestas en Santiago (Chile). EFE/Esteban Garay

“No estamos en guerra”

La situación en Chile hoy es imprevisible. Los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso, pero no contribuyen a desescalar el pulso entre los manifestantes y el Gobierno de Sebastián Piñera. Los ciudadanos parecen dispuestos a mantener la movilización y el Ejecutivo no tiene intención alguna de sacar los militares de la calle. Al menos, por ahora, no ha dado señales de ello. La gestión que el mandatario chileno está haciendo de esta crisis política y social ha sido duramente cuestionada, sobre todo después de las palabras de este domingo: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, espetó en referencia a los destrozos y saqueos que han sido otra cara de las protestas. Una frase que a muchos les recordó otros tiempos, a al año 1986, cuando Pinochet amenazó: “Estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia”, luego de sufrir un intento de atentado en su contra.

La polémica por el discurso de Piñera fue tal que incluso el propio general Javier Iturriaga –a quien el mandatario encargó la defensa nacional bajo el estado de emergencia– se desmarcó de esas palabras y apeló a la calma: "Soy un hombre feliz y la verdad no estoy en guerra con nadie", aseguró. La ciudadanía le respondió desde la calle y a través de las redes sociales: “No estamos en guerra”, un lema que resonó en las multitudinarias protestas de este lunes.

Antes, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió al Ejecutivo que solucione la crisis por la que pasa el país. “Exhorto al Gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, dijo. "Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”, sentenció.

La búsqueda de soluciones se demora

A medida que pasan los días, distintas autoridades han empezado a asumir su responsabilidad en no haber previsto el estallido de esta semana. Sin embargo, la capacidad de las instituciones para dar una respuesta a la ciudadanía es una inquietud común, que por ahora aún no tiene respuesta certera. Mientras, las protestas y la situación de caos e incertidumbre se mantienen.

El desafío que enfrenta la clase política chilena es mayúsculo. Más allá dar marcha atrás con el aumento de las tarifas del transporte, una decisión que el presidente tomó el sábado, Piñera no ha anunciado una agenda de medidas que rebajen la tensión del conflicto. Tampoco se sabe si tiene alguna en mente. Para este martes, el presidente chileno ha convocado una reunión “de trabajo” con partidos de gobierno y oposición para encontrar un "acuerdo social" que permita superar la crisis. Pero hay fuerzas de la oposición, como el Partido Comunista o la coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que a priori exigen como condición imprescindible para el diálogo la retirada de los soldados de las calles.

El sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz, conocido por ser el ideólogo del FA, señala que “en Chile nunca hubo un pacto social y construirlo implicaría establecer un consenso con la sociedad, que hasta ahora no se ha tenido en cuenta”. La jornada de este martes será clave para ver qué tan dispuestos a arremangarse están los políticos chilenos para dar una respuesta a las demandas que han quedado pendientes por más de 30 años.