Petro, el enésimo mandatario de izquierdas latinoamericano en la mira del 'lawfare'

Hubo un tiempo en que los golpes de Estado en América Latina se resolvían mediante una asonada militar. Y aunque el espíritu de los espadones todavía se resiste a desaparecer (Bolivia y Honduras son claros ejemplos), en el siglo XXI se han impuesto fórmulas más sofisticadas para derrocar a mandatarios progresistas en la región. Las destituciones injustificadas por vía parlamentaria o el recurso al lawfare (la guerra judicial) han lastrado varios procesos de transformación social emprendidos por esos gobernantes: Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo... El siguiente en la lista podría ser el presidente colombiano Gustavo Petro, emblema de la nueva izquierda latinoamericana.

La ofensiva judicial contra el Gobierno del Pacto Histórico liderado por Petro arrancó desde el primer día de su mandato, hace dos años. El fiscal general Francisco Barbosa, quien dejó el cargo hace unos meses, le hizo la vida imposible al mandatario. Era previsible. Barbosa había sido nombrado por Iván Duque, predecesor de Petro en la Casa de Nariño (la residencia presidencial) y heredero del ultraconservador Álvaro Uribe. Ahora, con Barbosa fuera de escena y sin que prosperaran sus acusaciones de corrupción contra Petro, ha tomado el relevo el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este órgano administrativo ha abierto una investigación penal contra el presidente por un supuesto exceso en los topes de financiación durante la campaña electoral de 2022. Petro ganó esas elecciones en segunda vuelta con algo más del 50% de los votos. La izquierda se hacía con el poder por primera vez en la historia reciente de Colombia y despertaba los resquemores de los amos del país, unas élites políticas, económicas, judiciales y mediáticas acostumbradas a controlar todos los hilos del poder.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral estima que el presidente y varios de sus colaboradores de campaña son responsables de haber traspasado los límites de financiación permitidos por la ley en las campañas electorales. En concreto, 878.000 dólares en la primera vuelta y 389.000 dólares en la segunda ronda. Petro ha rechazado las acusaciones y se ha defendido alegando que esas donaciones no se destinaron a la campaña electoral sino a otros fines. En cualquier caso, el CNE no es competente para abrir una investigación penal contra el presidente de la República.

Se trata de un órgano administrativo que no tiene facultades constitucionales para ello. Esas competencias le corresponden a la Cámara de Representantes (el Congreso), a través de la Comisión de Acusaciones. La estrategia anticonstitucional del CNE trataría de convertir una presunta irregularidad administrativa en un juicio político contra Petro con parada final en el Senado. El principal impulsor de la iniciativa es el magistrado ultraderechista Álvaro Hernán Prada, perteneciente al Centro Democrático, el partido de Uribe, eterno enemigo de Petro.

"Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos (...) Ha formulado (el CNE) cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento", se lamentaba Petro hace unos días tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Ya en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, sufrió la animadversión de la Procuraduría General, que lo inhabilitó por un periodo de 15 años, decisión que sería revocada más tarde por el Consejo de Estado.

A la cacería política contra Petro se han unido algunos medios de comunicación, como la influyente revista Semana, cuya directora, Vicky Dávila, con ambiciones presidenciales, no pierde ocasión para despotricar contra el líder progresista o esparcir bulos sobre su Gobierno. La ultraderecha colombiana prepara así el camino de cara a las elecciones de 2026 con el objetivo de sacar a la izquierda del poder.

La apertura de la investigación por parte del CNE es un caso palmario de lawfare, con sus ramificaciones políticas, judiciales y mediáticas. Petro se ha atrevido a presentar una serie de reformas sociales en la conservadora Colombia, cambios profundos en educación, sanidad, pensiones, relaciones laborales... Es decir, una agenda política que impugna las reglas del juego manejadas tradicionalmente por el establishment económico en connivencia con los sucesivos gobiernos neoliberales.

Estrategia regional

Como ocurriera en Brasil a partir de 2016, se trata de una estrategia de acoso y derribo contra aquellos dirigentes políticos que se atrevan a proponer transformaciones sociales en América Latina. El juez Sergio Moro, elevado en su día a los altares de la independencia judicial, fue el instructor de la causa que acabó llevando a Lula da Silva a la cárcel sin pruebas. Poco después sería nombrado ministro de Justicia por el ultraderechista Jair Bolsonaro, hoy inhabilitado políticamente. Antes de Lula había caído en desgracia Dilma Rousseff, destituida por el Congreso por unas presuntas irregularidades administrativas en la gestión presupuestaria.

Es poco probable que Petro corra la misma suerte que Lula o Rousseff, aunque eso no le resta gravedad a la maniobra anticonstitucional del CNE. Como explica en un artículo Juanita León, directora del medio digital La Silla Vacía, el calendario favorece al presidente. Las infracciones electorales prescriben a los tres años por lo que todo lo relacionado con la campaña de 2022 quedaría archivado a partir del 19 de junio del próximo año, un plazo muy ajustado para que se lleven a cabo todos los pasos del procedimiento. De todas formas, si el caso llegara a la Cámara de Representantes, Petro podría salir airoso pues contaría, según León, con el apoyo de al menos nueve de los 16 miembros de la Comisión de Acusaciones.

Para contrarrestar el ataque judicial y mediático, Petro ha apelado a la ciudadanía, esa mayoría social que le respaldó en las urnas hace dos años. Como otros líderes de izquierda latinoamericanos, al presidente colombiano, brillante orador, le estimula la calle, el contacto directo con sus seguidores. No es de extrañar que, una vez conocido el anuncio del CNE, no tardara en convocar actos públicos "contra el golpe" a lo largo y ancho del país.

Pero, ¿hay un golpe en marcha contra el presidente colombiano? Según una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el 44,8% de los colombianos estima que "hay sectores que buscan un golpe para sacar del poder a Petro", frente al 39,5% que considera exagerada esa hipótesis. La imagen positiva del gobernante, según el sondeo, se sitúa en el 38,2%, por encima de la que registra Uribe (25,5%) o Vicky Dávila (23,8%).

Aunque Petro salga indemne de la maniobra político-judicial del Consejo Nacional Electoral, el Gobierno progresista sufrirá un desgaste en los próximos meses mientras siga adelante la investigación y los grandes medios de comunicación dediquen tiempo y espacio a socavar la imagen del presidente. No se trata tanto del futuro de Petro, a quien ya sólo le restan dos años de mandato, como de la permanencia en el poder de un proyecto de izquierdas, un escenario que las élites colombianas tratarán de evitar a toda costa.