Decenas de personalidades de la política y la cultura de Iberoamérica han reclamado, mediante la firma de un manifiesto, la inmediata liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, secuestrado hace un mes de la embajada mexicana en Quito.

El documento recuerda que Glas se encontraba "en calidad de asilado político en esa sede diplomática" cuando fue sacado a la fuerza por la Policía ecuatoriana el 5 de abril, saltándose así el derecho internacional, según denuncian.

"Exigimos el inmediato retorno a la situación previa al asalto en contra de la embajada de México, reponiéndose el estatus de asilado político a Jorge Glas" y que pueda ser trasladado "sano y salvo" a territorio mexicano, reclaman en el texto.

Entre los firmantes del comunicado se encuentran nombres destacados como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Alberto Fernández (Argentina), Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa Delgado (Ecuador). Además, figuran Jorge Arreaza, el secretario ejecutivo de ALBA-TCP; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el cantautor cubano Silvio Rodríguez.

"No existe antecedente en nuestra región de un ataque de esta naturaleza a una embajada para secuestrar a un asilado. Ni las dictaduras militares se atrevieron a perpetrar una agresión de este tipo que, en este caso, fue instruida desde la más alta autoridad del Estado", denuncian, haciendo referencia al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Los firmantes manifiestan su "mayor preocupación por la salud e integridad física" de Glas y sus allegados. "Su seguridad es de entera responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa, autor de su secuestro", apuntan.

De la misma forma, denuncian "que el Sistema Interamericano, pese a la gravedad de estos hechos y a que Jorge Glas recibió medidas cautelares de la CIDH en diciembre de 2019, guarde silencio y no exija el respeto al sagrado derecho al asilo".

El asalto a la embajada de Quito el pasado abril provocó una crisis diplomática entre México y Ecuador. El país mexicano demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.