Hecha la ley, hecha la trampa. O, para decirlo con mayor precisión, consejos vendo que para mí no tengo, que diría el viejo refranero español o "estos son mis principios y, si no te gustan, tengo otros", frase atribuida a Groucho Marx. Cualquiera de estos consejos basados en la tradición se podría desempolvar del baúl de los recuerdos para exponer un acontecimiento de baja catadura moral y un compromiso hecho añicos, pese al peligro de devaluación democrática en el país de las oportunidades por excelencia. Porque al menos 13 compañías, de dimensión global y entre las mayores por capitalización bursátil del planeta, han reanudado su dación en pago a insignes congresistas americanos del Partido Republicano. Apenas un año después del asalto al Capitolio; símbolo del poder legislativo estadounidense.

La denuncia ha sido desvelada por diarios como Político, que ha extraído información del dossier del Comité de Asuntos Interiores de la Cámara de Representantes, escasas fechas después del cumplimiento del primer y triste aniversario del que para algún general cinco estrellas del país ha sido el mayor intento de altercado contra la democracia en la historia de EEUU. A pesar de que alguna de ellas, como el emporio Amazon que ha gobernado hasta hace meses Jeff Bezos y que ahora dirige Andy Jassy suspendiera entonces sus inyecciones dinerarias a 147 congresistas republicanos que pusieron objeciones al recuento electoral, como auspició el todavía presidente Donald Trump para revertir el sentido del voto en los comicios de noviembre de 2020.

La multinacional de entregas inmediatas calificó en su momento el acto de "inaceptable". Pero que sólo ha durado seis meses. El tiempo que ha tardado Amazon en activar a sus lobistas y dar permiso de despegue a su helicóptero de billetes; término acuñado por el neoliberalismo cada vez que la Reserva Federal u otro banco central activa la máquina de fabricar los dólares -otro apelativo al uso- para inundar de dinero barato una economía en recesión.

Asegura Político dejando claro que la información parte de altos cargos federales del Congreso que la prohibición por imperativo de la dirección ejecutiva de Amazon de asistir a republicanos involucrados con su apoyo, velado o expreso, en el intento de fraude electoral y en la oleada de invasores de simpatizantes trumpistas en el Capitolio, el 6 de enero de 2021, ha saltado por los aires. En un año como el actual en el que se pone en juego varios estados y la elección midterm, de mitad de mandato. Como se atestigua desde la Comisión Federal Electoral. Desde la que se vigila la actividad de lobbies. Y cuyo radar ha detectado la presencia subrepticia de Microsoft, Google, Meta, Allstate, Toyota, Nike o Dow Chemical, además de Amazon, entre las que asisten financieramente a congresistas republicanos. Las big-techs de Silicon Valley son, desde luego, las que más rápidamente se han saltado los límites ético-deontológicos sobre democracia.

Convenían en decir economistas y políticos -analistas del mercado y observadores del escenario internacional- durante la crisis financiera de 2008 que la quiebra de Lehman Brothers y el crash bursátil y crediticio posterior obedecía a un moral hazard. Un daño moral que, a su juicio, estuvo detrás de la "exuberancia irracional de los mercados" que Alan Greenspan, entonces presidente de la Fed, acuñó para señalar el desaforado vandalismo del capital, sin reglas de juego aparentes por los recortes graduales de regulación que se iniciaron en los últimos decenios del Siglo XX. Y que está detrás también de la suspensión de pagos de la eléctrica estadounidense Enron y de la debacle de las puntocom de los primeros años del actual milenio.

En su trabajo de investigación, el diario estadounidense ha identificado más de 28.000 dólares en donaciones de los llamados grupos de presión a los que han contratado las empresas. "Es claramente un giro copernicano", dice Craig Holman, experto en ética y Asuntos Públicos en Public Citizen: "si una compañía seria decide no hacer contribuciones a insurrectos, no puede permitir que la dirección ejecutiva que la representa realice esas concesiones, y eso incluye al CEO y a los lobistas de la firma".

La mayoría de las 13 empresas declinaron hacer comentarios. Algunas, como General Electric, a través de su portavoz, Sean Smith, vincularon la decisión a que fueron donaciones, realizadas a título personal, "por empleados y personas individuales" y que la firma "respeta" las ideas de su plantilla. Respuesta similar a la de Dow, que asegura "no entrar en asuntos ideológicos". Pero lo cierto es que la reanudación de las líneas monetarias desde los despachos de lobbies en la capital estadounidense ha sacado de la precariedad las cuentas republicanas.

Contribuyeron al cambio de postura de sus filas en asuntos como el Build Back Better, el ambicioso y generoso programa de infraestructuras de la Casa Blanca en el que hay notables intereses corporativos por medio. La archiconocida capacidad de influencia de los lobbies "ha surtido efecto", explicaba Meredith McGehee, experta en campañas financieras. "No sólo para acceder al juego de poder, sino para comprar favores" en Washington. McGehee cree, además, que "el precio a pagar a republicanos no ha debido ser demasiado", en esta ocasión. Porque, a buen seguro, sus arcas en el Congreso estaban en mínimos, matiza en Politico.

Donde hay un dador, hay un receptor

Las pesquisas de Politico señalan al representante republicano por Luisiana Whip Steve Scalise como receptor de 5.500 dólares, según el Comité de Acción Política (PAC) del Congreso, y al líder de la minoría del GOP en la Cámara Baja, que recopiló 3.500 dólares. El lobby de las big-techs en la capital política americana -con Google, Facebook y posteriormente Meta, Microsoft y Amazon a la cabeza- liberaron más de 16.000 dólares a 11 de los 147 republicanos que respaldaron o se mostraron equidistantes o contribuyeron a blanquear la invasión del Capitolio.

Uno de sus rivales demócratas, Jan Schakowsky, con acta por Illinois y responsable del subcomité de Energía, Comercio y Protección del Consumidor en la Cámara de Representantes, afirma que la involucración de las grandes tecnológicas en nuevas donaciones le resulta "decepcionante, si bien, en ningún caso, sorprendente". Desafortunadamente -explica- "la postura de los lobbies representa el cinismo que, tristemente, está en el espíritu de muchos americanos". Allstatel, la aseguradora estadounidense, donó a 15 republicanos conniventes y promotores de las teorías de la conspiración de Trump 7.900 dólares.

También desde el ámbito de la industria militar se han detectado donaciones al GOP en el último año. Es como si, de repente, hubieran levantado el pie del freno, denuncian desde la institución progresista americana que vigila posibles focos de corrupción Accountable.US. También con las elecciones de medio mandato como telón de fondo, aunque sin descuidar el foco esencial de los pagos: los suculentos contratos de Defensa. Y sus grandes emporios siempre quieren estar en el ojo del huracán.

"Boing condena rotundamente la violencia, la ilegalidad y la destrucción que ha tenido lugar en el Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021. Dado el actual ambiente, no vamos a hacer contribuciones dinerarias", anunció el gigante aeronáutico apenas una semana después del intento de insurrección de los seguidores de Trump.

Seis meses después, había claudicado a las tentaciones. Y, durante el primer año desde el asalto al Congreso, Boing y sus grandes rivales en el sector han dado cheques al portador a alguno de los 147 republicanos con baja percepción democrática. Boing ha sido la firma más generosa. Nada menos que 190.000 dólares. Le siguen Raytheon Technologies, con 186.000 dólares; Lockheed Martin, con 184.500 dólares; General Dynamics (173.500); Northrop Grumman (83.000) y L3Harris Technologies, con un recibo oculto de 82.500 dólares.

El presidente de Accountable.US, Kyle Herrig, arremete contra el cambio de criterio sobre las contribuciones: "Estas grandes corporaciones fueron muy rápidas a la hora de condenar el acto de insurrección y de mostrar su total apoyo a la democracia, pero casi con la misma celeridad, arrojaron por la borda esos mismos valores y suprimieron los controles que ellos mismos dijeron aplicar hacia los políticos que instigaron el intento de golpe de estado que, afortunadamente, fue fallido", escribe en un comunicado.

En paralelo, Business Insider y otras organizaciones han identificado a 54 miembros del Congreso por no haber revelado adecuadamente ni sus finanzas ni sus operaciones mercantiles saltándose así las normas sobre tráfico de influencias y de prevención de conflictos de intereses, tal y como estipula la Stock Act de 2012. Norma aprobada por el Congreso hace un decenio para aplicar un mayor grado de transparencia y sobre la que los congresistas acusados, tanto republicanos como demócratas, suelen enumerar una larga lista de escusas, desde su ignorancia de la ley a errores de cálculo u omisiones inocentes.

En la actualidad, las sanciones son casi irrisorias: 200 dólares es la más habitual. Con el agravante de tener que acudir a las comisiones de ética de la Cámara de Representantes o del Senado. De ahí que algunas iniciativas legislativas incidan en la urgente necesidad de imponer multas más estrictas e, incluso, la prohibición de que los congresistas del país puedan invertir en bolsa durante su periplo en el Capitolio.