Hasta 27 partidos de la oposición venezolana, incluidos todos los que actualmente tienen representación parlamentaria, acordaron este domingo que no se presentarán a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por considerarlas un "fraude".

"Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo (...) las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos (...) que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro", sostiene un comunicado.

El documento ha sido firmado por 27 partidos, entre los que se encuentran los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

Denuncian que Maduro impide una elección libre

"El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva", aseguran.

Como parte de esa ofensiva que consideran que el presidente venezolano hace contra el proceso electoral, afirmaron que en las legislativas de 2015, los partidos que se coaligaron como "unidad democrática" se consolidaron con una tarjeta conjunta que, consideran, ha sido "secuestrada por el régimen, impidiendo su utilización a causa de medidas cautelares". Además, "los directivos que representan a la Unidad como organización, aún se encuentran sometidos a procesos judiciales penales".

También citan el nombramiento de una nueva presidenta para el Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, que ya "desconoció la soberanía popular y ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria". 

Alfonzo fue sancionada en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá "en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas" que se celebraron entonces y en las que Maduro fue reelegido como presidente. El nombramiento debía hacerlo la AN pero lo asumió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que el Parlamento no iba a realizarlo tal y como le corresponde.