El proceso de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio este viernes los primeros pasos con miras a su eventual destitución por parte de una Asamblea Nacional (Parlamento), controlada firmemente por la oposición.

La acusación fue recibida por la comisión administrativa legislativa (CAL) de la cámara, que debe revisar el documento y, de no presentar objeciones, remitirlo a la Corte Constitucional para que evalúe si está debidamente fundamentada.

Sin embargo, en una sesión convocada para la noche de este viernes, esa comisión parlamentaria prefirió solicitar un informe jurídico antes de remitir el documento a la Corte Constitucional, que puede archivar el proceso si considera que la acusación no se ajusta a la norma.

El proceso de juicio político fue activado el jueves por un grupo de 59 asambleístas, principalmente del correísmo y del derechista Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso; pero también de algunos legisladores de Izquierda Democrática (ID) y del movimiento indigenista Pachakutik.

Al mandatario lo acusan por los delitos de concusión y peculado (malversación) al supuestamente tener responsabilidad política en una presunta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera, en un caso que ha sido denominado Encuentro o Gran Pradrino.

La postura de la oposición es que, supuestamente, Lasso sabía de este entramado y que incluso llegó a proteger a sus integrantes como al empresario Rubén Cherres, un personaje cercano al oficialismo, del que según los acusadores, el mandatario supuestamente ordenó que se archivase una investigación antidrogas en la que figuraba.

El Gobierno tilda de atentado contra la democracia el juicio político contra Lasso

El jefe de Estado siempre ha negado y rechazado con rotundidad las acusaciones de la oposición e incluso esta semana emitió un comunicado en el que aceptaba que se investigase a su cuñado.

Al activar el proceso de juicio político, el Gobierno tildó esta maniobra de un atentado contra la democracia y la institucionalidad de Ecuador, al considerar que es un nuevo intento de desestabilizar al país.

No es la primera vez que Lasso afronta una tesitura similar, pues en junio del año pasado ya salvó por pocos votos una moción de destitución, en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena, que dejaron siete muertos, entre ellos seis manifestantes, según organizaciones de derechos humanos, y un militar.

En aquella ocasión la oposición no logró alcanzar los 92 votos necesarios para sacar del poder al mandatario, pero ahora los promotores del juicio político se ven seguros tener a favor los votos suficientes, equivalentes a los dos tercios de la cámara.

Así lo aseveró la asambleísta correísta Viviana Veloz, presidenta de la comisión parlamentaria que investigó la presunta trama de corrupción y cuyo informe aprobado por el pleno de la Asamblea recomendaba iniciar un juicio político a Lasso.

Ese informe fue aprobado con 104 votos, muy por encima de los 70 que eran necesarios para que saliese adelante, y que evidenciaron la minoría que, por sí solos, representan los veinte asambleístas de la bancada oficialista con los que cuenta el presidente, de un total de 137 escaños que conforman el hemiciclo.

El movimiento indígena pide la "salida inmediata" de Lasso

También apoya encarecidamente este juicio político la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal promotora de las protestas de junio de 2022, que tiene en Pachakutik a su brazo político.

En una asamblea de organizaciones sociales y colectivos civiles, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, volvió a exigir la "salida inmediata" de Lasso y presionó a la Corte Constitucional para que no frene este proceso contra el jefe de Estado.

El líder indígena incluso anunció plantones ante la sede de la Corte y frente a la Asamblea Nacional para exigir que el proceso culmine con la destitución de Lasso, al que acusa de una ola de inseguridad y del éxodo migratorio de las comunidades rurales, así como de incumplir los acuerdos alcanzados tras las protestas del año pasado.