La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este sábado el informe de una comisión que recomienda abrir un juicio político al presidente, Guillermo Lasso, por supuestos actos de corrupción de allegados suyos.

Un total de 104 de los 125 asambleístas presentes en la sesión aprobaron el informe, 18 votaron en contra y tres se abstuvieron en la sesión que tenía como tema exclusivo el debate del informe de la llamada Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la corrupción, en un caso conocido como El Gran Padrino. La votación abre paso a que un legislador presente la solicitud del juicio político de manera formal, para lo que requiere el respaldo de al menos 46 legisladores.

El pasado miércoles, la comisión, impulsada por la oposición, recomendó que el pleno de la Asamblea Nacional interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados. La investigación gira en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde estarían implicados los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que ya fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, que fue archivada.

La Constitución ecuatoriana establece que, "para iniciar el juicio político, se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional" y "no será necesario el enjuiciamiento penal previo".

El Gobierno rechaza el juicio político

El ministro ecuatoriano de Gobierno, Henry Cucalón, lamentó este sábado que la Asamblea Nacional "una vez más le haya fallado al país" al acoger el informe de la Comisión Ocasional, pues "este documento carece de validez jurídica, no es vinculante, y es un acomodo de retazos y rectificaciones", dijo.

El ministro Cucalón ha criticado el informe de la Comisión que investiga el caso y ha dicho que hasta analistas de oposición lo han rechazado. "Muchas voces a lo largo y ancho del país han repudiado este informe, inclusive las personas que son críticas del Gobierno", señaló Cucalón, quien el pasado miércoles dijo que el documento "no tiene ni pies ni cabeza".

El funcionario cuestionó "que -a antojo y conveniencia- el informe ha dejado afuera a personajes que debían ser investigados: un verdadero atentado a la razón y al sentido común", señaló, según el comunicado del Ministerio de Gobierno. Cucalón enfatizó que el Gobierno "nunca ha puesto en duda las facultades de control político que constitucionalmente tiene el Parlamento Nacional".

Sin embargo, rechazó que en esta ocasión "se pretenda fabricar una fábula para intentar configurar un juicio político contra del Presidente de la República, pues este no es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización". 

Cucalón consideró que el informe "no llegará a ningún lado", por lo que indicó que ciertos sectores, al darse cuenta de esto "han salido con ocurrencias como declarar la incapacidad mental de Lasso o la amenaza de la violencia en las calles", reza el escrito. "Queda demostrado que a ciertos asambleístas jamás les importó combatir la corrupción, sino que la misma fue un mero membrete para la persecución y la inestabilidad, y este informe es la prueba viva de aquello", sostuvo Cucalón.

El pronunciamiento de la Comisión legislativa se ha dado en un momento en que el Gobierno ecuatoriano se encuentra debilitado tras haber encajado un duro golpe político el pasado 5 de febrero, cuando fue derrotado por la oposición en un referéndum que el oficialismo impulsó por temas como seguridad, democracia y medio ambiente.