Las delegaciones de Estados Unidos y Rusia, que se han reunido en Ginebra para preparar la conferencia internacional sobre Siria con representantes de Naciones Unidas, concluyeron su encuentro sin llegar a un acuerdo sobre los países que deben ser invitados a participar en el encuentro.

En vista de esa divergencia, la reunión se aplaza a julio. Las tres partes acordaron que será necesaria una segunda reunión preparatoria, que tendrá lugar también en Ginebra, el próximo día 25, confirmó el mediador de la ONU y de la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi.  

Brahimi reconoció que todavía 'queda mucho trabajo por hacer' para convocar la conferencia en una fecha precisa y por esta razón 'hemos concluido que no será posible celebrarla en junio'. Dijo que las consultas con EEUU y Rusia continuarán para que la conferencia -bajo los auspicios de la ONU- tenga lugar 'tan pronto como sea posible, esperemos en julio'.

En lo que sí hubo algún avance fue en definir, de manera general, el formato de la conferencia, indicó el veterano diplomático de origen argelino. En este sentido, se acordó que durante los primeros dos días de la conferencia habrá reuniones entre los representantes de los países invitados, del Gobierno sirio y de la oposición. Los enviados de esos dos últimos se reunirán bilateralmente en los siguientes días en un proceso en el que Brahimi actuará como 'facilitador'. 'Una solución política a la crisis en Siria es la única solución posible y extremadamente urgente' ante la 'catástrofe' que vive este país, recalcó.

'Una solución política a la crisis en Siria es la única solución posible y extremadamente urgente'

El objetivo principal de la conferencia -enfatizó el mediador- es que sean las dos partes del conflicto de Siria las que alcancen una 'solución política integral' mediante la aplicación de la declaración surgida hace un año de la primera Conferencia de Ginebra. En ella se acordó la necesidad de crear una 'entidad de gobierno transitoria' que tenga todos los poderes ejecutivos y que sea capaz de conducir el proceso de transición política hasta la celebración de elecciones libres.

Mientras la conferencia termina de coger forma, la Unión Europea prepara una nueva reunión entre los ministros de Interior de los Veintisiete para atajar la marcha de ciudadanos comunitarios para luchar en el conflicto de Siria, donde se exponen a ideas antioccidentales. Las instituciones han constatado un número creciente de europeos -entorno a 600- que han cruzado las fronteras de la UE para participar junto a las fuerzas opositoras en los combates que los enfrentan al régimen de Bashar al Asad.

Los ministros abordarán este asunto en el próximo Consejo en Luxemburgo, los días 6 y 7 de junio, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación que ayuden a hacer frente a esta amenaza. 'Tenemos que trabajar en la manera en cómo impedimos que la gente abandone Europa para ir a Siria y saber qué hacemos cuando éstos vuelven', indicó el coordinador europeo antiterrorista, Gilles de Kerchove, en un vídeo difundido por el Consejo de la UE. 'Podemos suponer que no todos están radicalizados cuando marchan, pero que son entrenados para luchar y expuestos a ideas radicales', agregó Kerchove, quien alertó de la amenaza de que puedan planear ataques terroristas una vez hayan vuelto a sus países de origen.

La UE pretende frenar que ciudadanos comunitarios viajen a Siria para combatir contra Al Asad

Según fuentes comunitarias, los responsables del Interior debatirán un documento que, entre otras medidas, propone controles de la información los pasajeros, la imposición de penas o sanciones administrativas y el refuerzo de la cooperación internacional. El objetivo de estas propuestas es impedir que más ciudadanos marchen en este tipo de misiones y perseguir a aquellos que finalmente lo hagan.

En este sentido, Bruselas apuesta por una prevención de la radicalización a nivel local, con la ayuda de trabajadores sociales, agentes de policía y escuelas, con el objetivo de poder detectar cualquier signo de radicalizción en una fase temprana. Además, propusieron sanciones de tipo administrativo, tales como el bloqueo de bienes o la retirada de beneficios sociales, aunque pidieron un informe a la agencia europea de cooperación de justicia Eurojust para que proponga las medidas que considere adecuadas.

Asimismo, plantearon un sistema europeo de registro de datos de pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) para procesar la información que ayude a detectar los casos que pudiesen levantar sospechas, que serían derivados a las autoridades competentes. También defienden la colaboración con otros países, sobre todo de los Balcanes y del Norte de África, como Túnez, de donde calcula que han salido ya unos 1.000 combatientes, que podrían ser una fuente de inestabilidad para la nueva democracia cuando vuelvan. Entre las medidas también destaca un mayor control de las redes sociales, que las instituciones europeas ven como un posible centro de reclutamiento, al tiempo que alertaron de que 'su retórica no es sólo contra Al Asad sino también contra Occidente'.