La criminalización del movimiento feminista en España ha adoptado formas cada vez más evidentes y agresivas, lo que refleja una preocupante tendencia a silenciar aquellas voces que se alzan en defensa de la liberación de las mujeres y los derechos humanos. Uno de los ejemplos más significativos y perturbadores de esta realidad es el caso de las siete activistas del colectivo 8 Mil Motius, quienes han sido condenadas a un año y seis meses de prisión por su participación en la huelga general feminista del 8M de 2018 en Sant Cugat, Catalunya. Además de la condena, que ya han recurrido, se les ha impuesto una responsabilidad civil de más de 26.000 euros, así como la inhabilitación del derecho al sufragio pasivo durante el mismo período.

Este caso, lejos de ser un episodio aislado, parece constituir una pieza más en un amplio mosaico de represión dirigido a frenar el avance del feminismo y a castigar la disidencia social. Lo ocurrido en Sant Cugat ha sido percibido como un ataque contra todo el movimiento y sus herramientas legítimas de lucha, como el derecho a la huelga y la protesta pacífica. Para muchas, se trata de un intento evidente de desmovilización, que envía un mensaje claro a quienes se atrevan a cuestionar el sistema patriarcal y capitalista.

La represión sufrida por 8 Mil Motius pone de manifiesto cómo el Estado y las organizaciones ultraconservadoras han instrumentalizado el aparato judicial y las fuerzas de seguridad para intentar amedrentar a quienes luchan por transformar una estructura profundamente desigual. Las activistas no fueron condenadas por actos violentos o por dañar bienes, sino por participar en una acción de protesta legítima que se enmarcaba en el contexto de una huelga feminista histórica de alcance global. En concreto, por ocupar durante cerca de dos horas las vías del tren en la intersección entre Barcelona, ​​Terrassa y Sabadell.

La reforma de diferentes normativas eminentemente represivas como la ley mordaza o las reformas al Código Penal de 2015 han ampliado los márgenes de actuación para sancionar la movilización ciudadana. Concebidas, al menos en parte, para contener el creciente malestar social, han encontrado en el movimiento feminista, cada vez más consolidado, un blanco frecuente. Muchas de las participantes, como señala el informe Represión y Género. Resistencias y aportaciones a la lucha antirrepresiva –de la plataforma Defender a quien te defiende–, han sido constantemente sometidas a un escrutinio desproporcionado, con detenciones arbitrarias, identificaciones masivas o multas. 

"Resulta que ahora no se necesita ningún tipo de prueba, sino que con la declaración de las fuerzas de seguridad es suficiente para armar una denuncia y terminar en un juicio. Partiendo de esto, resulta que no siempre tienes que haber hecho algo para acabar en un banquillo. Hay bastantes compañeras a las que les cogen los datos antes de llegar a ninguna marcha o protesta, y que son denunciadas. Una vez que las tienen fichadas, al ser la cara visible, son acusadas incluso de cosas que no han hecho", lamenta Elisenda Rotger, secretaría Mujer Confederal de CGT, en unas declaraciones para Público.

Un tipo de represión que no solo es política, sino también simbólica y cultural. El hecho de que las feministas sean objeto de persecución no solo busca limitar actos específicos, sino también deslegitimar sus ideas de transformación social, tal y como refiere el Informe 2010-221. Represión al movimiento feminista en el Estado español, publicado por Calala. Organizaciones feministas y sindicales de todo el país han expresado su rechazo a estas condenas y han señalado la necesidad de seguir luchando. Un ambiente de solidaridad que, en definitiva, ha sido lo que ha permitido que el movimiento siga creciendo a pesar de los intentos de criminalización. 

Desde CGT insisten en que ha habido muchísimas denuncias, un número incontable, porque para empezar "no todas las compañeras que han sido denunciadas han tenido el valor, la paciencia o la entereza o los medios" de recurrirlas, "sino que han asumido las multas o lo que les llegara". Sin tener los datos sobre la mesa, advierte Elisenda Rotger, "da la sensación que los primeros juicios aplicaron la ley mordaza a lo bestia y, en cambio, hubo un pequeño valle durante el cual se iban desestimando denuncias". Ahora, sin embargo, "volvemos a enfrentar una gran beligerancia, como ha ocurrido con las seis de la Suiza o con las compañeras de 8 Mil Motius". En su opinión, "depende de la coyuntura política del momento".

Una persecución que viene de lejos

Otro caso flagrante de criminalización feminista fue el de las activistas del Coño Insumiso en Sevilla, quienes fueron llevadas a juicio en 2014 por una procesión paródica en la que portaban una figura de una vulva emulando la forma de una virgen. Acusadas de ofender los sentimientos religiosos, las tres mujeres fueron llevadas ante los tribunales por los Abogados Cristianos en un proceso que se interpretó como un intento de utilizar la ley para limitar su libertad de expresión.

Aunque finalmente el caso fue archivado, su apertura evidenció el uso de la normativa penal para frenar la creatividad y la denuncia feminista, especialmente cuando se toca el tema de la religión, un terreno tradicionalmente hostil para los movimientos progresistas​. No tuvo tanta suerte Elisa Mandillo, condenada en Málaga como autora criminal de la procesión del Santo Chumino Rebelde.

En el ámbito de las manifestaciones feministas, el caso de las mujeres procesadas por participar en las huelgas del 8M de 2018 y 2019 en València resulta igual de llamativo. En ambos años, un grupo de 11 mujeres fue llevado a juicio por organizar piquetes e interrumpir el transporte público. Las acusaciones, de las que fueron absueltas, incluían el delito de desobediencia civil. Una táctica de intimidación ya de sobra conocida. En el contexto de la represión administrativa, un ejemplo clave es el de las multas impuestas a mujeres también en València por colocar carteles durante las manifestaciones del 8M de 2020. El Ayuntamiento sancionó a varias activistas bajo la excusa de ensuciar la vía pública, una pena aparentemente menor pero que suma y sigue.

Por su parte, el Movimiento Feminista de Algorta, en Euskadi, también ha sido víctima de estas intentonas. En 2021, dos integrantes del colectivo fueron acusadas de "obstaculizar" el trabajo de la Ertzaintza cuando trataban de ayudar a una mujer que había sido víctima de una agresión. A pesar de que las feministas aseguraron seguir el protocolo establecido y asistieron a la joven, las autoridades las acusaron de desobediencia grave.

De criminalización también saben bastante los colectivos de trabajadoras sexuales, que se organizaron en 2018 bajo el sindicato OTRAS y la Audiencia Nacional declaró ilegal su inscripción. El Supremo, sin embargo, terminó por respaldarlas. Cabe destacar igualmente los episodios de las militantes de FEMEN, quienes han sido objeto de múltiples detenciones y procesos judiciales por sus acciones. En 2013, cinco activistas fueron detenidas en Madrid tras interrumpir una marcha antiabortista gritando lemas como "Mis normas, mi cuerpo". Las acusaciones incluyeron desórdenes públicos y resistencia a la autoridad.

Las persecuciones se extienden a Gijón, donde tres mujeres fueron detenidas en 2018 por formar parte de un piquete informativo, acusadas de un delito leve de lesiones y de atentar contra el derecho al trabajo. Estas feministas enfrentaron un juicio en el que se les impuso una pena multa de casi 14.000 euros. Parecido a lo que pasó en Burgos, donde dos activistas fueron detenidas en un piquete frente a un supermercado. La Policía cargó contra las manifestantes y, a pesar de que las detenidas fueron liberadas posteriormente, este episodio ilustró el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades.

Y no está de más recordar el caso de la asociación Subversives de Castelló. Este colectivo fue denunciado por Vox y llevado a juicio bajo la acusación de incitación al odio por unas supuestas pintadas amenazantes contra el presidente del partido ultra, Santiago Abascal. En realidad, Subversives había realizado una performance en la que criticaban la violencia patriarcal y machista. CGT ha criticado las penas que se solicitan, que ascienden a tres años. En la vista, la acusación particular ha exigido también la condena por un delito de amenazas no condicionadas, con la agravante de discriminación, que supondría una pena de dos años. Además de 1.000 euros de indemnización.