El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado este lunes que todos los empleados del sector privado tendrán que vacunarse contra la covid de forma obligatoria a partir del 27 de diciembre.

Según el alcalde, la medida es un "ataque preventivo" para detener el "mayor crecimiento" de casos de covid a medida que llega el frío, la gente se reúne para las fiestas navideñas y hay más información sobre la variante ómicron del SARS-CoV-2.

"Tenemos a la ómicron como nuevo factor, tenemos el clima más frío, que realmente creará retos adicionales junto a la variante delta, tenemos las reuniones por vacaciones", ha indicado en una intervención en la MSNBC.

"Sabemos que con vacunación obligatoria e incentivos podemos vencer a este virus", ha indicado el alcalde a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha insistido en que la ciudadanía de forma "conjunta" puede "salvar vidas y avanzar". La vacunación obligatoria ya regía en Nueva York para todos los empleados públicos.

De Blasio también ha anunciado que, desde el 14 de diciembre, las autoridades requerirán una prueba diagnóstica de la covid para que niños de entre cinco y once años cenen en el interior de restaurantes, gimnasios e instalaciones de entretenimiento. Además, el certificado de vacunación únicamente será válido con las dos dosis de la vacuna desde el 27 de diciembre, y no con una como hasta el momento, según ha recogido The Hill.

Las nuevas medidas han llegado días después de que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunciara la detección de los cinco primeros casos de la variante ómicron del SARS-CoV-2 en el territorio.

El sector público vacunado

La imposición de esta vacuna se produce después de que los trabajadores del sector público, desde sanitarios hasta policías, fueran obligados a vacunarse, una medida que contó con la resistencia de varios sindicatos, que la consideraban ilegal.

Finalmente, se llegó al compromiso de aceptar excepciones por motivos religiosos y médicos y, además, aquellas personas que se negaron a vacunarse se les ofreció la opción de acogerse a una excedencia de un año sin sueldo, pero con beneficios sanitarios.