En junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó el derecho constitucional al aborto con el respaldo de los jueces conservadores, tumbando así una sentencia que desde 1973 protegía la interrupción voluntaria del embarazo y provocando un retroceso de medio siglo en lo que a libertades sexuales se refiere. Desde entonces, las protestas se han extendido por todo el país. El pasado mes de marzo, cinco mujeres embarazadas denunciaron por primera vez al estado de Texas por su ley antiaborto. Este lunes, otras ocho mujeres se sumaron a la demanda alegando que la norma puso en peligro sus propias vidas.

Las denunciantes, que cuentan con el apoyo del Centro de Derechos Reproductivos, piden que se suspenda el veto al aborto al menos en aquellos casos en los que existan complicaciones médicas. El estado de Texas también penaliza a las personas y profesionales que ayudan a las mujeres a interrumpir sus embarazos. 

"Las nuevas demandantes son mujeres con casos similares al de nuestra denunciante principal, Amanda, que ha perdido a su bebé por romper aguas de manera prematura. Se han visto forzadas a enfermar antes de tener acceso a una atención", explica la abogada Molly Duane, que representa a las víctimas. 

Todas las mujeres que firman la demanda recibieron durante sus respectivos embarazos diagnósticos que alertaban de que sus fetos no eran viables. Pese a ello, se vieron obligadas a viajar fuera de Texas para recibir atención médica. A una de ellas se le llegó incluso a practicar una cesárea para ver cómo el recién nacido fallecía pocas horas después del parto. 

Otra de las demandantes supo durante el embarazo que su feto no tenía ninguna esperanza de vida. Asimismo, la joven estaba en riesgo de desarrollar una enfermedad "rara y grave" conocida como síndrome del espejo, que puede hacer que los fluidos del feto suban a los pulmones y al corazón, causando importantes problemas respiratorios y renales a la embarazada. El estado de Texas también le negó el derecho al aborto y la mujer se vio obligada a acudir a Seattle (Washington) para interrumpir su embarazo.

Elisabeth Weller, otra de las mujeres que está detrás de esta denuncia colectiva, sufrió un caso similar. Estaba en la décimo novena semana de gestación cuando rompió aguas. El médico le dijo que el saco amniótico se había roto de forma prematura, lo que impide que el bebé se pueda desarrollar o crecer. Ella podía contraer una infección grave y quedarse estéril, pero los doctores le impidieron abortar porque "el corazón del feto todavía latía". Weller relató la "cruel" situación ante los medios y asegura que se sintió totalmente desprotegida: "Mi vida no importaba".

Estas trece víctimas de la ley antiaborto denuncian al estado de Texas para exigir justicia y libertad. Texas fue el primer estado americano en implementar una prohibición casi total del aborto y reducir este derecho a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Tampoco se contemplan excepciones como los embarazos de riesgo o las violaciones. Además, los médicos que ayuden a las mujeres a abortar pueden enfrentarse a multas de 100.000 dólares, penas de prisión y pérdida de licencias.