BREXITEl miedo al brexit de los 70.000 pensionistas británicos que viven en España

A sus 67 años Paul Oldroyd lleva ya tres viviendo en España con su mujer Christine (70). Esta pareja de británicos siempre tuvo claro que en cuanto se jubilaran dejarían atrás el clima inglés: "Nuestra primera opción era Francia pero nos dimos cuenta de que el invierno allí no es mucho más cálido que en Reino Unido. Así que probamos a pasar una temporada en la costa española y nos enamoramos de este país". Cuando llegaron no sabían ni una palabra de castellano -a Paul todavía hoy le cuesta hablarlo- pero desde entonces su hogar está en Árchez, un pequeño pueblo en la sierra de Málaga. Aunque no saben si ahora tendrán que abandonarlo.

Tal y como está la situación ahora mismo ,si el 29 de marzo se produce un brexit sin acuerdo, Paul y Christine se verían obligados a regresar a los duros inviernos de Worcester: "Ninguno de los dos queremos volver a un país que, desde que nos fuimos, parece haberse convertido en un sitio horrible, asqueroso y racista", comenta Paul. "Mi mujer está permanentemente deprimida por la situación. Estamos en un limbo. No queremos irnos, nuestras vidas están aquí. Pero si la situación no se arregla, no nos quedaría más remedio que regresar".

Paul habla resignado porque la decisión no está en su mano. Desde hace un tiempo sus problemas de salud le obligan a hacer uso del sistema sanitario español pero el gobierno británico ha asegurado que el brexit sin acuerdo implica que podría dejar de cubrir esa asistencia a los británicos que vivan fuera de Reino Unido. Eso a pesar de que, como en 2017 explicó el funcionario del departamento de salud Paul MacNaught  en el Parlamento Británico, Reino Unido se ahorraría cerca de 513 millones de euros si mantiene la situación como hasta ahora. Porque un pensionista que vive en territorio británico le cuesta al NHS (National Healthcare Service) en torno a 4.000 euros al año. Pero si el pensionista reside en España, el NHS paga al Sistema Nacional de Salud español una media de 3.500 euros. Esto supone que la sanidad española recibe 245 millones de euros, menos que los 280 que le supondría a Reino Unido que los 70.000 pensionistas británicos residentes en nuestro país regresaran. Sin contar, como apunta Paul, el problema de infraestructura que supondría el regreso de los 190.000 pensionistas británicos residentes en países Europeos: "Sería una gran presión para el NHS, que ya está chirriando y que crujirá aún más cuando los trabajadores de la UE se vayan".

Ahora mismo la única solución pasa por que ambos gobiernos alcancen un acuerdo bilateral al respecto. Desde la embajada británica en España aseguran que están trabajando "estrechamente con España para que los pacientes puedan seguir teniendo acceso a la atención sanitaria, sea cual sea el resultado" Y el gobierno español ha anunciado que está planeando medidas de contingencia para garantizar los servicios sanitarios a los británicos que viven en España siempre que haya una reciprocidad.

"He pedido la nacionalidad española. Llevo tres años viviendo con miedo y no quiero volver a mi país"

De momento, el Ejecutivo de Theresa May les recomienda que contraten un seguro privado en España, pero para muchos como Alison Curtis (72), que vive en Torrox, esa no es una opción: "¿Quién va a asegurar a una persona como yo que ha padecido tres tipos distintos cáncer y está sometiéndose a pruebas ante la posibilidad de un cuarto?". O, como apunta Sharon Hitchcock (51), desde Mijas: "¿Cómo esperan que pueda pagárselo gente que apenas sobrevive con una pensión?". Karen Watling (72), residente en Playa Flamenca, es una de ellos: "la libra está tan devaluada que no puedo hacer frente a ese gasto".

Valerie Lawrence (67) lleva viviendo en El Morche (Málaga) 15 años, tiempo suficiente para tomar la salida más directa: "He pedido la nacionalidad española. Llevo tres años viviendo con miedo y no quiero volver a mi país, hay demasiado racismo allí. Esa es la principal razón por la que me fui y lo que nos ha llevado a esta situación". También Jenny Stewart (65), que llegó a La Herradura en 1986 para unas vacaciones y decidió quedarse para siempre, está intentando conseguir el pasaporte español. Ya ha hecho el examen de ciudadanía pero recalca otro problema: "los trámites son muy engorrosos, muy lentos y muy caros".

Curiosamente Jenny, como muchos otros, lleva tanto tiempo en nuestro país que ni siquiera pudo votar en un referéndum que ahora puede cambiarle la vida.