Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: "Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos".

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. "Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo", dijo. "Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto".

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde también resultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de "verdad histórica". Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber "sembrado" evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la "verdad histórica", y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

"Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes", afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. "Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México".

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

"Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos", afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. "La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción", afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. "Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas", concluye.